Luis Herrera Campíns, presidente de la República entre 1979 y 1984, fue antes parlamentario durante veinte años

A Luis Herrera Campíns, in memoriam

La concentración de poder es muy mal negocio para la sociedad. Nadie quiere un poder impotente. Sí un poder que funcione en su naturaleza esencial de servicio. Servicio para todos. La respuesta democrática a ese problema es el poder responsable, distribuido, controlado, a lo cual agrega el componente de la participación del pueblo, no solo en la elección, sino durante la gestión. En el diseño del poder democrático está un parlamento que represente, legisle y controle.

Luis Herrera Campíns, presidente de la República entre 1979 y 1984, fue antes parlamentario durante veinte años. Tres veces diputado y una senador por el estado Lara, desde 1958 hasta 1978, diez de los cuales fue jefe de la fracción socialcristiana.

En su Centenario, sobre ese trabajo, tan intenso como importante, me tocó organizar un libro, Luis Herrera Campíns, Vida Parlamentaria, con presentación el martes 20 en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, disponible gratuitamente en la red, en los portales www.eticacivica-ab.com y https://www.ucab.edu.ve/catedra-libre-andres-bello/. En sus dos volúmenes, el libro muestra no sólo la labor del diputado y senador Herrera, uno de los grandes protagonistas en el Congreso de su tiempo, sino el nivel de aquellos debates, a veces reflejo de una confrontación dura, otros escenarios de un consenso buscado y logrado, siempre a base de responsabilidad. Respeto a sus votantes, al adversario y al país todo, al que se debe servir.

Subrayo el respeto al adversario político. La democracia no es una guerra, la política es lo contrario a la violencia. Con el adversario se discute, se le trata de convencer y en una competencia con reglas, se busca vencerlo, pero no eliminarlo. El adversario no es enemigo. La vida parlamentaria es una convivencia entre gente que discrepa, que compite y que son capaces de la cordialidad e incluso de la amistad.

Además de su trabajo en comisiones, fuente del material para las plenarias, Herrrera Campíns tuvo doscientas sesenta y tres intervenciones en cámara o en sesión conjunta. La variedad de materias es impresionante: debates políticos y de control, legislativos y constitucionales, derechos humanos, derecho y prácticas parlamentarias, política internacional, libertad de expresión, educación, cultura, deportes, agricultura, economía, presupuesto, reforma tributaria, autonomía universitaria, autonomía municipal, desarrollo regional, reformas de la administración pública, seguridad y defensa.

La víspera de la instalación del primer Congreso de la democracia, el 18 de enero de 1959, Herrera escribió en Panorama, el gran diario marabino que siempre acogió sus columnas, “La tarea de legislar, sobre todo en etapa tan difícil como la actual, requiere hacerlo en vista de la totalidad nacional y no de las fracciones por separado.” Prometió ir con propósito “íntegramente venezolano” y cumplió. Quede como testimonio y ejemplo para los parlamentarios por venir.

Ramón Guillermo Aveledo

ledo

Los comicios del próximo 25 de mayo –para elegir Asamblea Nacional, gobernadores y diputados de los consejos legislativos estatales- se realizarán bajo la sombra de lo ocurrido en la elección presidencial del 28 de 2024.

Las sospechas que se crearon en torno de los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la negativa del organismo a presentar las actas de votación y, en general, todo el ambiente turbio que rodeó esa consulta, han creado numerosas aprehensiones en el electorado. Esa desconfianza poco o nada tiene que ver con el descreimiento en el voto como instrumento de lucha. Los venezolanos, cuya vocación por la paz y la convivencia pacífica está a prueba de toda duda, siguen convencidos de que votar es un acto de reivindicación ciudadana y la mejor vía para constituir los poderes públicos y cambiar de forma pacífica y civilizada el Gobierno. Esta certeza no está en cuestión.

Lo que los venezolanos exigen es que se aclare lo sucedido el 28-J. Que se despeje la incertidumbre. Por eso, me parece de un simplismo vacuo trazar la línea de demarcación entre quienes creen en la democracia y el voto como forma de expresión y quienes abjuran de esa poderosa herramienta, optando por la abstención, que sólo conduce a la derrota y la frustración. El tema en la Venezuela actual resulta mucho más complejo.

