Hace dos días, los venezolanos conmemoramos la fecha de nuestra declaración de independencia: 215 años de aquella jornada que tuvo como epicentro la ciudad de Caracas, su Cabildo —institución sembrada por la presencia hispana—, sus habitantes y sus autoridades.

Los acontecimientos ocurridos en la península ibérica con ocasión de la invasión napoleónica de mayo de 1808, que produjo la abdicación del rey Fernando VII y la imposición, por parte de Napoleón Bonaparte, de su hermano José Bonaparte como nuevo monarca, generaron en este lado del Atlántico un movimiento de rechazo al dominio francés. Pero, a su vez, abrieron las compuertas para buscar la independencia de todo tipo de dominación proveniente del viejo continente. Más de tres siglos de dominio español en nuestro continente habían creado una nación con características propias, que buscaba su propio destino.

Ese largo proceso se expresó aquel 19 de abril de 1810 de forma pacífica y civilizada. Fue un acto del Cabildo, la institución desde la cual se conducía una parte fundamental de la vida social de aquellos tiempos. De ese hecho histórico debemos extraer lecciones importantes para la Venezuela de hoy.

Vale la pena destacar que se trató del primer hecho político de relevancia de naturaleza civil y ciudadana: un debate en el Cabildo sobre el gobierno y el destino de estas tierras y de aquellos hombres que fueron nuestros antepasados. El debate era seguido por los habitantes de aquella modesta ciudad, quienes, al ser consultados sobre la permanencia del Capitán General don Vicente Emparan, expresaron con clara e inteligible voz que no lo querían como gobernante. Emparan aceptó el pedido de los vecinos y dejó el poder en manos del Cabildo.

Podemos decir que este fue un primer referéndum revocatorio, donde, además de permitirse su celebración, se acató su resultado. Doscientos quince años después, nos encontramos con un país donde no es posible realizar una manifestación o concentración como la realizada aquel 19 de abril de 1810. Vivimos en un país, 215 años después, donde el derecho a la protesta, a la manifestación pacífica y pública, y a la libertad de expresión está confiscado. Salir a la calle, en estos tiempos del “socialismo del siglo XXI”, es exponer la humanidad al ataque de los grupos paramilitares armados de Maduro, conocidos como “colectivos”, o a la carga represiva de las policías al servicio del régimen, que no tienen límites a la hora de reprimir o secuestrar ciudadanos, para luego llevarlos a los campos de detención existentes en El Rodeo I y II, Tocorón, Tocuyito o El Helicoide.

Mucho menos se puede pensar que la voluntad ciudadana se respeta y acata en estos tiempos. La lección de Emparan debería ser asimilada no solo por Maduro, sino por todos los que forman parte de su entorno. Lamentablemente, se ha impuesto la cultura del fraude y del poder absoluto y permanente. Estos personajes del siglo XXI han arrojado al cesto de la basura los principios de soberanía popular, alternancia en el poder, democracia y respeto a la norma rectora de la vida social.

Toda la larga historia de construcción del Estado democrático —fruto de luchas y experiencias— ha sido desechada. Emparan, definitivamente, da lecciones, en pleno siglo XXI, al gobernante aferrado al poder de forma ilegítima e ilegal. Aquel prefirió retirarse y permitir a la sociedad buscar su propio destino. El actual cree que el país y el poder le pertenecen por siempre. Más de dos siglos de nuestra historia son desestimados por los actuales ocupantes del poder en esta Venezuela nuestra.

Las lecciones derivadas de aquel evento civil y civilista debemos enseñarlas y repetirlas. No las demos por conocidas. Apliquemos aquel dicho que reza: “el que no sabe, aprende; y el que sabe, repasa.”  Bien vale la pena tomar la recomendación de uno de nuestros más lúcidos y prolíficos pensadores del drama histórico nacional, el Dr. José Rodríguez Iturbe, quien en su último libro Venezuela: La persecución de la sombra (Pag. 25, mayo 2024, Editorial Alfa) nos recuerda:

“…Es necesario enseñar a las nuevas promociones de la patria que los héroes, a Dios gracias, no son solo aquellos que usaron uniforme militar. Y que los que no formaron parte del estamento castrense, los héroes civiles, fueron, en estricto sentido, mucho más heroicos que los otros.”  Y más adelante agrega: “Repasar y repensar nuestra historia, sin omitir la presencia y la levadura republicana del liderazgo civil, es hoy más que nunca oportuno y necesario.”

