El 22 de octubre, fecha de la elección primaria de la oposición venezolana, se acerca en un ambiente de amenazas y profundización de las restricciones cívicas y políticas. No está aún en disputa el poder del régimen que agobia y empobrece el país, sino la posibilidad de que las fuerzas que quieren reconquistar la democracia –que tuvimos por más de cuatro décadas, con sus carencias y aciertos– escojan una candidatura unitaria para participar en la elección presidencial, aún sin fecha en el calendario, sometida esta al antojo de quienes mandan desde Miraflores.
Desde hoy y hasta el día previo de la prevista votación en la primaria en Venezuela y en 81 ciudades del mundo corren 50 días. Quienes aspiran a la candidatura recorren, no sin sobresaltos y temores, el país arropados ciertamente por la idea del cambio político, indispensable para recuperar la nación, restablecer el imperio de la ley, erradicar la emergencia humanitaria compleja que afecta a millones de habitantes y propiciar el reencuentro de los venezolanos, dentro y fuera del territorio –cerca de 8 millones han salido a ganarse la vida en infinidad de lugares– y sin discriminación política y de ninguna otra índole. Es una aspiración legítima.
La Comisión Nacional de Primaria ha reglamentado a la luz del día, y con el consenso de las formaciones políticas participantes, la competencia electoral, que ha supuesto también la firma de un programa mínimo de gobierno y una declaración de principios democráticos, en la creencia compartida de que así y con el acompañamiento de la amplia mayoría del pueblo venezolano será posible el rescate del país y poder potenciar sus recursos y su talento humano, hoy, unos despreciados y despilfarrados, y otro, truncado por el abandono de escuelas y universidades y limitadísimas posibilidades de desarrollo profesional y productivo.
El reciente comunicado de más de 70 organizaciones de la sociedad civil venezolana, de muy diversos campos, llama la atención y alerta sobre la obligación del Estado venezolano de «dirigir sus acciones a garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación, y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos».
Aún conociendo el lamentable desempeño del Estado venezolano en el cumplimiento de los mandatos constitucionales, esa exigencia de las organizaciones civiles es necesaria y oportuna.
Solo en el mes de agosto, según el recuento del comunicado aludido, el régimen que encabeza Nicolás Maduro ha condenado a 6 sindicalistas a 16 años de prisión por un tribunal en materia de terrorismo –así se trata la protesta laboral en un país de hambre–; se detuvo sin orden judicial y desapareció a la madre de un preso político; la Policía Nacional Bolivariana apresó a un dirigente sanitario frente a su casa; se despidió a un periodista por un intercambio verbal durante una entrevista televisiva; las candidatas Delsa Solórzano y María Corina Machado y otros dirigentes recibieron amenazas a su integridad física. Un patrón de conducta que criminaliza toda actividad social y política de disidencia.
Lo acumulado es aún mayor: inhabilitaciones políticas, intervención de organizaciones humanitarias (como la Cruz Roja) y de organizaciones políticas de cualquier orientación, como lo evidencia el último caso del Partido Comunista de Venezuela, y la designación de un Consejo Nacional Electoral sin independencia e imparcialidad política.
La primaria opositora es un ejercicio de derechos ciudadanos. Su realización al margen del Estado y sus organismos una prueba de independencia y tesón. Venezuela persiste porque quiere hacer de la democracia un bien de todos los días.
Editorial de El Nacional
