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CIUDAD DEL CABO – Mitigar los peores efectos del cambio climático exige conciliar ambición y justicia. Sin embargo, lograr tanto una transición energética justa como una acción climática global ambiciosa depende de reglas comerciales que fomenten un desarrollo equitativo. Para facilitar el cambio a economías con bajas emisiones de carbono, los países en desarrollo deben tener un acceso confiable a tecnologías verdes, inversiones y mercados internacionales.

Lamentablemente, muchas de las políticas comerciales de hoy limitan las ambiciones ecológicas de los países en desarrollo. En particular, la securitización del comercio internacional -impulsada por los intereses geopolíticos de las grandes potencias y los bloques emergentes- amenaza con alterar las cadenas de suministro globales, limitar el acceso a las tecnologías emergentes y consolidar los desequilibrios de poder existentes. Si no se controla, esta tendencia corre el riesgo de socavar la cooperación multilateral y los esfuerzos de integración regional en todo el Sur Global.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea es un buen ejemplo. Si bien el MAFC pretende posicionar a la UE como líder global en materia de acción climática, muchos países en desarrollo -especialmente en África- lo consideran una medida proteccionista y cuestionan su alineación con los principios del acuerdo climático de París de 2015.

Estas preocupaciones están bien fundadas. Las investigaciones sugieren que los países africanos podrían perder hasta 25.000 millones de dólares anuales como resultado directo del MAFC, y que las enmiendas propuestasno siempre benefician a los exportadores africanos. Asimismo, a pesar de la creación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA por su sigla en inglés), la UE sigue interesada en implementar acuerdos bilaterales fragmentados que minan la agenda de integración de África y debilitan la coherencia de las estrategias comerciales regionales.

Otro ejemplo es el polémico plan de la Organización Marítima Internacional de introducir un impuesto sobre las emisiones de carbono al transporte marítimo. Este impuesto, listo para entrar en vigor en 2028, dista mucho de la ambiciosa tasa sobre las emisiones de carbono por la que habían abogado las economías en desarrollo, que podría haber contribuido a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, a la adaptación al cambio climático y a la creación de capacidades en los países más vulnerables al cambio climático.

Los mecanismos de resolución de conflictos entre inversores y estados también presentan desafíos importantes para una acción climática eficaz. Estas disposiciones, incluidas en los tratados internacionales de inversión, suelen limitar la capacidad de los gobiernos africanos para legislar en favor del interés público o aplicar políticas comerciales y de inversión que apoyen la industrialización ecológica y el desarrollo sostenible.

En los últimos años, los profesionales del desarrollo internacional se han centrado cada vez más en la relación entre el comercio y la política climática. Esto indica un cambio de una visión puramente normativa del cambio climático a un enfoque más pragmático que reconoce la política climática como motor del crecimiento económico y la inversión. Al mismo tiempo, el comercio mundial está experimentando una profunda transformación en tanto las principales potencias comerciales dan prioridad a sus intereses geopolíticos y económicos frente a sus compromisos de larga data de no discriminación y cooperación multilateral, debilitando así a la Organización Mundial del Comercio.

En este contexto, tanto las economías desarrolladas como aquellas en vías de desarrollo están implementando paquetes de estímulo fiscal, subsidios y medidas comerciales proteccionistas para alinear sus objetivos climáticos con las estrategias industriales verdes a nivel nacional, con el objetivo de reformular a su favor el orden económico global. La carrera por obtener una ventaja competitiva en las industrias verdes está impulsada en parte por la posición dominante que China ha establecido en los últimos diez años mediante una combinación de expansión fiscal, subsidios estratégicos y control sobre los minerales críticos y las cadenas de suministro clave.

A estas tensiones se suma la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del acuerdo climático de París, como ya hizo durante su primer mandato. Esta medida ha erosionado aún más la confianza global y ha socavado la cooperación climática multilateral, poniendo en duda la fiabilidad de los compromisos de los países desarrollados con la agenda más amplia de desarrollo sostenible.

Sin embargo, los períodos de realineamiento geopolítico también pueden crear nuevas oportunidades. Incluso en medio de las crecientes tensiones y de la fragmentación económica, los países africanos tienen la oportunidad de avanzar hacia reglas comerciales más justas y alineadas con el clima. Una de las más prometedoras es una mayor integración regional.

A pesar de las profundas divisiones al interior del G20, la presidencia sudafricana del grupo este año podría ayudar a impulsar políticas comerciales más adecuadas para gestionar los riesgos climáticos y acelerar la transición hacia energías limpias en el Sur Global. La próxima Cumbre de Líderes en Johannesburgo ofrece una plataforma para defender una agenda más inclusiva que integre la gestión de riesgos, la diversificación económica y el desarrollo industrial con una visión a largo plazo de justicia ambiental.

