Al menos once de los 52 presos políticos que Daniel Ortega mantiene en sus calabozos, se encuentran en condición de “desaparición forzada”, según una lista divulgada por un organismo nicaragüense que monitorea la situación de los reos políticos en el país.

De acuerdo con el informe publicado por el Mecanismos para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, todos los desaparecidos sobrepasan los cien días desde que fueron apresados por fuerzas del régimen y sus familiares no saben de sus paraderos, no se les ha abierto proceso judicial, ni tienen acceso a abogados o visitas.

Seis de las personas consideradas desaparecidas son hombres y cinco son mujeres.

“El régimen Ortega Murillo ha establecido una política de desaparición forzada en el país sometiéndolo a una vulnerabilidad extrema y estado de indefensión total, eliminando de facto el derecho a la defensa y volviendo ineficaz cualquier acción legal”, denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, organismo integrado por exiliados nicaragüenses, con sede en Costa Rica.

“La desaparición forzada, al igual que las detenciones arbitrarias y torturas, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y deben ser investigados, juzgados y sancionados”, subrayó.

A continuación, caso por caso.

Chavarría Altamirano fue detenida el domingo 19 de mayo de 2024 junto al general Ortega, luego que este último brindara una entrevista a Infobae donde criticó el autoritarismo de su hermano y señaló que no había relevo familiar posible una vez que el dictador falleciera.

Sobre Chavarría, el Colectivo Nunca Más indicó que “la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue sin proporcionar información sobre su paradero”, desde el 30 de septiembre de 2024 cuando falleció Humberto Ortega como prisionero político.

Víctor Boitano

La lista de desparecidos también registra al coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, de 63 años, secuestrado el 23 de abril de 2024 por grupos vestidos de civil que invadieron su vivienda ubicada en el barrio Altamira, de Managua.

Tras su salida del Ejército en 2007, Boitano Coleman publicó varios libros con fuertes críticas al sandinismo y al régimen de Daniel Ortega, aunque luego tuvo una etapa de colaboracionismo y defensa del régimen, principalmente a través de redes sociales. En mayo de 2018, el militar viajó a Italia y regresó a Nicaragua en septiembre de 2023, a través de la frontera sur de Nicaragua que comparte con Costa Rica.

“Inicialmente no encontró inconvenientes al renovar su cédula de identidad y licencia de conducir. Sin embargo, tras gestionar la renovación de su pasaporte, fue arrestado sin importar que padece diabetes, hipertensión y delirio de persecución. Desde entonces se desconoce su paradero”, expuso sobre su caso el Colectivo Nunca Más.

Leo Cárcamo

Leo Cárcamo Herrera, de 62 años, periodista jubilado de Radio Darío, fue detenido el 22 de noviembre de 2024 en su hogar en La Paz Centro, León, como parte de una redada que realizó el régimen ese día en su departamento. Desde entonces no se sabe nada de él.

Ya antes, en enero de 2019, fue secuestrado por el comisionado Fidel Domínguez, quien lo torturó y expuso desnudo ante una reunión de mandos policiales, para luego ser liberado. Como resultado de la golpiza y la humillación, quedó incapacitado para trabajar y los últimos tres años se recluyó en su vivienda, donde fue apresado en noviembre pasado.

En enero de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó a Nicaragua la liberación del periodista encarcelado, que determine e informe del paradero del comunicador y que aplique las medidas para garantizar el acceso inmediato a servicios de salud física y mental, medicamentos y alimentación adecuada.

“Requerir al Estado que proceda con la liberación inmediata de Catalino Leo Cárcamo Herrera”, señala la resolución de medidas provisionales de la Corte, en respuesta a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lesbia Gutiérrez y Carmen Sáenz

Lesbia Gutiérrez Poveda, de 59 años, empleada de Cáritas, una organización humanitaria de la iglesia Católica que se dedica a ayudar a personas en situación de pobreza, fue detenida sin orden judicial el 10 de agosto de 2024 y desde entonces se desconoce su paradero.

Gutiérrez acumulaba más de 20 años de servicio en su comunidad, Matagalpa, y su captura se produjo como parte de la ola represiva que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han desatado contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Junto a ella fue capturada también Carmen María Sáenz Martínez, de 50 años, abogada dedicada a la religión, también desaparecida.

“Hacemos un llamado al gobierno nicaragüense para que proporcione urgentemente una prueba de vida a las familias de Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, y las libere de inmediato y sin condiciones. Ninguna de las dos mujeres ha cometido delito alguno, salvo dedicar su vida al servicio de sus comunidades a través de la Iglesia Católica Romana, inspiradas por su fe”, expresó en septiembre de 2024 la organización Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en inglés).