En las encuestas que conozco, especialmente los estudios de Consultores 21, queda en evidencia que la inmensa mayoría de los venezolanos sigue pensando que votar es el camino idóneo para resolver las diferencias entre visiones contrastantes acerca del presente y el futuro del país. Descartan la violencia como fórmula de lucha. No desean que en Venezuela se produzca un golpe de Estado y, mucho menos, que haya una invasión extranjera. Pero, ese apego a la paz no los lleva a la creencia ingenua de que su voto en las nuevas elecciones será respetado. Las suspicacias no están determinadas por el llamado a la abstención de los sectores que apoyan a María Corina Machado y a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). El escepticismo surge de la propia experiencia y convicciones de los votantes, quienes no consideran que sufragar sea un rito mecánico o un acto de fe supersticioso, sino una forma consciente de materializar su condición de ciudadanos con derechos políticos.

Me desconcierta oír a veteranos dirigentes políticos democráticos diciendo la colección de lugares comunes y frases hechas que pronuncian cuando se refieren a la importancia del voto el 25-M. Parece que estuviesen hablando de un país donde todo trascurre con normalidad y, simplemente, ese día se trata de reafirmar la solidez de las instituciones republicanas. Hablan de las personas que no quieren votar, incluidos los dirigentes, como si se tratase de unos desadaptados, incapaces de comprender el significado del sufragio para contribuir a que las instituciones funcionen con normalidad. Otros más creativos invocan la conveniencia de preservar los espacios institucionales para impedir que el oficialismo cubra todas las rendijas de poder. Nada que cuestione es status quo.

En Caracas y algunas ciudades del interior han aparecido pintas con la leyenda “Yo ya voté el 28-J”. En esa sencilla y escueta frase no hay nada de subversivo ni anarquista. Solo existe un reclamo lógico al que toda la dirigencia opositora debería darle respuesta. La incomprensión de esa demanda tan sencilla como contundente, llevó a unos sectores a participar en la convocatoria electoral sin exigirle al Gobierno que aclarara lo ocurrido, ignorando la madurez de los electores que votaron por Edmundo González Urrutia en julio pasado.

Ahora nos encontramos con un proceso en el cual sólo participará alrededor de 30% del total del Registro Electoral Permanente (REP). Ese segmento sufragará de forma muy desigual. Dentro de los grupos opositores, la abstención se encuentra por encima de 80%, mientras que en el oficialismo apenas llegará a 40%. Esto quiere decir que en un universo donde la abstención global será de 70%, el oficialismo podrá obtener la mayor parte de los cargos en disputa. sin necesidad de recurrir a mecanismos que adulteren los resultados reales.

La razón es simple: si la mayor parte de los seguidores del Gobierno asiste a los centros electorales, mientras la mayor cantidad de opositores se abstiene, los aspirantes apoyados por el oficialismo serán quienes conquisten la victoria, aunque el volumen global de electores sea muy reducido en comparación con el REP. En Venezuela no existe quorum aprobatorio. Los candidatos obtienen la victoria con la mayoría simple.

En esas condiciones, los ganadores de las elecciones serán juramentados, pero tendrán muy baja representatividad y escasa legitimidad. Estas dos condiciones están ligadas a la base social representada por los candidatos triunfadores. Si el número de electores movilizados es reducido, la representatividad y legitimidad de los funcionarios y parlamentarios escogidos, también lo será.

El ‘triunfo’ del Gobierno no será por la tozudez del sector de la oposición que llamó a abstenerse, sino por la incapacidad de la dirigencia opositora a responder los reclamos de un electorado cada vez más informado y formado, que vota cuando su opinión es valorada.

@trinomarquezc

“Dejemos de hablar de la ‘crisis’. Quedémonos más bien en los diagnósticos de los ‘eruditos’ y ‘especialistas’, en los conceptos que surgen del derecho público». Carl Schmitt citado por Augustin Simard, presentando la traducción del alemán al francés del texto Légalité et légitimité (1932). Les Presses de l’Université de Montréal, 2015

La polémica sobre legalidad y legitimidad pudiéramos pensar que acompañó siempre al poder. Determinarlo fue en cada momento histórico la categorización de la ontología del susodicho. No obstante, otra dinámica se cumple en torno a la fuente racional de la legitimidad del poder y sus complejidades, me refiero al poder personal como etapa de su desarrollo propiamente o a aquella otra relativa al desarrollo y posicionamiento de la institución que él encarnaría. La corona o el rey, en otras palabras.

