Un 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La ONU define la desaparición forzada como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de éste.
Asimismo, señala, este delito contempla la negativa de las autoridades a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, lo que la sustrae de la protección de la ley.
Advierte que esa práctica se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Y es que la sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La ONU advierte que la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.
Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Indica que es motivo de especial preocupación el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.
Además, el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
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