La reforma constitucional planteada actualmente tiene objetivos similares a la reforma intentada en 2007; es decir, modificar el sistema político y económico del país; así lo expresó Nicolás Maduro al hacer la presentación del proyecto: “construir un nuevo sistema de Estado democrático e incorporar el Poder Comunal, Social y Popular… y la instauración de un nuevo modelo económico, diversificado y autosuficiente, entre otros rasgos de una nueva economía.” (https://bit.ly/422Y3cu); y como bien han dicho algunos reconocidos juristas, hoy como en 2007 no es necesario reformar la constitución, sino lograr que se cumplan sus mandatos, por ejemplo, en derechos individuales, derechos humanos, derechos políticos y derechos económicos, entre otros.

Sin embargo, creo que es importante, aprovechar la coyuntura, no solo para señalar las deficiencias en el cumplimiento de los principios constitucionales ya mencionados, sino también para señalar algunos otros temas igualmente confusos u omitidos en la Constitución de 1999. En consecuencia, me concentraré ahora en otros dos puntos, que también nos afectan a todos: el trato que se da a la sociedad civil y a los partidos políticos, que al igual que el tema ya tratado de la nacionalidad (ver Constitución y Nacionalidad, https://bit.ly/4cj78kR), estos puntos tampoco están planteados en la reforma propuesta y valdría la pena examinarlos, pues se puede decir que se trata de dos temas casi “fantasmas”, pues la sociedad civil −sin definirla, se menciona vaga y efímeramente− y el otro, los partidos políticos, ni siquiera son mencionados en la Constitución. Veamos.

La Sociedad Civil.

Contrariamente a lo que algunos piensan y otros aseguran, el entonces presidente Chávez Frías, en consonancia con su ideología y retórica anti partidos y antipolítica, en ningún momento habló de sociedad civil cuando propuso las bases comiciales para conformar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Lo que él propuso fue que no se permitiera la postulación de candidatos provenientes de los partidos políticos, para conformar la ANC, sino que debían ser propuestos por los ciudadanos. En realidad, fuimos nosotros, los ciudadanos, ansiosos por participar en la actividad política del país, quienes nos obnubilamos y nos confundimos con la intención de Hugo Chávez Frías respecto de la sociedad civil, pues corría para la época el paroxismo contra los partidos y los lideres políticos, el hartazgo de la política y las loas a granel y exaltación extrema de las oenegés ciudadanas, del “ciudadano empoderado” y múltiples frases más, todas ellas que en buena medida, denotan la tendencia antipolítica a nivel global que aún no se ha superado y que está llevando al caos en todo el mundo.

En ese contexto, nos lanzamos a buscar firmas para proponer candidatos a la ANC y luego, con pocos recursos, a promover que se votara por ellos; mientras, el Gobierno de Chávez Frías, tras una reciente victoria electoral, no tuvo dificultad para “recoger” las firmas de apoyo a sus candidatos y luego a través de aquel “Kino” electoral −recuérdese que se identificaba a los candidatos con números− dividió al país en dos bloques, presentando a cada uno una lista de candidatos por los cuales votar.  Gracias a esa estratagema, en un proceso electoral en el que se abstuvo de participar más del 50% de los electores, de los 131 constituyentes electos el 25 de julio de 1999, solo seis −4 en circunscripción nacional y 2 en circunscripciones regionales− no estaban en esas listas “Kino” apoyadas por el Presidente Chávez Frías.

La Sociedad Civil en la Constitución de 1999.

La sociedad civil nunca fue definida en la Constitución; y por ejemplo en la “Exposición de Motivos”, que contiene la “intención del legislador”, con la cual la ANC presentó al país la Constitución, apenas se le nombra en cuatro oportunidades:

– En el Titulo III, de los Derechos Humanos y Garantías, en la sección que se refiere a los Derechos Políticos, se menciona −en un contexto algo negativo− de la siguiente manera: “Esta regulación responde a una sentida aspiración de la sociedad civil organizada que pugna por cambiar la cultura política generada por tantas décadas de paternalismo estatal y del dominio de las cúpulas partidistas que mediatizaron el desarrollo de los valores democráticos.”