Brooklyn Rivera

La familia del exdiputado indígena Brooklyn Rivera Bryan, de 72 años, no ha tenido señal alguna de su vida desde la mañana del 29 de septiembre de 2023 cuando fue detenido por la policía nicaragüense mientras estaba en su vivienda, en la caribeña ciudad de Bilwi.

La captura del diputado se produjo después de que participara en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York entre el 18 y 28 abril de 2023. Se le impidió la entrada al país y fue despojado de su diputación.

Entró a Nicaragua de forma furtiva por la frontera indígena de la mosquitia y vivió en la clandestinidad hasta el momento de su captura.

“No se sabe nada todavía. Seguimos sin saber nada. No entendemos”, dijo a Infobae su hija, Tininiska Rivera. “La última vez que salió ese rumor de su muerte fue a finales de septiembre. No sé… yo como hija lo único que puedo hacer es visibilizar su caso y esperar a que el gobierno en algún momento decida liberarlo. Está en las manos del gobierno”.

Steadman Fagot

Steadman Fagot Müller, de 71 años, es otro líder indígena encarcelado y desaparecido. A pesar de que era uno de los asesores presidenciales de Daniel Ortega, fue detenido por el Ejército de Nicaragua el 14 de septiembre de 2024, un día después de que denunció la invasión y despale de territorios indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Steadman Fagot, quien, alude, se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.

Fabio Cáceres

Fabio Alberto Cáceres Larios, de 64 años, fue secuestrado por la Policía de Nicaragua el 22 de noviembre de 2024, en su vivienda ubicada en Posoltelga, Chinandega. “Desde entonces está desaparecido. Exigimos, al Estado de Nicaragua, información de su paradero, su liberación inmediata y respeto a su integridad física”, señala la organización política opositora Unamos.

Julio Quintana

Julio Antonio Quintana Carvajal, 66 años, abogado, fue capturado el 26 de noviembre en León y se encuentra en condición de “desaparición forzosa”. Esta es la segunda ocasión que sufre una detención por razones políticas. A los 20 años, fue encarcelado y torturado por oponerse a la dictadura somocista.

Eveling Matus

Eveling Carolina Matus Hernández, de 35 años, madre de familia y pequeña empresaria, fue secuestrada el 25 de junio del 2024 cuando se encontraba en las instalaciones de su negocio. Le confiscaron sus vehículos, maquinaria y edificio. La Policía encontró una antigua publicación suya en X (antes Twitter), con una fotografía de monseñor Silvio Báez, obispo nicaragüense actualmente en el exilio, donde lo calificaba como su “verdadero líder” y otras fotos que la mostraban en las protestas ciudadanas de 2018.

“Hallar esas fotos en su teléfono bastó para considerarlas ‘evidencias’ que permitieran acusarla de ‘terrorismo’ y ‘traición a la patria’”, explicó a la plataforma Confidencial una fuente relacionada con Matus. Desde su captura, su familia no sabe de ella.

Fabiola Tercero

De la periodista Fabiola Tercero Castro, de 38 años, no se sabe nada desde el 12 de julio de 2024, cuando la Policía allanó su vivienda. Tercero trabajó para la plataforma 100 por Ciento Noticias, pero en el contexto de la represión a los periodistas que se vive en Nicaragua se mantenía retirada de su profesión y se dedicaba a promover la lectura para a través del regalo o intercambio de impresos por medio de una plataforma que denominó “El Rincón de Fabi”, creada en 2017.

Diversas organizaciones de derechos humanos y de periodistas han demandado al régimen de Ortega que dé muestras de vida de Tercero o exigen su inmediata liberación.

“Nadie ha visto ni sabido nada de la periodista independiente y activista feminista Fabiola Tercero Castro desde el 12 de julio de 2024, cuando denunció un allanamiento de su domicilio (en Managua) por parte de agentes gubernamentales al mando de la comisionada Lidia Baltodano”, señaló en un pronunciamiento el organismo Reporteros Sin Fronteras (RSF), quien pidió al gobierno nicaragüense que aclare “urgentemente” este caso.

Un grupo de expertos de la ONU pidió en una carta dirigida al régimen nicaragüense “liberar a las personas detenidas por sus críticas (…) y a informar de inmediato a sus familiares y abogados sobre su suerte y paradero”.