Algunas economías de bajos ingresos son especialmente vulnerables a medidas como el MAFC que, en su forma actual, se aleja de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” que sustenta la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin un diseño y una implementación cuidadosos, podría exacerbar las desigualdades dentro de África y poner en peligro la transición energética del continente.

Para evitar este desenlace, el MAFC debe aplicarse a través de un marco transparente y multilateral que reconozca las diferencias en la responsabilidad histórica de los países y su capacidad de respuesta. Redireccionar los ingresos del MAFC hacia el apoyo a las transiciones verdes en las economías de bajos ingresos, por ejemplo, sería un paso en la dirección correcta.

Es igualmente importante ayudar a los países que dependen en gran medida de los combustibles fósiles a diversificar sus economías. Esto plantea un interrogante fundamental: ¿cómo puede aprovecharse la política comercial para fomentar un desarrollo resiliente al clima? La respuesta está en reconocer que la diversificación no solo es fundamental para el crecimiento a largo plazo, sino también para aumentar la resiliencia ante los desastres climáticos y los shocks externos.

Si bien el consenso global sobre las políticas climáticas sigue siendo inalcanzable, los acuerdos y coaliciones comerciales regionales ofrecen un camino viable para avanzar. El AfCFTA, por ejemplo, podría ayudarnos a reinventar el comercio como catalizador de un desarrollo integrador. Al fortalecer el comercio intraafricano y la resiliencia económica, podría contribuir a abrir nuevas vías hacia la soberanía alimentaria, la adaptación al cambio climático y la estabilidad a largo plazo en todo el continente.

El mundo necesita nuevas ideas y relaciones más equitativas entre el Norte Global y el Sur Global. Aunque el panorama geopolítico actual, marcado por intereses egoístas y un liderazgo débil, está plagado de incertidumbre, también crea un espacio para promover soluciones ecológicas y respetuosas con el clima que están en gran medida ausentes de los marcos comerciales existentes.

Cuando el actual período de turbulencias dé paso a una cooperación renovada, debemos estar preparados para introducir un nuevo marco de comercio climático. Un acuerdo de este tipo debería apoyar la descarbonización en todas las industrias, al tiempo que defiende los principios de justicia y solidaridad, garantizando que los países en desarrollo reciban un apoyo activo en su camino hacia un futuro más sostenible.

Projet Syndicate

Salem Fakir

CAMBRIDGE – ¿El mundo debería tener dentistas o abogados? Obviamente, necesita a ambos, dado que cada profesión cumple diferentes propósitos. Pero cuando se trata de la economía, la cuestión es más complicada, porque el campo se enfrenta a una crisis de identidad interna sobre qué tipo de economistas debería producir: ¿arquitectos de políticas o auditores de programas?

La distinción trasciende el ámbito académico. Los auditores cumplen las reglas de manera metódica. Llegan con listas de chequeo, verifican su cumplimiento y advierten sobre desviaciones de las normas establecidas. Su trabajo es cuidadoso, preciso y esencialmente conservador; se centran en garantizar que los sistemas funcionen según normas predeterminadas, no en imaginar nuevas posibilidades.

Los arquitectos, en cambio, son creativos y están para resolver problemas. Deben conciliar objetivos contrapuestos mientras respetan restricciones espaciales, materiales y financieras complejas. Su trabajo es, en sí mismo, innovador -imaginan lo que aún no existe.

Estos arquetipos profesionales atraen a personalidades y sensibilidades diferentes, y exigen competencias distintas. Sin embargo, con el tiempo, la economía ha ido abandonando cada vez más la mentalidad del arquitecto en favor de la del auditor, cambiando no solo quién entra a la profesión, sino también qué pretenden lograr.

Este cambio tiene su origen en una interpretación errónea, aunque frecuente, del primer teorema fundamental de la economía del bienestar de Kenneth Arrow y Gérard Debreu, que afirma que, en ausencia de fallas de mercado, el mercado libre logra resultados eficientes. Aunque el propio Arrow creía que las fallas de mercado son generalizadas, el teorema fomentó una postura profesional defensiva: si los mercados normalmente funcionan, entonces el trabajo de los economistas es protegerlos de cualquier interferencia.

El problema de este enfoque es que convierte a los economistas en detractores profesionales. Cuando la carga de la prueba recae enteramente sobre quienes abogan por la intervención, la inacción se convierte en la opción preferida y sin riesgo. Como resultado de ello, los economistas ya no son solucionadores de problemas del mundo real, sino guardianes armados de objeciones teóricas, más dedicados a rechazar las malas ideas que a generar nuevas.