– De manera muy general, se menciona también en el Titulo V, en el capítulo correspondiente al Poder Judicial y del Sistema de Justicia.

– También en el capítulo correspondiente al Poder Electoral, que prevé que, entre sus cinco miembros, “provienen tres de la sociedad civil…”; y

– De manera aún más vaga, en el capítulo relativo a los Principios de Seguridad de la Nación: “…la cual se fundamentará en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, etcétera…”

(Exposición de motivos publicada en la G.O. Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo del año 2000, https://bit.ly/3Eeqdbj)

Por supuesto, en concordancia con lo establecido en la “Exposición de Motivos”, en el articulado de la Constitución, aparece en los artículos correspondientes, referidos a los Títulos mencionados anteriormente, en el artículo 206 de la Formación de las Leyes, en los artículos 293 y 296, relativos al Poder Electoral; y en el artículo 326, relativo a los Principios de Seguridad de la Nación.

Artículos sobre Sociedad Civil.

Al igual que hoy, en buena medida eran frecuentes en 1999 las críticas a los partidos y a los políticos y las alabanzas a la participación ciudadana, que estimulaba el novel “gobierno”; pero, cuando se hizo evidente el papel protagónico que podía tener la sociedad civil en materia política, se dejó la retórica y comenzó, desde el propio Gobierno, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional el desconocimiento de la sociedad civil. Duró poco la “luna de miel” con la sociedad civil, e incluso la “intención del legislador”, en la Constitución Bolivariana de 1999, en cuanto al papel que le atribuye a la sociedad civil, se fue “desfigurando”, al irse confiscando o menoscabando sus funciones, que se materializó en la Ley de Fiscalización que referiré más adelante.

No voy a repetir los argumentos y planteamientos sobre los que he escrito varias veces; en todo caso invito, a quien le interese, a revisar mis artículos anteriores, al menos los más recientes:

·       “La Sociedad Civil Resiste”, febrero de 2021, en https://bit.ly/3mWlhuM

·       “Sociedad Civil Versus Desesperanza, septiembre de 2022, en https://bit.ly/3fhg7tp

·       “Contra la Sociedad Civil, otra vez”, febrero de 2023, en https://bit.ly/3kPqCab; y

·       “Nuevamente contra la Sociedad Civil”, enero de 2024 en https://bit.ly/3OhYCb3.

Allí están expuestas las objeciones, omisiones y menoscabo de las funciones a la sociedad civil en estos últimos 25 años, cuyo epítome y corolario es la “Ley de Fiscalización” ya mencionada, cuyo nombre completo es: “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro”, sancionada por la Asamblea Nacional, aprobada y vigente, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 6.855 Extraordinario del 15 de noviembre de 2024. (Ver Gaceta Oficial en https://bit.ly/4jnqdoj)

Los Partidos Políticos.

El caso de los partidos políticos es, si se quiere, más simple, pero más grave. Los partidos políticos no existen para la Constitución de 1999, ni siquiera los menciona; y cuando lo hace, es de manera crítica o peyorativa; por ejemplo, en la “Exposición de Motivos”, siguiendo la corriente antipolítica y antipartidos que ya he mencionado, al referirse a los derechos políticos −del Título III, capitulo IV−, como ya cité en un párrafo anterior, acusa a los partidos y a sus “cúpulas” de haber mediatizado el desarrollo de los valores democráticos.

En la Constitución de 1961, en el artículo 114, se mencionaba a los partidos políticos de manera directa, como un derecho de los venezolanos de asociarse, para participar, por métodos democráticos, en la orientación de la política nacional; en lo que sería su equivalente en la Constitución de 1999, el artículo 67, no se les menciona y solo se refiere al derecho de los ciudadanos de asociarse con “fines políticos”; y de esa eufemística manera se refiere a ellos en el resto del articulado.

Elección de autoridades y candidatos.

No es eso sin embargo lo único que dice el artículo 67; también establece que, las “organizaciones con fines políticos” deberán seleccionar sus autoridades y candidatos “en elecciones internas con la participación de sus integrantes”, que como bien sabemos no es una práctica común, especialmente entre los partidos que propusieron y propiciaron la Constitución de 1999.

El financiamiento de los partidos.

