Tarek William Saab afirmó el pasado domingo que el Ministerio Público (MP) está preparado para actuar bajo el marco legal vigente una vez sea publicado el decreto de conmoción exterior anunciado por Nicolás Maduro, en respuesta a las recientes amenazas extranjeras y al despliegue militar estadounidense en el Caribe.
«Todo lo que está en la Constitución, la ley y el decreto de conmoción exterior está a mano del Ministerio Público. ¿Para qué? Para defender nuestra soberanía, para defender la paz, para defender la estabilidad», enfatizó Saab durante su participación en el programa «Análisis Situacional» de Globovisión.
Saab explicó que, de concretarse la medida, el sistema de justicia venezolano actuará dentro de los límites constitucionales y bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y temporalidad, «como corresponde a un Estado de Derecho que protege su integridad sin renunciar a la legalidad».
El fiscal chavista también se refirió a los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, calificado como una «ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad», en sintonía con la denuncia hecha por el presidente colombiano Gustavo Petro.
«Lanzar misiles cuando se puede interceptar, como hace Colombia, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad; por tanto, se trata de un asesinato», expresó.
Según sus palabras, «ahora no son lanchas, ahora son aviones que están sobrevalorando nuestro espacio aéreo. Pero aquí no hay miedo, nosotros no somos cobardes».
De acuerdo con el criterio de Saab, la Administración de Donald Trump debería escuchar los consejos del enviado especial Richard Grenell, negociador que ha tratado directamente con la cúpula chavista de Miraflores.
«Grenell ha dicho que él quiere paz y hay un sector que quiere guerra, bueno que se imponga ese sector en la política de EEUU», sugirió.
Por último, Saab recordó que «todo el que difunde fake news y difamación con todo lo que ha estado pasando comete delitos. Todo el que llama a intervención está cometiendo delito».
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe la víspera en la noche, confirmó este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.
En su discurso de celebración del 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos, en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el mandatario afirmó como exitosos los ataques a los botes que transportan droga ya que «no quedan embarcaciones» en esa zona del Caribe.
“En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, subrayó.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una fotografía del 05 de octubre de 2025. EFE/ Graeme Sloan
Las operaciones podrían trasladarse a tierra firme
En su discurso, el mandatario se refirió al más reciente ataque que habría ocurrido el sábado en la noche, sin dar pormenores. Al ser preguntado por la prensa a su regreso a la Casa Blanca dijo: “Mi gente le dará esos detalles”.
Trump también advirtió que al no encontrar traficantes de droga en el mar “ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo”, con lo que eleva la tensión desatada frente a las costas de Venezuela.
El viernes pasado, el Pentágono informó de otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, lo que marcaba el cuarto operativo desde principios de septiembre.
“Cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista lo que estamos haciendo es un acto de bondad”, remarcó el mandatario frente a las tropas.
Al menos veintiún personas han muerto en los ataques hasta el momento, según funcionarios estadounidenses.
El jefe del Diálogo por la Paz de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez, anunció que por tres vías distintas ha advertido al gobierno de EE.UU. de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local.
En este sentido, señaló que se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EE.UU. en Venezuela.
«También hemos advertido de estos hechos a una embajada europea para que se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de EE.UU. Al mismo tiempo hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege», puntualizó
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que esta semana “debería completarse” la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino, y urgió a todas las partes involucradas a trabajar con prontitud.
“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez… ¡El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”, escribió Trump en su red Truth Social.
El mandatario estadounidense cambió el tono amenazador de la mañana de este domingo cuando dijo en una entrevista con la CNN que Hamás se enfrenta a la «aniquilación total» si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan.
Hamás acepta liberar a los rehenes
En contraste, Trump dijo esta tarde que las conversaciones han sido “muy exitosas y avanzan con rapidez”, y espera que los equipos de negociadores y mediadores se reúnan de nuevo este lunes en Egipto para ultimar y aclarar detalles.
El enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó ayer sábado a El Cairo (Egipto) para avanzar las negociaciones sobre el plan de paz antes de su implementación.
“Este fin de semana se han mantenido conversaciones muy positivas con Hamás y países de todo el mundo (árabes, musulmanes y de todos los demás países) para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y, aún más importante, lograr por fin la paz en Oriente Medio, como se busca desde hace tiempo», insistió el mandatario.
Hamás anunció el viernes que acepta la liberación de todos los rehenes según lo estipulado en el plan de Trump, si bien exigió «aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio».