Según el grupo existe un “patrón claro y deliberado” para eliminar y silenciar a las voces disidentes mediante el uso de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas.

Fuente: Infobae

El gobierno ultraconservador italiano restringió este viernes las condiciones de naturalización por derecho de sangre al limitarla a dos generaciones, una medida que afecta a los descendientes de emigrantes en América Latina, particularmente a miles en Argentina.

Se requiere a partir de ahora tener padre o abuelo nacido en Italia para solicitar la nacionalidad, cuando antes era suficiente un bisabuelo o un tatarabuelo, según la reforma de la «Ius sanguinis» adoptada en el consejo de ministros.

«El principio del derecho de sangre no será abolido y muchos descendientes de emigrantes podrán obtener la nacionalidad italiana», aseguró el jefe de la diplomacia Antonio Tajani, luego del consejo de ministros.

«Pero se establecerán límites precisos, especialmente para evitar los abusos o la ‘comercialización’ de los pasaportes italianos. La nacionalidad debe ser una cosa seria», agregó.

Las condiciones deberán ser aun más duras, pues después «se impondrá a los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero» y naturalizados italianos «mantener lazos reales con nuestro país, ejerciendo los derechos y los deberes de los ciudadanos al menos una vez cada 25 años», dice el texto.

Esos derechos y deberes no fueron precisados.

El ministerio cita como ejemplo Argentina, que tiene la comunidad de inmigrantes italianos más importante fuera de Italia, donde 20,000 descendientes obtuvieron la nacionalidad en 2023 en virtud del derecho de sangre y 30,000 en 2024.

Uno de ellos fue precisamente el presidente argentino, Javier Milei, que obtuvo la ciudadanía en diciembre durante un viaje a Roma mediante un procedimiento acelerado.

Aunque el economista ultraliberal cumplía los requisitos por sus ancestros calabreses, la medida desató indignación en la oposición que reclama a Meloni flexibilizar las leyes de ciudadanía para los migrantes.

El ministerio italiano también resaltó el caso de Brasil, donde 14,000 personas obtuvieron el pasaporte de Italia en 2022 y 20,000 en 2024.

Según un cálculo de la cancillería, con la ley que estaba en vigor hasta ahora, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían reclamar la nacionalidad italiana.

Fuente: El Economista

El flujo constante de armas ilegales introducidas de contrabando en Haití está alimentando un aumento de la violencia de las pandillas y provocando graves violaciones de los derechos humanos, según un informe de la ONU publicado el jueves.

Más de 4.200 personas fueron asesinadas de julio a febrero, y otras 1.356 resultaron heridas, según el informe. Fue emitido después de que William O’Neill, el experto del comisionado de derechos humanos de la ONU sobre Haití, visitara recientemente el problemático país caribeño.

Aunque gran parte de la violencia ha sido desatada por pandillas que formaron una coalición el año pasado conocida como “Viv Ansanm”, un número creciente de personas está siendo asesinado por grupos de autodefensa y turbas, incluidos al menos 77 presuntos miembros de pandillas asesinados en noviembre después de que hombres armados intentaran atacar una comunidad en la capital, Puerto Príncipe, según el informe.

También encontró que el número de personas muertas y heridas por las autoridades “se mantuvo extremadamente alto”.Más de 2.000 personas murieron durante operaciones policiales de julio a febrero, un aumento del 60% en comparación con los 1.253 asesinatos reportados de febrero a julio de 2024.

Aproximadamente el 73% de las víctimas abatidas por las fuerzas del orden eran presuntamente miembros de pandillas, pero el 27% “no estaban asociadas con pandillas y a menudo fueron alcanzadas por balas perdidas mientras estaban en las calles o en sus hogares”, dice el informe. Señala que en algunos casos, la policía abrió fuego desde vehículos blindados “donde la gente caminaba o vendía productos en las calles”.

También dijo que la policía ha estado supuestamente involucrada en ejecuciones sumarias de presuntos miembros de pandillas, sus familias, “o individuos que, al ser interceptados, no pudieron proporcionar identificación u ofrecer una explicación suficiente para su presencia en el área”.

El informe indicó que casi 1.000 armas de fuego pertenecientes a la Policía Nacional de Haití han sido desviadas en los últimos cuatro años, y que fuentes creíbles han dicho que los agentes están vendiendo armas en el mercado negro.

Un portavoz de la policía no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.

El informe indica que las pandillas también obtienen armas ilegales de empresas de seguridad privada que las utilizan.

En general, se estima que entre 270.000 y 500.000 armas ilegales están circulando por Haití.