Pero lo más grave, a mi modo de ver, es que en el mismo artículo se establece que: “No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado”. Esa prohibición del financiamiento del Estado, que seguramente a muchos les “sonó” muy bien, en ese contexto que ya he mencionado del paroxismo antipartidos, es una medida un tanto demagógica, que solo favorece a aquellos partidos que ejercen funciones de poder y los deja a todos mucho más vulnerables a presiones internas y externas.

Todos sabemos que, especialmente en Venezuela, los partidos no se sostienen con el aporte de sus militantes, sobre todo los partidos de extracción más popular o con características predominantemente regionales; lo que significa que lejos de garantizar su independencia, esa medida tiende a favorecer a los partidos que ejercen funciones de gobierno, dejando desguarnecidos a los demás, o forzándolos a buscar apoyo internacional, a aquellos que tienen vinculaciones a ese nivel −con la social democracia, la democracia cristiana, los liberales, socialistas, comunistas, etcétera− o a buscar aportes de las empresas, comprometiendo su independencia; de allí que bajo la Constitución de 1961 se dejaba al Estado para que −conforme los resultados electorales− hiciera aportes a los partidos, para ayudarlos y así evitar su vulnerabilidad.

Conclusión.

Puestos a reformar, innecesariamente, la Constitución −puesto que lo que se debería hacer es desarrollarla y cumplirla cabalmente−, creo que se debería comenzar por aquellas cosas que afectan de manera directa el sistema democrático y el Estado de Derecho: Sociedad Civil −o ciudadanos− y partidos políticos, o derecho de los ciudadanos a organizarse para participar en la vida política de la nación. Algunas de las modificaciones de la actual propuesta de Reforma fueron negadas en el intento de reforma masiva del año 2007; y recordemos que la Constitución de 1999 fue la primera sometida a votación popular y, paradójicamente, goza de un amplio “consenso”, pues quienes votamos en su contra en 1999, al oponernos a su reforma en 2007, nos sumamos a los que en 1999 votaron a su favor.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com

Me llegaron los últimos resultados de una encuestadora -muy alabada por unos y muy cuestionada por otros, de manera que no la voy a nombrar- que afirma que el 70% de los venezolanos está de acuerdo con que envíen a los compatriotas deportados a las cárceles de El Salvador. Me quedé de una pieza. ¿Cómo podemos ser tan ligeros juzgando a personas que ni siquiera conocemos? ¿Cómo estamos tan seguros de que todos los venezolanos enviados a El Salvador son delincuentes?

Hace dos semanas escribí un artículo alertando sobre el horror que significa para alguien inocente -y para toda su familia- de ser declarado culpable sin pruebas, sin juicio, sin proceso legal de por medio… Hoy insisto en que esto no es un juego. No es que “malandro que se la buscó, ahora que lo pague”, dicho que circula por ahí ad náuseam. Primero que, si queremos tener algún día un país democrático, en democracia los malandros tienen derechos. Y uno de esos derechos es a un juicio justo. Si es encontrado culpable, pues que pague su condena. Pero eso de aplaudir una conducta antidemocrática por todo el cañón, sin pensar en que aparentemente la mayoría de los que han sido enviados a El Salvador no tienen antecedentes, ni prontuario, más bien han trabajado y pagado impuestos en Estados Unidos, es inaceptable. Y son muchísimos no sólo los que aplauden, sino que delatan a sus propios compatriotas, sólo porque están ilegales, no porque sean delincuentes. Y no me vengan con el cuento de que “estar ilegal” es delinquir. Es una situación irregular, no un crimen.

¿Cuándo una persona buena se vuelve mala? Es una pregunta que la sicología social ha tratado de responder en numerosas ocasiones. Viene a mi memoria la película alemana «La Ola», «Die Welle», estrenada en 2008 y dirigida por Dennis Gansel, basada en un experimento real realizado por el profesor Ron Jones en 1967 en una escuela secundaria de California, que tenía como propósito ilustrar cómo un régimen totalitario puede surgir en una sociedad que se percibe como democrática.

En la película, la historia se desarrolla en un liceo alemán donde Rainer Wenger, un profesor de educación cívica, es asignado a dar una clase sobre autocracia. Para demostrar a sus estudiantes cómo funciona un régimen totalitario, Wenger inicia un experimento en el aula, que él denomina «La Ola».