Como reconoció Arrow, las fallas de mercado -externalidades, asimetrías de información y escasez de bienes públicos- no son infrecuentes. Aunque los manuales de economía los abordan por separado, en realidad suelen ocurrir de manera simultánea e interactuar de formas complejas e impredecibles.

Desafíos como el crecimiento urbano, la diversificación industrial, el cambio climático y la disrupción tecnológica están impulsados por una serie de factores que ningún modelo por sí solo puede captar plenamente: fallas de mercado superpuestas, restricciones políticas, dinámicas sociales y limitaciones prácticas. En lugar de un tratamiento estandarizado, exigen diseños imaginativos -precisamente lo que la economía ha evitado cada vez más.

El auge de los ensayos controlados aleatorizados (ECA) ha reforzado aún más la mentalidad de auditoría. Tomados de la medicina, los ECA ponen a prueba intervenciones asignando aleatoriamente a los participantes a grupos de tratamiento y de control, y luego midiendo las diferencias en los resultados.

Los ECA se diseñan para responder a preguntas concretas sobre intervenciones específicas en contextos particulares. Por ejemplo, ¿los rotafolios mejoran el aprendizaje escolar o ayuda a los prestatarios cambiar las condiciones de los contratos de microcrédito? Pero no pueden abordar problemas de diseño más amplios, como la estructura de los sistemas de seguridad social, los regímenes monetarios, las leyes fiscales o las estrategias industriales.

Asimismo, este enfoque desconoce el funcionamiento de los sistemas complejos. La mayoría de las intervenciones sociales operan en lo que el biólogo teórico Stuart Kauffman llama “paisajes accidentados” -es decir, entornos con innumerables configuraciones posibles donde los resultados dependen de la influencia combinada de numerosas variables-. Los ECA, en cambio, solo prueban dos o tres variaciones a la vez, y lo hacen a un ritmo lentísimo. Por eso se han utilizado cada vez más para evaluaciones ex post de los diseños de programas de otros. Como ha argumentadoLant Pritchett, los profesionales han abandonado en gran medida el campo de la estrategia de desarrollo nacional en favor de la evaluación de programas individuales.

Los problemas más urgentes de la actualidad, desde el estancamiento del crecimiento hasta el aumento de la desigualdad, son intrínsecamente complejos, de largo aliento y polifacéticos. No se prestan a ser explorados mediante ECA. Estos problemas requieren profesionales capaces de identificar y transitar la complejidad, utilizando cualquier fuente de información y datos a los que puedan recurrir. Estos expertos deben ser capaces de desarrollar un marco -un modelo- que dé cuenta del mayor número posible de observaciones relevantes. Con este marco, tienen que imaginar de qué manera los cambios en las políticas o acciones podrían encaminar el sistema en una dirección positiva.

Por otra parte, los expertos deben evaluar los efectos potenciales de los cambios políticos propuestos, valorando si son beneficiosos y viables desde una perspectiva técnica, política y administrativa. Como sugierenMatt Andrews y Pritchett, tienen que trabajar con muchos diseños posibles y adaptarlos durante la implementación -como harían los arquitectos.

Capacitar a profesionales capaces de afrontar estos desafíos exige que las instituciones educativas establezcan “hospitales universitarios” que ofrezcan experiencia práctica y oportunidades de investigación. Al colaborar con gobiernos y partes interesadas para explorar soluciones a problemas del mundo real, instituciones como el Growth Lab de Harvardofrecen un modelo valioso.

Sin duda, el enfoque de auditoría tiene su utilidad. Necesitamos evaluadores que determinen la eficacia de los programas, identifiquen las consecuencias imprevistas y garanticen que no se malgastan los recursos. Pero necesitamos urgentemente arquitectos dispuestos a enfrentarse a problemas complejos y a diseñar sistemas adaptativos que evolucionen y mejoren con el tiempo.

La cuestión, por ende, no es si la economía debería producir arquitectos o auditores; es si somos lo suficientemente valientes como para admitir que necesitamos a ambos, y lo suficientemente inteligentes como para preparar a cada uno de ellos para el trabajo que deben hacer. Pero es importante recordar que las empresas no ponen a auditores a cargo de la investigación y el desarrollo o de la estrategia -y por buenas razones-. Si queremos que el mundo confíe a los economistas el diseño y la implementación de políticas, debemos capacitarlos como arquitectos, no como auditores.

Projet Syndicate

Ricardo Hausmann, a former minister of planning of Venezuela and former chief economist at the Inter-American Development Bank, is a professor at Harvard Kennedy School and Director of the Harvard Growth Lab.