En este abril de 2025, es menester repasar el sentido civilista y civilizado de aquel 19 de abril de 1810, y destacar el rol determinante de personajes como Juan Germán Roscio, Francisco Salias, Martín Tovar Ponte, José Félix Ribas, el padre Madariaga, y el comportamiento democrático del propio capitán general Vicente Emparan. Su famosa frase “Pues yo tampoco quiero mando” bien haría en asumirla el dictador actual, y de una vez por todas, oír al pueblo de Venezuela, que volvió a gritar el 28 de julio de 2024, a través del voto, la misma expresión de los venezolanos de 1810: “No lo queremos.”

Si aprendieran de la lección de Vicente Emparan, nos ahorraría a todos los ciudadanos de esta Venezuela, más destrucción y sufrimiento.

César Pérez Vivas

El Papa Francisco, a mi juicio, cierra un ciclo de la historia de la Iglesia, que empezó con Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. El “aggiornamento” de la Iglesia, que encerrada en sí misma, por varios siglos, se puso de espaldas a lo que terminamos llamando la “modernidad”. A pesar que, en esos siglos, voces católicas proféticas, hacían un gran esfuerzo por entender el mundo moderno y sus avances, contradicciones y limitaciones.

Un mundo en movimiento, eurocéntrico, industrialista, cada vez más laicizado, agnóstico, nihilista, en donde inclusive se llegó a proclamar la “muerte de Dios” y el fin de las grandes religiones, en particular la católica.

Ya en el siglo XIX la Iglesia intentó reaccionar convocando el Concilio Vaticano I interrumpido por la guerra franco-prusiana, pero también por la confusión interna, sobre el que-hacer.

La primera respuesta institucional a estos desafíos, fue la Encíclica RERUM NOVARUM (de las cosas nuevas) que inaugura un siglo largo de Encíclicas y Documentos sobre los problemas contemporáneos e inclusive anima a los católicos a asumir el compromiso político, y asi es como nacen los partidos políticos cristianos o demócratas cristianos, los curas-obreros, la teología de la liberación, etc.

Cada Papa hizo su esfuerzo, el ya citado Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, para mi gusto, el de mayor apertura al mundo nuevo del siglo XXI en pleno desarrollo.

Quizás su condición de latinoamericano y jesuita y el nombre de Francisco fueron determinantes, en esta visión del mundo nuevo, más abierta, más tolerante, más fraterna, más ecuménica, menos italiana y europea y más cercana a Asia, Indo-Pacifico, África, a la otra América, a lo que se ha terminado llamando el Sur Global.

Y una cercanía absoluta a los más débiles, indefensos, marginados, etc. No es casual, que su homilía pascual testamentaria, murió el mismo día, fuera un grito de angustia, frente a las discordias y violencias del mundo y guerras en curso y al mismo tiempo la reafirmación crística, de la esperanza cristiana, que empieza aquí en la tierra, en el aquí y ahora de la gente concreta, en la historia, pero que siempre nos remite al fin de los tiempos, a la resurrección y eternidad, por obra y gracia del Dios-Amor.

Pero ese Dios Amor quiere y necesita encarnar en cada uno, en la caridad real, ejercida y practicada, no solamente declarada.

Fe sin Caridad no funciona y ambas son necesarias para la Esperanza.

Ängel Lombardi

En la antesala del Primero de mayo 2025, es oportuna una mirada a la situación de las relaciones de trabajo de cada país, sobre todo en un contexto marcado por tantas turbulencias en el mercado, siendo el caso venezolano de extrema gravedad por extenderse a lo largo del siglo XXI el prolongado deterioro del trabajo digno.

Hoy tomamos como referencia el contrato colectivo más añejo de los trabajadores venezolanos, bien sea en el sector público como en el sector privado, como es el referido al petrolero que durante 80 años ha marcado la ruta de las aspiraciones de los diferentes movimientos sindicales.

