Millones de personas nos quemamos las pestañas de jóvenes para obtener nuestros títulos. Es un insulto que alguien se atribuya el mismo resultado por ostentación, vanidad, complejo, malicia, o porque para dedicarse a la política siempre viene bien haber coronado algo en tu vida

(Usaré «usurpación» como acción y efecto de «usurpar» en su segunda acepción del DRAE, no en el sentido jurídico penal).

Si te inventas carreras, te largas. Es fácil de entender. Oponer a esta regla de mínima higiene su insistente vulneración por cargos de otras organizaciones te rebaja a su nivel. Por un sesgo personal comprensible, sitúo la avalancha socialista de usurpación de títulos en el PSC y en los ochenta. Muchas cosas me escandalizaron entonces a medida que conocí a esa tropa. No diré que la usurpación de títulos fuera la que más.

Esa la reservo para el día en que presencié el aplauso y el jolgorio provocados por la noticia de que la ETA acababa de asesinar al comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez, al teniente coronel Carlos Vesteiro Pérez y al soldado Francisco Casillas Martín, que tenía 19 años y estaba haciendo la mili como conductor. He contado alguna vez estas dos cosas: una, que en esa tarde de 1986 decidí abandonar el PSC; dos, que tengo unas ganas enormes de que nieguen aquella celebración espontánea, sucedida en el segundo piso de la sede del PSC en la calle Nicaragua de Barcelona. Así podré esgrimir el conocido nombre de algún antiguo militante que estaba presente y no me dejará mentir. Tras revelaciones tan repugnantes, lo de usurpar títulos universitarios parece poca cosa.

No lo es. Millones de personas nos quemamos las pestañas de jóvenes para obtener nuestros títulos. Es un insulto que alguien se atribuya el mismo resultado por ostentación, vanidad, complejo, malicia, o porque para dedicarse a la política siempre viene bien haber coronado algo en tu vida. Lo de trabajar ya ni lo menciono.

Si el título o títulos los usurpa una señorita del PP que nos cae bien por su falta de complejos a la hora de batirse con la pringosa izquierda parlamentaria, mala suerte. Sigue siendo una falta intolerable. He manifestado mi convicción de que la moda usurpadora vino de Cataluña (como casi todo lo que ha podrido esta democracia y, según Azaña en Velada en Benicarló, también la Segunda República).

Por eso recordaré el truquito que se inventaron els Socialistes de Catalunyapara eludir eventuales sanciones y seguras vergüenzas. En vez de poner en sus CV «licenciado en» (lo del «grado» no existía, y las carreras duraban cinco años), comprendieron que transmitían la misma impresión si ponían «estudios de». Desde entonces, y expandido el timo al conjunto de España, cuando ustedes vean en el CV de un político «estudios de Derecho», o «estudios de Economía», o «estudios de Ingeniería Industrial», sepan que el sujeto, simplemente, no tiene estudios. Se ha matriculado alguna vez, y ya.

No necesita haber aprobado ni una sola asignatura. O denunciamos la usurpación cometida por esa joven tan simpática amadrinada por Ayuso y premiada por Feijóo (por razones ignotas), o renunciamos a hacerlo porque nos cae bien. Pero si ese es el caso, nunca más señales a un zurupeto, o serás como los socialistas.

* Me alegra comprobar que el PP no es como el PSOE y ha tomado las medidas oportunas.

Juan Carlos Girauta
 El Debate

La reactivación de operaciones de Chevron en Venezuela, autorizada en julio de 2025, más que un giro, representa una inflexión. No es una reconciliación ni una legitimación, sino un acto de pragmatismo en tiempos de incertidumbre energética global. Como suele ocurrir, la geopolítica vuelve a marcar el pulso de la economía y a relativizar las narrativas previas.

En febrero del mismo año, la administración estadounidense había revocado la licencia de Chevron para operar en el país, aludiendo al incumplimiento de compromisos democráticos. Una decisión firme, aunque no inédita, que respondía a criterios políticos y estratégicos. Sin embargo, los hechos demostraron que la presión sostenida no siempre produce los resultados esperados, y el contexto obligó a reconsiderar.

Cinco meses después, una nueva orden ejecutiva reabrió las puertas, de forma temporal y bajo condiciones. El argumento esta vez no fue ideológico, sino logístico: las refinerías del Golfo necesitan crudo pesado, y el que antes llegaba desde Rusia ha quedado fuera del circuito comercial por razones conocidas. Venezuela, con todos sus bemoles, ofrecía una fuente disponible, conocida y operativamente compatible.