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una fotografía del 05 de octubre de 2025. EFE/ Graeme Sloan
El plan de 20 puntos del presidente republicano propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.
La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.
A través de su canal de Telegram, el presidente, Nicolás Maduro, aseguró “nunca seremos esclavos de nadie”, una declaración que resalta el espíritu de resistencia y soberanía, del pueblo venezolano.
Asimismo, el jefe de Estado sostuvo que los venezolanos y venezolanas jamás han tenido, ni tendrán miedo a la hora de defender su derecho a vivir y a ser libre.
Un mensaje que, a su vez, subraya el firme compromiso con la independencia nacional, por lo que el presidente Maduro hizo un llamado a mantener la firmeza y la preparación ante cualquier adversidad.
«Por eso, con la verdad seguiremos abriendo camino y, con valentía y preparación, estaremos listos para afrontar cualquier escenario”, precisó el mandatario nacional.
Con esta declaración el mandatario nacional no solo reconocer el ímpetu y la fiereza de los venezolanos y venezolanas, sino que además reafirma la determinación de defender la estabilidad y la autodeterminación del país frente a cualquier ataque, asechanza, amenaza de imperios que atente contra la paz, la soberanía e independencia de Venezuela.
Un juez federal ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) no tomar custodia de menores inmigrantes que ingresaron no acompañados al país para enviarlos a un centro de detención destinado a adultos una vez que cumplen 18 años.
En una orden de dos páginas, el juez del Distrito de Columbia Rudolph Contrera falló el sábado a favor de dos grupos de defensa de los inmigrantes que presentaron una moción de emergencia para detener los traslados, alegando que estos eran ilegales.
El American Immigration Council y the National Immigrant Justice Center (NIJC) solicitaron a la corte este sábado hacer cumplir una sentencia judicial de 2021 (en el caso García Ramírez contra ICE) que impide a las autoridades migratorias enviar a los jóvenes, una vez cumplen 18 años, a cárceles migratorias para adultos.
Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración, advirtió que encerrar a estos jóvenes inmigrantes en cárceles del ICE, “plagadas de hacinamiento y condiciones peligrosas, y lejos de sus sistemas de apoyo”, no contribuye en absoluto a la seguridad de las comunidades; solo agrava el daño a los jóvenes vulnerables.
La orden judicial de dos páginas “dejó claro” que el ICE no puede transferir automáticamente a jóvenes a centros de detención para adultos simplemente por haber cumplido los 18 años, reiteró la activista.
Fotografía de archivo de migrantes cruzando el desierto en busca de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en Jacumba, California, EE.UU. EFE/EPA/ALLISON DINNER
Restricciones bajo la administración Trump
Los menores inmigrantes que ingresan solos a Estados Unidos son ubicados en albergues administrados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y generalmente son entregados a familiares u otros patrocinadores autorizados en Estados Unidos, pero el Gobierno del presidente Donald Trump ha implementado restricciones para entregar la custodia de los menores.
“No permitiremos que el Gobierno dé marcha atrás y regrese a una práctica que los tribunales ya han declarado ilegal”, remarcó Mark Fleming, director asociado de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
Este no es el primer revés judicial de Trump sobre los menores inmigrantes que entraron al país, el mes pasado un juez suspendió el plan de la Casa Blanca que buscaba deportar inmediatamente a Guatemala a más de 300 menores de edad que ingresaron solos y están bajo custodia de las autoridades.
Las autoridades migratorias de EE.UU. intentaron deportar el pasado 31 de agosto a 76 menores que alcanzaron a estar en un avión hacia Guatemala y no fueron enviados por una orden judicial temporal.
Los abogados de los niños y adolescentes, de entre 10 y 16 años, argumentaron que la Administración violó el debido proceso, pues tienen casos pendientes ante tribunales migratorios, e ignoró las protecciones especiales de los menores de edad, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, envió este domingo a unos 300 soldados federalizados de California a Portland, después que una jueza le impidiera usar a la Guardia Nacional de Oregón, en un claro desafío a los gobernadores demócratas de esos dos estados.
El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que los 300 soldados de la Guardia Nacional de California, que están bajo el mando federal desde junio pasado, van rumbo hacia el estado vecino.