Al iniciar, el maestro estableció un conjunto de reglas estrictas y creó un ambiente de disciplina. Introdujo ideas de comunidad, fuerza y uniformidad. Los estudiantes, motivados por la novedad del enfoque y el deseo de pertenencia, comenzaron a participar activamente en el experimento, adoptando una nueva identidad grupal.

A medida que avanzaba el experimento, los estudiantes se agruparon bajo el lema de «La Ola». Se sentían conectados y comenzaron a experimentar un sentido de poder y exclusividad. Esto llevó a que rechazaran a quienes no compartían sus ideales o no querían unirse al movimiento. Este comportamiento no se limitó a compañeros de la misma clase que no se alineaban con las normas del grupo, sino también afectó a estudiantes de otros grados. Este fenómeno reflejó cómo la presión social y el sentido de pertenencia fomentan actitudes excluyentes y divisorias. Wenger, inicialmente entusiasmado por el progreso, se dio cuenta de que los estudiantes se volvían cada vez más agresivos y excluyentes hacia aquellos que no formaban parte de «La Ola».

El experimento alcanzó su clímax cuando la situación se tornó incontrolable y los estudiantes, completamente inmersos en su papel dentro del movimiento, exhibían comportamientos intolerantes y violentos, llevando a Wenger a interrumpir y replantearse las consecuencias de su experimento.

En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo y su equipo en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos, tenía como objetivo investigar el impacto de la dinámica de poder en el comportamiento humano, específicamente en un entorno carcelario. Se centraba en comprender cómo la situación y el estatus social podrían influir en las acciones y actitudes de los individuos.

El experimento involucró la creación de una «prisión» en el sótano del edificio de Psicología de la universidad. Se reclutaron 24 hombres voluntarios, seleccionados a partir de un grupo más grande por su salud mental y física. Estos participantes fueron asignados aleatoriamente a dos roles: prisioneros y guardias. Los «guardias» recibieron uniformes, gafas de sol y rolos, mientras que los «prisioneros» fueron vestidos con túnicas y números que sustituían sus nombres.

El experimento estaba programado para durar dos semanas, pero se interrumpió después de solo seis días debido a la rápida escalada de comportamientos abusivos por parte de los guardias y la angustia psicológica creciente en los prisioneros. A medida que avanzaba el experimento, los guardias comenzaron a ejercer un control cada vez más autoritario y hostil, empleando tácticas de humillación y abuso psicológico. Algunos prisioneros mostraron signos de estrés extremo, depresión y desesperación.

El resultado del experimento sugirió que los roles asignados, junto con la estructura de poder del entorno carcelario, podían influir profundamente en el comportamiento humano. Zimbardo concluyó que el contexto situacional podría llevar a individuos normales a cometer actos de crueldad y abuso de poder. Esto dio paso a un mayor interés en los estudios sobre la ética en la investigación psicológica y la naturaleza de la maldad, reflejada posteriormente en su libro «El Efecto Lucifer: El Porqué de la Maldad».

Tal vez nosotros los venezolanos seríamos un buen caso de estudio, pues no hay acuerdo sobre la validez de los experimentos realizados sobre los orígenes de la maldad hasta ahora. ¿Por qué un pueblo bueno, generoso, amigable, puede convertirse en un pueblo que odia, que separa, que divide, que incluso llega a la violencia? Y en nuestro caso ha sido un péndulo que ha ido de un extremo al otro. Ojalá que alguien acepte el reto de estudiar los cambios tan ajenos a nuestra naturaleza que hoy exhiben tantos venezolanos. Sería un buen aporte para la reconstrucción…

Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb

Toda propuesta de crecimiento pretendida o aceptada como objetivo de desarrollo de cualquier nación que se precie de sus capacidades y potencialidades, deberá asegurarse de la imprescindible asistencia de proyectos estratégicos que sepan apostar a calificar como contundentes bases de desarrollo nacional. Proyectos estos comprometidos socialmente a corregir las grandes desigualdades que, las dinámicas social y económica, en sus desorganizados procesos por el inmediatismo que los moviliza, no deben dejar de incidir en el fragor de los cambios de las realidades que obviamente ocurren.