Es de destacar que el nivel de preocupación afecta a todos los sectores laborales, de las diferentes empresas básicas de Guayana, telecomunicaciones, eléctricas, de ministerios, de los diferentes gremios universitarios, quienes han sufrido la conversión de sus convenios colectivos en un rosario de cláusulas incumplidas, reflejo triste de otra época cuando en las relaciones de trabajo existía el diálogo social hoy extinguido.

En efecto siendo el pionero de la contratación colectiva en nuestro país al cumplirse próximamente en junio de 2025 el 80 aniversario de la firma de la primera acta laboral, preámbulo del primer convenio colectivo acordado un año mas tarde en 1946, conoció su mayor auge con la firma del IIIer. Contrato en 1960 con acuerdos trienales que fortalecían las condiciones de trabajo en el sector.

En realidad era todo un acontecimiento en los estados petroleros del país donde sus comunidades seguían las negociaciones por los medios impresos, al publicarse las cláusulas aprobadas semanalmente, cuyo contenido garantizaba la permanencia de los comisariatos donde se expendían artículos de la dieta alimentaria a precios congelados del mercado de 1946. Con un marrón (100 bs). compraba el trabajador toda la ficha del comisariato suficiente para la cesta alimentaria mensual.

Así también el documento garantizaba la vivienda, escuela para los hijos, un sistema de salud de primer mundo, un sistema de seguridad industrial que protegían la vida del trabajador y un tabulador que clasificaba las categorías de cargos cuyos salarios garantizaban el poder adquisitivo respaldado a la vez por la retroactividad de las prestaciones sociales y el cobro oportuno anual de los fideicomisos. Adicionalmente cuando el trabajador ejercía el derecho a su jubilación la industria le garantizaba una pensión digna y una vejez sin preocupaciones.

En resumen, sin exagerar, trabajar en las transnacionales petroleras y en PDVSA a partir de la nacionalización en 1976, era un pasaporte al paraíso terrenal en comparación del resto de los trabajadores venezolanos, lo que convertía dicho convenio en el punto de referencia para todo el movimiento sindical público y privado.

Ahora bien, tras un cuarto de siglo de administración chavista el otrora convenio emblema ha rodado cuesta abajo a la condición de precarización laboral, el comisariato lo arrebataron en 2005 mediante una consulta fraudulenta, asignando sin compensación alguna como sustituto, una tarjeta electrónica de alimentación de un valor incomparable a la otrora casa de abastos, derivando en una bolsa de comida insuficiente para la dieta del trabajador y su familia.

En materia de salud las clínicas especializadas en la atención familiar e individual desaparecieron, sustituidas por una atención ambulatoria precaria, condición extensiva en el caso de accidentes de seguridad industrial cada vez presentes, ante el deterioro de las instalaciones y el transporte en la industria petrolera.

Con referencia a los salarios el otrora tabulador de cargos es simbólico, al incluir el sobre de pago el bono de transporte, tiempo de viaje, hora de comida y el salario, para un operario que independientemente de su clasificación determina una remuneración semanal entre 35 y 40 $, cantidad inferior a la percibida por trabajadores de PDVSA, quienes laboran para empresas mixtas extranjeras al percibir ingresos superiores a los 200 $.

En el caso de los trabajadores del sector de contratistas otrora protegidos por el convenio colectivo, han conocido durante esta gestión un curso acelerado de desregulación laboral inicialmente con la implantación de cooperativas y de desaplicación discrecional de las leyes laborales.

Todo este proceso de degeneración de las relaciones de trabajo estuvo acompañado de políticas represivas contra la libertad sindical, y la suspensión de la negociación del contrato colectivo en los últimos 10 años, en el contexto de la resolución 2792 y del Instructivo ONAPRE, política aplicada en el conjunto de la administración pública.

Froilán Barrios

En febrero pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela determinó que el 25 de mayo se celebrarán elecciones legislativas y regionales; o sea, de la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos de los estados. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, aseguró entonces que se garantizará “la mayor confiabilidad y transparencia”.