La licencia no implica un cheque en blanco. Se establecieron limitaciones claras: los pagos no pueden ir directamente al gobierno venezolano, los fondos deben dirigirse al pago de deuda y compromisos contractuales, y toda operación debe regirse por criterios de transparencia aún por afinar.

Desde Caracas, la medida fue recibida sin estridencias. La posibilidad de recuperar parte de la producción perdida, reiniciar proyectos detenidos y reactivar un mínimo flujo de divisas representa un alivio técnico más que una victoria política. A diferencia de otras épocas, el gesto no se ha convertido en estandarte propagandístico. Tal vez porque los márgenes de maniobra —de ambos lados— son ahora más estrechos.

En términos geopolíticos, el retorno de Chevron no solo busca estabilizar una fuente energética. También introduce una variable nueva en el tablero latinoamericano, donde la influencia de actores extrarregionales ha crecido en los últimos años. China y Rusia, que ocuparon espacios vacíos en el sector petrolero venezolano, verán ahora competir a un viejo conocido con respaldo institucional y know-how operativo.

Aun así, no se trata de una “vuelta al pasado”. Las condiciones técnicas de la infraestructura petrolera venezolana, la limitada capacidad de inversión y los riesgos jurídicos asociados impiden cualquier ilusión de bonanza inmediata. Lo que Chevron obtendrá es un acceso moderado. Lo que Venezuela podría ganar es una cierta estabilidad, si se cumplen los acuerdos. Lo que Estados Unidos busca es diversificación.

La narrativa oficial insiste en que no hay beneficio para el gobierno venezolano. Sin embargo, la trazabilidad de los fondos, la fiscalización de los pagos y el seguimiento del impacto económico real son aún tareas pendientes. No hay garantías absolutas, solo mecanismos en construcción.

Del mismo modo, la reacción interna en Estados Unidos no ha sido unánime. Algunos sectores interpretan la medida como una concesión indeseada; otros la ven como una maniobra racional ante necesidades concretas. La realidad, como casi siempre, se sitúa en un punto medio: una decisión política con fundamentos técnicos, una corrección táctica sin alteración estratégica.

En este contexto, ¿qué se puede esperar?

Todo dependerá del cumplimiento de condiciones. Un escenario optimista supone un aumento moderado de producción, cierta recuperación de ingresos y un impacto social positivo en sectores puntuales. Uno intermedio advierte sobre desviaciones, incumplimientos y posible reversión de la licencia. El más crítico incluye fallos técnicos, inestabilidad institucional y retorno del modelo de sanciones.

La presencia de Chevron en Venezuela no es garantía de recuperación, ni tampoco es una anomalía. Es, en rigor, una expresión más del pragmatismo internacional en contextos de escasez y presión. No consagra ni castiga; simplemente intenta operar en medio de una realidad compleja.

Lo fundamental será mantener la coherencia entre lo declarado y lo ejecutado. Que el petróleo no sea excusa para anular principios, ni pretexto para prolongar inercias. Que las condiciones acordadas se cumplan. Que los beneficios, aunque limitados, se traduzcan en mejoras operativas y no se desvíen hacia zonas de opacidad.

En un mundo donde las certezas se erosionan con rapidez, tal vez esta decisión —con todas sus ambigüedades— termine siendo un ensayo de madurez estratégica. No el regreso de los viejos tiempos, sino la inauguración de una fase distinta, más cauta, menos épica, y quizás más efectiva para el cambio político en Venezuela.

Humberto González Briceño

@humbertotweets

La FSIA establece que los bienes de un Estado extranjero son inmunes salvo que se aplique la excepción por actividad comercial

Continuando nuestras dos entregas anteriores, hemos visto cómo desde 2017 varios acreedores han intentado cobrar laudos arbitrales y deudas contra Venezuela utilizando Citgo Petroleum Corporation-la filial de PDVSA en EE.UU-como activo ejecutable.