“Este es un abuso de poder vergonzoso. La Administración Trump ataca sin complejos el propio Estado de derecho y pone en práctica sus peligrosas palabras: ‘ignora las órdenes judiciales’ y trata a los jueces, incluso a los nombrados por él, como oponentes políticos”, dijo Newsom en un comunicado.
Trump habría enviado a las tropas californianas al estado vecino después de que una jueza en Oregón, nombrada por él, bloqueara este sábado temporalmente su orden de desplegar al menos 200 soldados de la Guardia Nacional de Oregón en Portland para supuestamente restablecer la seguridad de la ciudad.
“No se trata de seguridad pública, sino de poder”, insistió el gobernador de California, que dijo que llevará nuevamente al Gobierno Trump frente a los tribunales.
Newsom llevará el caso a los tribunales
Trump perdió una batalla legal por disponer de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California sin la anuencia del Gobierno estatal, en un hecho que no ocurría en Estados Unidos desde hacía 60 años.
Aunque un juez declaró ilegal la disposición, sí permitió que la Casa Blanca mantuviera el poder sobre 300 soldados californianos que aún estaban desplegados cuando se emitió el fallo judicial.
Trump ha amenazado con militarizar los estados demócratas que no le ayudan en su cruzada migratoria.
El mandatario ordenó el despliegue de los soldados el domingo pasado, después de que la gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, rechazara un pedido del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para desplegar a la guardia por iniciativa propia, una estrategia que también ha sido usada en Illinois.
Protestas por las redadas migratorias
La Casa Blanca ha dado la orden para el despliegue en Oregón bajo el argumento que tienen que reforzar la seguridad ante las protestas por las redadas migratorias, que han aumentado debido a algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista.
En Portland fue fundado Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento antifacista en la actualidad.
Trump se ha referido varias veces a Portland como una ciudad devastada por la guerra. Tanto la gobernadora Kotek, como líderes de los condados y locales de Oregón refutaron las afirmaciones del presidente de que se necesitan tropas federales para sofocar las protestas, afirmando que tienen todo bajo control y que las manifestaciones transcurren hasta el momento generalmente de forma pacífica.
En contraste, los agentes migratorios han escalado los enfrentamientos contra los manifestantes, según muestran imágenes captadas por la prensa y testigos. Este sábado se realizaron más arrestos de manifestantes frente al edificio del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este domingo que «la ley espera» a quienes intenten tomarse Quito «por la fuerza», después de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, dijo que podrían dirigir las protestas por el alza del precio del diésel hacia la capital si el Gobierno «no hace caso» a sus demandas.
«Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes», escribió Noboa en su cuenta de la red social X.
Vargas había advertido el viernes a Noboa de que las protestas, que hasta el momento se han concentrado especialmente en la provincia norteña de Imbabura, podrían radicalizarse a tal punto de tomarse Quito, ya que se les iba a «acabar la paciencia», pues tras más de diez días de manifestaciones el Gobierno no da marcha atrás en su decisión que elevó el precio del combustible.
Y lo llamó a recordar qué fue lo que pasó en 2019 y 2022, cuando las masivas protestas lideradas por la Conaie llegaron hasta Quito, lo que llevó a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante esa advertencia y el aumento de las «manifestaciones violentas», Noboa declaró el sábado un nuevo estado de excepción en diez provincias del país y suspendió la libertad de reunión en esas localidades durante las veinticuatro horas.
Incentivos económicos
El presidente también anunció este domingo que reducirá el impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 8 % durante los días festivos del próximo 9 de octubre, por la Independencia de Guayaquil, y del 2 y 3 de noviembre, correspondientes al Día de los Difuntos y a la Independencia de Cuenca.
«Porque este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal», dijo Noboa, cuyo Gobierno ha asegurado que el subsidio al diésel no ha beneficiado a los más pobres sino a negocios ilícitos.
Además, el mandatario aseguró que adelantarán para el 14 de noviembre el pago del aguinaldo para los funcionarios públicos que generalmente se entrega en diciembre, con el objetivo de que las familias tengan «más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday» e invitó a la empresa privada a sumarse a la iniciativa.
Tras catorce días, las manifestaciones se han saldado con un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos, de ellos doce en prisión preventiva bajo imputaciones de «terrorismo» realizadas por la Fiscalía.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado 196 vulneraciones de derechos cometidas, en su mayoría, presuntamente por las fuerzas de seguridad.
Este domingo aún permanecían cerradas a causa del paro siete carreteras en cuatro de las 24 provincias que tiene Ecuador.