También informó que todos los partidos y candidatos que participen en dichas elecciones deberán suscribir un documento en el que “se comprometen a respetar y acatar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral como poder constitucional de la república”. Todo eso sin haber publicado aún los resultados desglosados del supuesto triunfo de Nicolás Maduro el 28 de julio, según estuvo contemplado por el cronograma oficial.

“La escritura está en la pared”, según las aclaraciones de la propia autoridad electoral. Serían innecesarias en cualquier país con instituciones democráticas, ya que esas son las reglas de juego implícitas en la competencia electoral. En Venezuela, sin embargo, dichas redundancias son necesarias para ocultar, por la vía de la repetición, lo que ocurrirá: no habrá confiabilidad ni transparencia alguna, y ningún candidato tendrá derecho a objetar un resultado ni auditar un escrutinio, como fue el caso el 28 de julio pasado.

El régimen anuncia con ello el resultado electoral, sólo que por anticipado. Es decir, tanta redundancia hace las veces de confesión de parte del próximo fraude. Quienes participen no podrán decir que no fueron avisados.

De ahí que el presidente electo Edmundo González y María Corina Machado anunciaran que la fuerza política que representan no participará en lo que consideraron serán “elecciones falsas”. Advirtieron, con toda lógica, que sólo podrá haber comicios legítimos cuando se respete su triunfo en las elecciones presidenciales de julio pasado.

Como en ocasiones anteriores, surgieron quienes proponen participar para “ofrecer una opción a la ciudadanía, no dejar el camino libre al chavismo” y formulaciones conocidas. Es el simplismo de una, igualmente redundante, oposición funcional al régimen. No es accidental que pase por alto que participar en una elección con dichas reglas, que constituyen un resultado preanunciado, es legitimar el fraude. Esa es la opción que realmente ofrecen, tampoco podrán decir que no sabían.

Por ello fue que el partido Primero Justicia expulsó a Henrique Capriles, Tomás Guanipa y otros dirigentes, quienes fueron habilitados arbitrariamente luego de negociar su participación con Maduro. Ello mientras los partidos auténticamente opositores continúan judicializados y muchos de sus dirigentes encarcelados. De nuevo, la escritura está en la pared.

Participar “para no dejar el camino libre al chavismo” es una forma de colaboracionismo agotada. Además de la fatiga que causa en la sociedad, ello desconoce que un nuevo capítulo de la historia de Venezuela comenzó el 28 de julio de 2024. Es el capítulo de la descomposición terminal del chavismo, derrotado por 37 puntos. Ello a pesar de la represión del régimen y un burdo fraude; a su vez, probado y documentado. Y que tiene valor retroactivo, pues obliga a inferir varios fraudes anteriores que no fue posible documentar.

Por lo cual, el venezolano y la venezolana de a pie no acudirán al llamado de Maduro, de Capriles o de quien sea. El 25 de mayo de 2025 se quedarán en sus casas, será una jornada de desobediencia civil.

Héctor Schamis

Este domingo pasado, el candidato ecuatoriano de derecha Daniel Noboa derrotó por más de 10 puntos de diferencia a la candidata del socialismo del siglo XXI y marioneta de Rafael Correa, Luisa González. Esta elección y algunas de las cosas que Trump está haciendo en Estados Unidos dejan lecciones que la oposición en Colombia debe aprender.

La primera es la respuesta de la candidata derrotada. Obviamente no aceptó el resultado, habló de un fraude inexistente y de una dictadura. Lo mismo dice el presidente colombiano Gustavo Petro cada vez que no le salen las cosas como quiere o las cortes fallan en su contra, como sucedió esta pasada semana, cuando el Consejo de Estado le negó el uso de la televisión privada para transmitir sus consejos de ministros, lo que se ha convertido en un bastión de propaganda.

Petro, ante este fallo, dijo en Twitter: “Los asuntos públicos son públicos, no los censuren”, y además dejó entrever que esta censura proviene de unas cortes que no lo consideran presidente por ser progresista y porque su poder proviene del voto popular. Esto último concuerda con otros pronunciamientos como el que hizo ante la destitución que ordenó este mismo tribunal de un alcalde de su movimiento en Duitama. “Toda decisión será respetada, menos un golpe de Estado”, dijo Petro el pasado diciembre. Además, dejó entrever que hay una especie de golpe blando gestándose en las altas cortes.