En particular, Crystallex, ConocoPhillips, O-I Glass, Huntington Ingalls, Gold Reserve [etc] bonistas 2020 y otros, han avanzado demandas en la Corte de Distrito de Delaware y del Distrito Sur de NY, donde el juez Leonard P. Stark por su parte, ha autorizado el proceso de subasta del holding PDV Holding Inc como “alter ego” de la República de Venezuela, siendo que la Corte de NY se ha detenido a revisar la legalidad de los instrumentos y garantías sobre CITGO, además de la inviabilidad del Alter Ego.

En esta última saga Salvando a Citgo, queremos analizar las posibilidades jurídicas, políticas, económicas, de seguridad y soberanía, que eviten que Citgo sea liquidada por el gobierno de Donald Trump.

¿Puede una orden ejecutiva de Donald Trump impedir el remate?

En teoría la respuesta es sí. Una orden ejecutiva amparada en la Ley Federal de Poderes de Emergencia Económica Internacional [International Emergency Economics Powers Act/IEEPA-1977] como las emitidas por Trump I en 2018–2020 (ergo EO-13.808, EO 13.835, EO 13.850) puede ofrecer una base legal para suspender la ejecución forzosa de activos venezolanos bloqueados-como Citgo-siempre que esté respaldada por OFAC.

IEEPA permite al presidente bloquear transacciones y congelar activos extranjeros durante una emergencia nacional. La Orden Ejecutiva de Donald Trump I [EO 13.808 y sucesivas] prohibieron operaciones con deuda soberana venezolana y bloquearon activos de PDVSA. OFAC implementó licencias generales y específicas que impiden a los acreedores ejecutar sin aprobación del Tesoro.

Lamentablemente la Administración Biden suspendió la prohibición de impedir el remate judicial de Citgo. En cualquier caso, OFAC deberá emitir una nueva licencia.

¿La Ley Federal de Inmunidades Soberanas Extranjeras [Foreign Sovereign Immunities Act FSIA] puede impedir la ejecución?

La FSIA establece que los bienes de un Estado extranjero son inmunes salvo que se aplique la excepción por actividad comercial [Sec. 1610(a)] y la de laudos arbitrales [Sec. 1610(a)(6)] que han sido invocadas con éxito por los acreedores. Sin embargo, hay dos contrapesos relevantes: I.-Separación entre el Estado y sus entidades instrumentales como PDVSA, v.p.g. caso Bancec (First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba (1983) donde filiales estatales tienen presunción de personalidad jurídica propia. II.-Que se demuestre que actúan como “alter ego” […].

En el caso Citgo, el juez Stark [Delaware] concluyó que PDVSA sí era alter ego del Estado venezolano, lo que permite acceder a sus activos. Esta conclusión sigue siendo debatida por dos razones, siendo i.-El gobierno interino (Guaidó) actuó con autonomía y no evidenció control ni directriz cotidiana sobre Citgo et al. ii.-Aún existiendo alter Ego [por conductas inherentes de Chávez-Maduro sobre PDVSA Holding et al] la ley aplicable [Delaware] establece que la empresa alter ego [Citgo] debe incurrir en fraude para evadir obligaciones originarias. No es el supuesto.

Aunque la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras [EE.UU] permite embargar activos en ciertas condiciones, OFAC exige una licencia específica para ejecutar activos bloqueados. Por tanto, sin esa licencia e incluso, si hay sentencia, no se puede completar la transferencia. Aquí reposa el poder de la Casa Blanca como actor político que tiene la última carta para impedir la disposición de los activos de Citgo. Este es el riesgo de peso que tienen los eventuales ganadores de la subasta para tomar control de CITGO e incluso transferir el producto de la subasta.

En el caso Yacimientos Petrolíferos Argentinos [YPF/Petersen Energía en Nueva York] la Corte Federal [NY] permitió que inversores ejecutaran acciones de YPF pertenecientes a Argentina, por expropiación indebida. Argentina alegó inmunidad bajo La Ley Federal de Inmunidades Soberanas Extranjeras [FSIA] pero fue rechazada por la citada excepción de presencia comercial en USA. Recientemente el gobierno de EEUU apoyó la tesis de considerar YPF como instrumento del Estado Argentino NO EJECUTABLE. La Corte de NY aún espera decidir definitivamente el remate. ¿Relevancia para Citgo?

