La «guerra económica» se trasladó a los puertos. Así se desprende de las palabras del ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza.
«Acá existe un boicot y una desestabilización de la economía», dijo el pasado sábado el también Jefe del Órgano Superior de la Economía a propósito del hallazgo en el puerto de Puerto Cabello de 130 contenedores con alimentos bajo la figura de «abandono legal».
El funcionario destacó que entre los productos hallados destacan arroz y arvejas, los cuales presentan alto índice de desabastecimiento en el mercado nacional. Calificó como «preocupante» que tras las medidas implementadas por el Ejecutivo nacional a finales del año pasado, la nacionalización de la mercancía no se hayan completado debidamente.
El pasado 23 de enero García Plaza informó que en los puertos locales existen 12.543 contenedores bajo la figura de «abandono legal», hecho que ha impulsado al Gobierno nacional a una «nueva fase» contra la «guerra económica».
Sin embargo, las estadísticas de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) indican que la mayoría de los contenedores que podrían estar bajo esa figura» corresponden a importaciones públicas.
En una reunión celebrada el pasado martes en el principal puerto del país, las autoridades calcularon que en Puerto Cabello existen 6.632 contenedores en abandono legal, cifra que supondría 52,87% del total informado por García Plaza.
De ese total de equipos, poco más de 3.900 contenedores, esto es, 58,8% del total fueron importaciones públicas. El resto, unos 2.671 contenedores, están en manos de importadores del sector privado.
«El mensaje de ellos es que hay un promedio de 6.632 con más de 35 días en puertos», dijo uno de los asistentes a la reunión del pasado martes.
Aseguró que de acuerdo a los planteamientos de los representantes de Bolipuertos y el Seniat ni siquiera se sabe exactamente si los 6.632 contenedores están en abandono legal. «El Seniat aclaró que hay que hacer una lista para ver cuánta carga está nacionalizada, la cifra de abandono legal no la tienen ellos ni siquiera», subrayó la fuente consultada.
Agregó, además, que en caso de estar en abandono legal el Estado ha debido proceder a «rematar» o «adjudicar» esa mercancía, tal y como lo establecen las leyes.
«Me parece contradictorio esta campaña de sacar la mercancía si de acuerdo a la misma ley las mercancías que caen en abandono pasan al Estado».
La Ley Orgánica de Aduanas determina los momentos en los que una mercancía pasa a abandono legal. En el caso de productos de primera necesidad o sometidos al control de precios eso ocurre en los 10 días siguientes a partir del vencimiento del plazo de 5 días hábiles de la llegada del vehículo porteador. Para otros bienes el plazo es 30 días después del vencimiento del lapso de 5 días hábiles a partir de llegada del vehículo porteador.
La Cámara de Comercio de Puerto Cabello (CCPC) solicitó a través de un comunicado una investigación a «fin de conocer quién se benefició directamente con la importación del producto».
Ineficiencia
Desde el sector privado se ha insistido en que los puertos nacionales están marcados por la ineficiencia. Buques que deben permanecer fondeados varias semanas mientras esperan la habilitación de un muelle o la falta de coordinación entre las autoridades para completar la nacionalización de la mercancía son apenas dos de los reclamos más frecuentes.
Las estadísticas de la revista Informes de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello les dan la razón a los empresarios. Según el número 14.373 de esa publicación el barco Clipper Newhaven cargado con «sacos de azúcar» está fondeado en la bahía de Puerto Cabello desde el 26 de diciembre de 2013.
El consignatario de esa carga es la estatal Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA).
Fuente: El Universal