Otro cruce constante se verifica cuando leemos a Weber o al mismísimo Carl Schmitt, siendo que nos encontramos ora al jurista, ora al politólogo o al sociólogo. Ciencias sociales todas, se entremezclan en sus abordajes entre lo específico y lo común.

Empero, hay que ir más profundo; la intención como propósito del analista acaba por sesgar y dialectizarlo todo. Incluso el examen que concluye muta, cuando será menester y así vemos que el decisionismo de Schmitt en Teología Política, 1920, se reformula en Legalidad y legitimidad en 1932. Al instante, Carl Schmitt está por inscribirse en el Partido Nacionalsocialista y deviene de seguidas en un intelectual orgánico para el nazismo, como diría Gramsci.

A menudo recuerdo una frase reveladora de lo que intento decir, se le atribuye a Luis Napoleón y reza como sigue: “A veces hay que salir de la legalidad para valorizar el derecho”. Cabe entonces afinar entre conceptos que si bien se relacionan y complementan por vocación o a ratos, también pueden dar lugar a colisiones y su resultado es siempre fenomenológico.

Las revoluciones suelen venir “a por la legalidad”, a nombre de la legitimidad. La profunda revisión del orden legal e institucional que conlleva el esfuerzo de un cambio mayor supone, una sustitución total como objetivo y se sustenta en un giro radical de representaciones, valoraciones, principios, ideas, creencias y moral.

El asunto, sin embargo, no se queda en ese dibujo. Las revoluciones son protagonizadas frecuentemente por las élites y arrastran eventualmente con ellas a las multitudes, pero si desean darle al movimiento sostenibilidad deben saber endosarles la emoción y el avío ideológico que entraña ese cataclismo. La auténtica, la genuina, la hace el soberano y así se creen las élites y las masas, aunque a la postre no se confirme. Ya afirmó Montesquieu: “La voluntad del soberano es el soberano mismo”.

Ni la política ni la historia son ciencias exactas. La legalidad será eventualmente legítima o acaso, de no serlo, soliviantará los espíritus, quebrantando su base y comprometerá así su consensualidad. Toda revolución entonces es una procura existencial que se pretende legítima y puede llegar a serlo o, como pasó muchas veces, fracasar en el arresto.

Habrá crisis cuando no haya comparecencia entre la legalidad y la legitimidad. Hay circunstancias en que la legalidad está vacía de credibilidad y aquiescencia y se sostiene por la violencia y en paralelo, el factum nutre la legalidad si la legitimidad se lo permite.

El liderazgo no se explica siempre en la armonía entre legitimidad y legalidad. En ocasiones el carisma, el discurso, la figura en la coyuntura opera como un remolino que lo reúna todo en su fundamento. El llamado Tercer Reich englutió en sus fauces el espectro institucional, legal, espiritual, normativo, conceptual de la nación germánica y la hizo, conscientemente a ratos e inconscientemente también, militar en su negación al tiempo que se afirmó con todas sus fuerzas en sí misma.

Traigo una cita desde las letras de Montesquieu, que pudiera lucir de Weber: “La autoridad del don de gracia extraordinario y personal (carisma), la devoción absolutamente personal y la confianza personal en la revelación, el heroísmo u otras cualidades de predominio individual. Esta es la dominación ‘carismática’, tal como la ejerce el profeta o –en el campo de la política– el gran demagogo o el jefe de un partido político». (El espíritu de las leyes, citada por J. J. Chevallier en Los grandes textos políticos desde Montesquieu hasta nuestros días.

La semana próxima, Dios mediante, encera ya la reflexión, nos centraremos en la Venezuela que, por cierto, siempre me sigue pareciendo una aprendiz reprobada de república.

Nelson Chitty La Roche

@nchittylaroche

nchittylaroche@hotmail.com