Sin embargo, cabe preguntar ¿cómo esquivar aquellos problemas que desvirtúan el desempeño de toda propuesta de desarrollo nacional? Más aún, cuando tales propuestas consideran realidades que incumben afianzar el crecimiento, la capitalización, la competitividad, la conservación y los cambios institucionales nacionales, regionales y locales.

Entonces, ¿cómo podrían aceptarse realidades que tienden a fundamentar sus existencias basadas en presunciones, fantasías o imaginaciones que suponen ideas concebidas alrededor de un absurdo desarrollo nacional en penumbras?

Un concepto de “desarrollo”

Pero, para darle una mayor congruencia al problema que busca revisar esta disertación, vale traer a colación el concepto que refiere el término “desarrollo”. Así podría comprenderse mejor aún, la significación que cubre tan menuda palabra: “desarrollo”. Al menos, en el contexto que ha de ocupar el análisis que acá intenta procurarse.

Aun cuando mucho se ha escrito y expuesto sobre tan manido vocablo, es posible que la acepción del Dr. Josef Pajestka, quien fuera director del Instituto de Planificación de Polonia y profesor de Economía de la Universidad de Varsovia, sea útil a la intención de la presente disertación. Lo explica así:

El proceso de desarrollo es un evento social condicionado por relaciones interhumanas e instituciones socioeconómicas. En consecuencia, es preciso tener en cuenta ciertos factores al tratar su comprensión tales como el impulso que ejerce una fuerza de desarrollo social, objetivos de desarrollo social y soluciones sociales e institucionales capaces de contribuir a una mayor eficiencia económica, Más, toda vez que dichos aspectos constituyen elementos integrales e indispensables de cualquier estrategia de desarrollo pues por ellos, los grandes cambios socio-institucionales actúan como los factores básicos   dirigidos a modernizar la economía de los países que buscan el desarrollo. (Millkan, Pajestka y otros: La vía del desarrollo. Editorial Tecnos, Madrid, pp.132-133)

Interpretación de “desarrollo” 

De manera que dado lo que implica el desarrollo, toda vez que contrae compromisos que convergen en un plan de desarrollo que plantee potenciar el desarrollo nacional tal como sus objetivos refieren, no deberá descartarse la optimización de sistemas industriales que logren readecuar sus estructuras y empresas de servicios a las contingencias propias de condiciones de mercado exigentes.

El sector eléctrico como razón de “punta”

El desarrollo del sector eléctrico es ineludible para lograr el crecimiento de la economía. Tanto como para el bienestar de la población que se sirve de la prestación de un servicio tan indispensable como el que provee la electricidad. Particularmente, cuando no es posible dar con un mejoramiento de la economía popular, al margen de un mejoramiento de la situación económica de la población.

No cabe pues negar que la base fundamental para optimizar la calidad de vida de toda sociedad o comunidad, debe forjar las condiciones necesarias que puedan alcanzar condiciones que faciliten encauzar la prosperidad a la que todos tienen derecho de usufructuar.

A manera de conclusión

Por eso hablar de “desarrollo” con la arrogancia de mostrar patéticas ínfulas de superioridad con la idea de lograrlo mediante el inmediatismo que incita el poder, es una mera necedad que a ningún lado conduce.

Es así que mantener realidades hinchadas con el recurso de la inflación discursiva, no es razón para pensar en escenarios sociales y económicos empeñados en respirar en medio de ámbitos que presumen vivir sosegadamente. Cuando en verdad, se llega a vivir, escasamente, en terrenos inhabitables. ¿O acaso por decir que presumir de lo que se carece, garantiza ganar espacios de futuro? Mucho menos, si se parte de situaciones carentes de plausibles servicios públicos. O sea, sin la energía eléctrica requerida para internarse en un pronunciado proceso de desarrollo.

O sería propio que en el siglo XXI, donde buenas ideas se edifican con el uso de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial, la digitalización y automatización de procesos y estamentos de la producción inteligentes, presumir que es plausible atenerse a situaciones dominadas por instancias que se excusan y justifican permitiéndose un ¿desarrollo nacional en penumbras?

Antonio José Monagas