Montevideo, 10 jun (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, indicó este martes que el hecho de no tener relaciones con Venezuela está complicando algunas situaciones y aseguró que se debe encontrar algún mecanismo consular con ese país.
“Por el hecho de no tener un mínimo de relaciones consultares con Venezuela todo se nos está complicando con ese país y estamos buscando, tratando de acelerar caminos no para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, que hoy no está planteado, pero algún mecanismo consular. En eso tenemos que acelerar el ritmo”, dijo en una rueda de prensa.
Lubetkin recordó la situación de Fabián Buglione, detenido cuando ingresó a Venezuela en octubre de 2024 y por quien los Gobiernos de Uruguay y Estados Unidos llevan a cabo acciones de cooperación en el seguimiento de sus condiciones y en busca de su liberación.
También el de un uruguayo que se encontraba en el país caribeño y allí perdió la vida.
“Es el preso, es el ciudadano que fallece y van a haber otros casos, porque tenemos miles de uruguayos en Venezuela y tenemos miles y miles de venezolanos aquí”, subrayó.
Añadió que varias problemáticas de la vida diaria que puedan darse son resueltas por los consulados y remarcó las complicaciones que generan que esté todo cerrado.
“Tiene que haber una fórmula consular. La fórmula consultar no se pega a la forma diplomática de representación. Nosotros no reconocemos los resultados de las últimas elecciones presidenciales y mantenemos esa posición, pero no va de la mano con el hecho de ayudar a los ciudadanos desde el punto de vista consular, tanto allí como aquí. Eso es lo que estamos viendo técnicamente para resolverlo”, enfatizó Lubetkin.
El quiebre diplomático entre Uruguay y Venezuela se consolidó tras la llegada al poder del entonces presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), cuando el país adoptó una postura más crítica frente al gobierno de Nicolás Maduro, a diferencia de la administración de Tabaré Vásquez (2015-2020), que había optado por la neutralidad.
Lacalle Pou cuestionó abiertamente la legitimidad de las elecciones presidenciales venezolanas y se alineó con otros países de la región que denunciaban violaciones a los derechos humanos en ese país.
Esta postura generó tensiones crecientes, que culminaron en julio de 2024, cuando el Gobierno de Maduro exigió la salida inmediata de los representantes diplomáticos de Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, en respuesta a sus pronunciamientos sobre el proceso electoral venezolano. EFE