Petro quiere y busca una ruptura con las instituciones democráticas para quedarse en el poder o imponer a su candidato. La oposición tiene que prepararse para un desconocimiento del resultado electoral en 2026 si su candidato pierde, lo que hoy es probable no pase, pues tiene al corrupto ministro Armando Benedetti a cargo de que eso no suceda. Hay que preparar todas las acciones posibles, aunque la primera debería ser una decisión de la Corte Suprema que saque del juego y encarcele, evidencia la hay, a ese ministro de la corrupción, quien funge de ministro del Interior.

El otro escenario es el de una ruptura democrática a causa de ese supuesto “golpe blando”. En esa instancia les va a tocar a los colombianos salir a la calle para evitar la dictadura, como en Bangladesh o en Sri Lanka, y a los empresarios parar la economía para generar las condiciones que eviten el fin de la democracia y de las libertades, incluyendo la libertad de empresa. NO se equivoquen, señores empresarios, esto puede pasar y deben estar listos para apoyarlo sin miramiento alguno. En Venezuela pensaron que el chaparrón pasaba y miren cómo están, incluyendo a los empresarios que de manera abierta o subrepticia apoyaron a Chávez. La oligarquía colombiana, usted, señor empresario, es el enemigo.

Vamos a ver cómo termina lo de Ecuador, pero la segunda lección es no tenerle miedo a la mano dura. Noboa claramente se enfrentó al narcotráfico y a la inseguridad, y el voto de apoyo es el respaldo a la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Se acuerdan de 2002? No hay que tenerle miedo a la mano firme, como decía el presidente Álvaro Uribe. Colombia espera eso, pero de verdad y no como un discurso que utilizaron Santos y Duque para llegar al poder y que luego se desvaneció.

La tercera lección que da Donald Trump en Estados Unidos es la reforma a la burocracia estatal y a las normas que impiden el desarrollo de un país. Dos objetivos principales en Colombia, las licencias ambientales y las consultas previas.

En el tema de licencias ambientales, un ejemplo: la agencia encargada del tema paró toda la obra de la ampliación de la autopista Norte en Bogotá. Sin razón, fue una decisión ideológica con el cambio de Gobierno. Eso afecta millones de personas que viajan por allí y que demoran horas en llegar a la ciudad, para no hablar de las inundaciones evitables y la protección de los humedales que habían sido tenidas en cuenta en la propuesta que elevaba los carriles y mantenía la conectividad de los dos humedales afectados.

Lo mismo se puede decir de los proyectos de fracking que nunca se hicieron y que, la verdad, tienen también como responsables al presidente Iván Duque y a sus ministros de Minas y Energía. Hoy Colombia tendría reservas de gas y no tendría que comprarlo a un costo brutal en el exterior, aumentando el costo en un 25 por ciento a los ciudadanos de todos los estratos sociales del país. Licencias y consultas previas se utilizaron para no sacar este proyecto adelante, con el aval de dirigentes tibios que no enfrentaron, por el bien del país, a un sector minoritario que se oponía.

Las consultas previas, además, hoy son un negocio, pero es fácil arreglar este tema. Lo primero es volver a las comunidades socias de un porcentaje del proyecto que se consulta, una carretera o un proyecto de fracking, y este se va disminuyendo cada tres meses que el aval no se da. Y si en un determinado momento no hay acuerdo, seis meses o un año máximo, la consulta la aprueba el ministerio y la comunidad se queda con una parte mínima, pues perdió lo demás al dilatar la consulta, que es lo que hoy sucede para sacar más dividendos. Es invertir el incentivo.

Estamos a casi un año de las elecciones presidenciales. Preparémonos para lo peor, que si no sucede, mejor, pero no olvidemos que los Petro, Correa, Chávez, Ortega y Morales nunca quieren dejar el poder. Son dictadores o autócratas, y buscarán hasta el último segundo la manera de perpetuarse. No ser ingenuos, vuelvo y repito.

Francisco Santos

Intdemocratic.org

Publicado en semana.com domingo 16 de abril de 2025