Caracas, 9 may (EFE).- Un grupo de activistas y familiares de presos políticos en Venezuela pidieron este viernes a la Unión Europea (UE) su intermediación ante el Gobierno de Nicolás Maduro para conseguir la libertad de esas personas, entre ellas, casi una treintena con nacionalidades europeas y ciudadanos propiamente de ese continente.
La Delegación de la UE en Caracas fue la última parada de la llamada ‘Ruta Global por la Justicia y la Libertad’ que, durante esta semana, incluyó también las embajadas de Colombia, México, Brasil y Japón, con el fin de «denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y solicitar solidaridad internacional y apoyo diplomático».
«Justicia, justicia y solidaridad, diplomacia activa por la libertad», corearon los participantes, quienes mostraron fotografías y carteles con los nombres de algunas de las casi 900 personas que, según organizaciones no gubernamentales, están detenidas por motivos políticos en Venezuela.
De esos detenidos, 12 tienen nacionalidad española, 8 italiana, 3 portuguesa, una de Alemania, una de Ucrania, una de República Checa, una de Países Bajos, una de Francia y una de Hungría, indicó el grupo.
Sairam Rivas, pareja del exconcejal Jesús Armas -detenido en diciembre-, agradeció a la UE por «toda la solidaridad».
La activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) -que organizó esta ruta por las sedes diplomáticas- explicó que solicitan al bloque comunitario su «intermediación ante el Estado venezolano para buscar una solución a la grave crisis de derechos humanos» en la nación caribeña, en vista de que no han «recibido nunca respuesta» por parte de las instituciones estatales, donde, además, «se niegan» a recibir documentos.
Rivas también hizo un llamado a «todos los eurodiputados» a intermediar ante el Estado venezolano y pidió, en nombre del Clipp, la creación de un «espacio de encuentro entre los familiares de los presos políticos y los representantes de las instituciones del Estado», que cuente con el acompañamiento de la ONU y de las embajadas que visitaron durante la ruta.
Por su parte, Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel -quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido-, agradeció a las representaciones internacionales que visitaron esta semana, las cuales, aseguró, «se comprometieron» a ayudarlos mediante «los canales diplomáticos que tengan a su alcance».
La también hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020- denunció que hay un «hostigamiento y persecución» contra «los distintos miembros» del Clipp.
Además, la joven adelantó que pronto anunciarán una actividad en distintas iglesias, en busca de «salidas humanitarias a esta grave crisis de derechos humanos».
La Administración del presidente Nicolás Maduro, quien juró en enero pasado para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles». EFE
