Diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), formación del presidente Nayib Bukele y mayoritaria en la Asamblea Legislativa, proponen este jueves una reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

La propuesta busca reformar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, la cual hasta el momento prohibía la reelección inmediata.

“Históricamente, la reelección ha estado permitida en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones en particular” y la “la única excepción hasta el momento ha sido la Presidencia”, dijo la diputada Ana Figueroa de NI.

Añadió que los salvadoreños «van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público e incluyendo su presidente».

«La verdad es que esta reforma busca una mayor estabilidad en los ciclos electorales» y «de esta forma le estamos permitiendo también al país alcanzar una mayor seguridad jurídica en este memento», agregó Figueroa.

La iniciativa busca eliminar la segunda vuelta electoral

Esta iniciativa también contempla ampliar el período presidencial a seis años (actualmente es de cinco) y para «ordenar nuestro ciclo electoral» propone que el mandato actual de Nayib Bukele concluya en 2027 y no en 2029, para que las próximas elecciones presidenciales coincidan con las legislativas y municipales.

Además, la propuesta de reforma anularía la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, por lo que la Presidencia se ganaría por mayoría y no sería necesario el 50 % más uno, como se contempla actualmente en la Constitución salvadoreña, vigente desde 1983.

La iniciativa, incluida en la agenda de este jueves de la sesión plenaria con dispensa de trámite y sin debate legislativo, señala que debe ser ratificada por la actual legislatura. Esto lo permite una reforma constitucional avalada por la actual formación del Congreso, que tiene 57 de los 60 votos.

Bukele inició el pasado 1 de junio su segundo mandato consecutivo a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohíben tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso irregular.

Fuente: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para elevar el arancel que se impondrá a partir del 1 de agosto a las importaciones brasileñas, en represalia por las acciones de las autoridades contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político suyo.

Trump «firmó una Orden Ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% sobre Brasil, elevando el arancel total al 50%, para abordar las políticas, prácticas y acciones recientes del Gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos», según un comunicado publicado por la Casa Blanca.

«La Orden concluye que la persecución, la intimidación, el acoso, la censura y el enjuiciamiento por motivos políticos del Gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios constituyen graves abusos contra los derechos humanos, que han socavado el Estado de derecho en Brasil».

El pasado 9 de julio, Trump ya anunció que había enviado una carta al Gobierno de Brasil (al que ya le imponía el impuesto aduanero generalizado del 10 % que anunció el 2 de abril) amenazando con un arancel total del 50 % a partir del 1 de agosto.

La carta argumentaba que el motivo para los gravámenes no era comercial, sino que responde a lo que, en su opinión, es una «caza de brujas» contra Bolsonaro.

El texto publicado hoy insiste en que Trump ha «reafirmado constantemente» su compromiso a la hora de defender la seguridad nacional estadounidense contra amenazas externas, incluyendo las que amenazan «la protección de la libertad de expresión, la protección de las empresas estadounidenses contra la censura ilegal y la exigencia de responsabilidades a quienes violan los derechos humanos».

El comunicado asegura que el Gobierno de Brasil ha tomado «medidas sin precedentes para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido»,

El texto asegura que «esto socava no solo la viabilidad de las operaciones comerciales de las empresas estadounidenses en Brasil, sino también la política de EE.UU. de promover elecciones libres y justas y salvaguardar los derechos humanos fundamentales tanto en el país como en el extranjero».

EFE

Montevideo, 30 jul (EFE).- El exalcalde de la ciudad uruguaya de Minas de Corrales, José González, que había sido imputado como presunto autor de un delito de explotación sexual de menores, se suicidó mientras se encontraba en prisión preventiva, según informan este miércoles los medios locales.

González fue hallado muerto en su celda en la madrugada de este miércoles, según pudo confirmar la prensa local con fuentes de la Fiscalía.

El exalcalde fue acusado por la Fiscalía uruguaya en mayo por su presunta participación en delitos de explotación de menores de edad, por lo que se le dictó prisión preventiva junto a otras cinco personas.

Un comunicado de la Fiscalía detalló en ese momento que los hechos investigados salieron a la luz tras el testimonio de una adolescente de 17 años, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual desde su niñez y, posteriormente, explotada sexualmente en reiteradas ocasiones.

«Según su declaración, comenzó a consumir drogas a los doce años y, en ese contexto de extrema vulnerabilidad, habría sido inducida a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, en ocasiones organizadas por una persona adulta», señalaba el documento.

El informe añadía que, además de la adolescente denunciante, otras víctimas, de entre 13 y 16 años, confirmaron haber mantenido relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero, regalos, acceso a plataformas digitales o promesas materiales y en uno de los casos, una menor habría convivido con un adulto a cambio de sustento económico para ella y su madre.

«La investigación reveló la existencia de múltiples adultos que se beneficiaban económicamente de la situación de las adolescentes. Se identificó un patrón reiterado de abuso sistemático, facilitado por el entorno social y, en al menos un caso, por un integrante de las fuerzas policiales que habría utilizado su cargo para concretar actos sexuales con menores, incluso dentro de una seccional», concluyó el comunicado. EFE