Fotografía de archivo del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Marlon Vargas, participando en una rueda de prensa en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome
Movimiento indígena afirma que el Gobierno «responde con represión» a demandas
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) afirmó este domingo que el Gobierno «responde con represión a las demandas del pueblo», en referencia al estado de excepción que el presidente Daniel Noboa declaró el sábado en diez de las veinticuatro provincias del país por las protestas en contra del alza del precio del diésel.
«El presidente Daniel Noboa profundiza su política de guerra con el decreto que declara estado de excepción en las provincias movilizadas. Bajo el discurso del ‘orden’, el Gobierno ha desatado una represión sistemática contra quienes ejercen su derecho constitucional a la resistencia», dijo la organización social más grande del país en un comunicado.
Noboa aseguró en el decreto emitido el sábado que la medida se tomaba porque «las manifestaciones se han tornado violentas» y entre las justificaciones puso unas recientes declaraciones del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien advirtió al jefe del Ejecutivo que las protestas podrían radicalizarse a tal punto de tomarse Quito, la capital, si «no hace caso» a las demandas del movimiento indígena.
Este domingo, Noboa señaló que nadie podía «tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos» y que «a los que eligen la violencia, los espera la ley».
Fotografía de archivo de policías en enfrentamientos con manifestantes durante una protesta contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por el alza del diésel en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
El decreto militariza comunidades indígenas
Con el estado de excepción, también se suspendió en estas diez provincias el derecho a la libertad de reunión, que implica que durante las veinticuatro horas estará limitada la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el objetivo de paralizar los servicios.
Estas localidades se unen a otras dos que ya estaban bajo este régimen, entre ellas Imbabura, en el norte del país, que se ha convertido en el epicentro de las protestas.
La Conaie responsabilizó este domingo al presidente «por las consecuencias» de la «decisión autoritaria», que, según ellos, «busca silenciar y reprimir al pueblo en lucha».
«El decreto intensifica la movilización de Fuerzas Armadas y Policía, lo que implica una militarización masiva de las comunidades», alertaron.
El movimiento indígena indicó que el estado de excepción solo «agrava el riesgo del uso desproporcionado de la fuerza y de detenciones arbitrarias», a la vez que «pretende ocultar las verdaderas causas de la crisis».
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México el primer año de su Gobierno, en medio del desmantelamiento de una red de contrabando de combustibles entre altos mandos en la Secretaría de Marina, al subrayar que «quien traiciona al pueblo enfrenta a la Justicia».
«En este México nuevo la honestidad no es la excepción es la regla y quien traiciona al pueblo, quien roba al pueblo, enfrenta a la Justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad, los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y en obras estratégicas», dijo Sheinbaum ante unos 100.000 simpatizantes en el centro de la capital mexicana.
La mandataria recordó que en 2008 la pobreza alcanzó al 45 % de la población mexicana y destacó que para este 2025 este índice se redujo a 29 % y subrayó que de 2018 a 2024 unos 13,5 millones de personas salieron de la pobreza.
La presidenta de México Claudia Sheinbaum, participa durante la conmemoración de su primer año de gobierno este domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México. EFE/ Mario Guzmán
«Tenemos que seguir trabajando para que ningún mexicano viva en la pobreza, pero estoy segura de algo, vamos por el camino correcto. Esta hazaña ya está escrita en la historia nacional y aunque quieran, no lo podrán borrar ni las campañas de odio, ni la mentira ni la calumnia. Es un hecho irrefutable», aseveró.
México, el segundo país menos desigual en la región
Sheinbaum dijo que, en la etapa de «neoliberalismo» que vivió el país entre 1982 y 2018, México llegó a ser uno de los países más desiguales del mundo.
«Ahora – indicó – somos el segundo país menos desigual del continente solamente después de Canadá».
Sheinbaum apuntó que el modelo económico es «completamente distinto» y se resume en la frase humanista «por el bien de todos, primero los pobres» y gracias a ello, a pesar de las «difíciles circunstancias internacionales en este año, nuestra economía está fuerte».
En este sentido, explicó que se tiene un «crecimiento anual esperado de 1,2 % frente a los catastrofistas que anticipaban una caída», lo que supondría una leve ralentización respecto a la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 1,5 % en 2024.
Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024 y su gobierno enfrenta retos como los altos niveles de inseguridad y la creciente presión de Estados Unidos con el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca.