La ejecución de activos de una petrolera estatal por la conducta del Estado es viable si se demuestra alter ego por abuso y fraude. Adicionalmente en el caso de CITGO diferencia de YPF-hemos dicho-existe un régimen de sanciones y licencias OFAC activas, lo cual podría suspender la ejecución material. Esto significa que aunque el juez autorice la venta, la adjudicación sólo puede completarse si OFAC lo permite. Y OFAC puede denegar o demorar indefinidamente esa aprobación, si el Ejecutivo por razones de seguridad nacional de EE.UU, emite una nueva orden ejecutiva que decrete la inmunidad de Citgo.

Fundamentos para la intervención del Poder Ejecutivo.

I.-La Licencia General 42 [OFAC] sólo permite la preparación de la subasta. La adjudicación requiere una licencia específica. El Departamento del Tesoro puede invocar razones de política exterior, seguridad nacional y apoyo a la transición democrática para denegar la licencia.

II.-Citgo representa el principal activo exterior de Venezuela y un instrumento clave para su futura recuperación. Permitir su remate bajo un litigio vinculado al régimen de Maduro, contradice los principios de justicia transicional y socava los esfuerzos diplomáticos de EE.UU

III.-La propuesta política y jurídica se fundamenta en solicitar al Departamento del Tesoro (OFAC) que deniegue la licencia específica para la transferencia de acciones de PDV Holding Inc en CITGO en caso de venta forzosa. Es decir, emitir una nueva orden ejecutiva que refuerce la prohibición de ejecución de activos venezolanos estratégicos bloqueados.

IV-También se podría intervenir en la Corte de Delaware con un amicus curiae del Poder Ejecutivo (Department of State o Treasury) alertando que la ejecución de Citgo compromete intereses estratégicos de EE.UU.

V.-Un nueva acción ante la CSJ de EEUU [Certiorari] podría exigir que se revise el estándar del alter ego bajo nueva evidencia de separación funcional no-fraudulenta de PDVSA-US, confirmando el alcance de la ley y jurisdicción aplicable [Delaware], que prohíbe la ejecución de activos de una entidad alter ego por no incurrir en fraude o abuso. También puede alegarse abuso discrecional de la jurisdicción ad-quo [Writ Mandamus] por considerar que la Corte de Delaware ha ejercido su jurisdicción de manera inapropiada, actuado bajo esquemas de quiebra, criterios injustos [insostenibilidad del alter ego] y valoración inadecuada.

VI.-Igualmente en una apelación contra la decisión de adjudicar la acciones de CITGO en Delaware, se podría promover una acción judicial de revisión del procedimiento de venta, con base en violación al principio de justicia internacional o abuso procesal. El valor de CITGO es muy superior al adjudicado.

VII.-La subasta de Citgo no es un hecho consumado. La ejecución material depende del Ejecutivo Estadounidense, quien puede actuar para proteger los intereses del pueblo norteamericano [ver up supra International Emergency Economic Powers Act/IEEPA-1977] y venezolano [Ley Federal de Inmunidades Soberanas Extranjeras ] preservando un activo estratégico para una eventual reconstrucción nacional y evitar la consolidación de beneficios a favor de acreedores en condiciones desequilibradas.

En conclusión, el precedente de Bancec, la autoridad de la IEEPA, el control regulatorio de FSIA y OFAC, ofrecen un marco legal legítimo, eficaz y suficiente para frenar el remate.

¿Por qué sería un error estratégico y moral permitir el remate forzoso de Citgo en EE.UU.?

Citgo Petroleum Corporation es mucho más que una empresa refinadora de petróleo con sedes en Texas y Louisiana. CITGO Representa: i.-El principal activo internacional de Venezuela (valor estimado entre $13–18 mil millones); ii.-Un instrumento de influencia y reconstrucción nacional ante una eventual transición democrática; iii.-Una ficha geopolítica de alto valor para EE.UU. en su política energética y hemisférica.

Rematar Citgo en una subasta judicial en Delaware no sólo implicaría la pérdida patrimonial de Venezuela: representaría el desmantelamiento del único activo de gobernanza democrática venezolana fuera del territorio nacional.

El costo político para Donald Trump.

Trump lidera la presión internacional contra el régimen de Caracas. Permitir que Citgo sea rematada para pagar obligaciones derivadas de actos ilícitos del chavismo: i.- Contradice el legado de “mano dura” contra regímenes autoritarios; ii.-Otorga legitimidad indirecta a sentencias en EE.UU, inspirada en actos de corrupción, abuso de autoridad y manejos incorrectos; iii.-Pierde apalancamiento estratégico en la transición democrática venezolana.

CITGO es uno de los pocos elementos de preservación efectiva y preventiva que EE.UU conserva frente al régimen de Caracas. Su control permite implementar futuros objetivos: i.-Procesos electorales legítimos; ii.-Liberación de presos políticos; iii.-Desarme de estructuras criminales como el Cártel de los Soles y El Tren de Aragua.

Los mayores interesados en adquirir CITGO podrían incluir: i.-Fondos de inversión de dudosa procedencia; ii.-Compañías energéticas con posibles vínculos indirectos a actores como China, Rusia o Irán; iii.-Empresas sin experiencia real en el campo de refinación y energía que buscan recuperar activos bajo estructuras legales sofisticadas, poniendo a riesgo la seguridad y solvencia energética de EE.UU.

Otro costo político y estratégico para EE.UU es que en lugar de proteger activos bloqueados como parte de una política coherente, EE.UU. parecería dispuesto a “liquidar” los despojos de un Estado fallido. Ello socava el principio que los activos malversados por regímenes criminales deben ser preservados para su restitución a las víctimas y restablecimiento democrático, evitando no ser entregados en el marco de procesos judiciales cuestionables que además han obtenido compensaciones exageradas.

Donald Trump—quién visiblemente aspira consolidar su legado como el presidente que enfrentó al socialismo agazapado y criminal en América Latina—tiene en sus manos impedir este remate. No sólo por razones legales o estratégicas, sino porque un país no se reconstruye vendiendo sus ruinas al mejor postor.

CITGO y las órdenes ejecutivas de Trump.

Mientras la Corte de Delaware avanza hacia el remate forzoso de Citgo Petroleum Corporation—filial de PDVSA en EE.UU—lo que está en juego va mucho más allá de un simple litigio comercial; es evitar un precedente injusto y peligroso donde EE.UU. se convertiría en el país donde se subastan activos bloqueados a regímenes criminales. Donald Trump tiene una oportunidad para reafirmar su legado hemisférico, impidiendo una venta forzosa mediante el rescate de las categorías de protección de las leyes federales in comento [IEEPA/FSIA] atendiendo principios geopolíticos, soberanos y de seguridad moralmente ineludibles.

El presidente Trump [I] ha expresado interés en evitar la venta forzosa de CITGO [Orden Ejecutiva [O.E.]. 13.884 de 5/8/19 que marcó un bloqueo económico donde ningún acreedor puede tomar control de CITGO. También decretó Órdenes Ejecutivas [O.E.] de protección y prohibición de transferencia de activos [O.E-13.808 [24/08/2017 que prohíbe nuevas emisiones de deuda]; O.E. 13.835 [21/05/18, que prohíbe compra de deuda venezolana]; O.E. 13.850 [1/11/18 que congela activos]. Recientemente sancionó al Cartel de los Soles como Entidad Terrorista/Global Specially Designated Global Terrorist [SDGT/25/7/25], consagrando a sus cabecillas, sancionando sus operaciones y reiterando su desconocimiento del régimen de Caracas. ¿Permitir que CITGO sea liquidada en EE.UU por malos manejos de otrora no cuestiona esta política exterior? ¿Quién a fin de cuentas se beneficia con este remate? ¿Beneficia a EEUU como precedente político, judicial y soberano? ¿Beneficia o perjudica al régimen de Caracas? ¿Beneficia o perjudica una futura [inminente] transición democrática en Venezuela?

Hacemos un llamado al Departamento del Tesoro, al Congreso de EE.UU al liderazgo de Maria Corina y Edmundo Gonzalez y a los líderes que apoyan la libertad en América Latina, a ejercer su autoridad y elevar su voz para impedir esta injusta venta forzosa, que es bueno aclarar y repetir, llevará tiempo en términos procesales para lograr una eventual ejecución y requiere una licencia OFAC para autorizarla si llega el momento.

Esperamos haber aclarado muchas de las dudas que se han sembrado sobre los reclamos contra Venezuela y Citgo. Tres episodios de una tragedia injusta e inmerecida que comporta un reto histórico, no sólo contra CITGO sino contra el pueblo venezolano.

Salvar CITGO y luchar por nuestro activo más importante en el exterior, es un deber ciudadano ineludible. CITGO también es dignidad republicana, que ni se compra ni se vende.

Orlando Viera-Blanco

@ovierablanco