Detectar y confiscar armas ilegales sigue siendo un desafío dado lo que el informe describió como una grave falta de financiación y personal en los departamentos de aduanas y policía de Haití, así como una falta de recursos y tecnología junto con corrupción y falta de supervisión.

Señaló que una misión respaldada por la ONU y liderada por la policía keniana para ayudar a combatir las pandillas en Haití cuenta con solo alrededor del 40% del personal de los 2.500 previstos.

Un oficial keniano, Samuel Tompoi Kaetuai, fue asesinado en febrero en la región central de Artibonite en Haití. Un segundo oficial, identificado por el gobierno de Haití como Benedict Kabiru, se considera muerto después de que desapareciera cuando las pandillas atacaron a su grupo el lunes mientras intentaban rescatar a policías haitianos atrapados en una zanja que, según las autoridades, fue cavada a propósito por hombres armados.

Fuente: El Día

#28May #Haiti @marianodealba: Haití: según un reporte de un experto de la #ONU, casi 1.000 armas asignadas a la Policía Nacional han terminado siendo vendidas en el mercado negro.
Estiman que hay entre 270.000 y 500.000 armas ilegales circulando en el país, y una parte…

— Reporte Ya (@ReporteYa) March 29, 2025

Según las autoridades Lether  tendría que pagar una condena de más de 20 años por los delitos de tráfico de armas y narcotráfico

El 28 de marzo de 2025, Carlos Lehder, uno de los fundadores del cartel de Medellín, aterrizó en Bogotá en un vuelo comercial procedente de Frankfurt, Alemania. Migración Colombia recibió al hombre de 74 años con una orden de captura por los delitos de tráfico de armas y narcotráfico.

“Migración Colombia dejó a disposición de la Policía a Carlos Enrique Lehder Rivas, ex cabecilla del cartel de Medellín. Lehder Rivas, quien llegó al país proveniente de Frankfurt, presentaba en nuestros sistemas de información una orden de captura vigente”, señaló Migración en su cuenta en la red social X.

De ser hallado culpable, Lehder Rivas tendría que pagar una condena de 24 años. Sin embargo, Sondra McCollins, abogada del exnarcotraficante, aseguró que antes de viajar a Colombia habían corroborado que el colombo-alemán no tenía ningún tipo de deuda en el país, lo que habría sido confirmado por la Fiscalía General de la Nación.

“Si es cierto que lo tienen retenido, debe estar mostrando la certificación en donde consta que Carlos Enrique Lehder Rivas no aparece en registro de vinculación a procesos penales”, aseguró McCollins a El Tiempo.

Para confirmar que el excapo no tenía ningún proceso penal activo con la justicia colombiana y “con el fin de salvaguardar el derecho fundamental de habeas data de terceros, se efectuó consulta, utilizando como criterio de búsqueda los datos exactos aportados en la solicitud con el nombre de CARLOS ENRIQUE LEHDER RIVAS y documento de identidad No. 19.082.128, NO aparecen registros de vinculación a procesos penales”, señaló el documento de la Fiscalía.

A pesar de las pruebas, el extraditado narcotraficante, que cumplió una pena de prisión de más de tres décadas en Estados Unidos, “quedó capturado y está siendo llevado a la sede de la Dijín. Le salió una notificación de una condena de 24 años”, dijo una fuente de la Policía Nacional al medio citado.

Carlos Enrique Lehder Rivas, oriundo de Armenia, Quindío, además de ser uno de los fundadores del Cartel de Medellín en los años ochenta y ser vital en la construcción del imperio del narcotráfico de Pablo Escobar, jugó un rol clave en la creación de las rutas del tráfico de cocaína.

Incluso, fue el responsable de planear la operación que cubría la ruta de exportación de cocaína desde Bolivia y Colombia, específicamente, a su isla Cayo Norman, donde tenía pistas de vuelo en las que despegaban los aviones repletos de droga a Canadá y Estados Unidos.

Asimismo, habría tenido participación en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que abogó por la investigación que rodeaba al Cartel de Medellín

“La razón por la cual continué sumergiéndome en el narcotráfico fue, mayormente, una amalgama de situaciones y una falta de moral en mi corazón. No tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, fui un bandido”, dijo durante una entrevista con W Radio.

Carlos Lehder también fue el primer gran capo en ser extraditado, en un momento en el que la reglamentación de este mecanismo le costó a Colombia cientos de víctimas.

El 4 de febrero de 1987 llegó a Estados Unidos donde fue sentenciado a cadena perpetua (137 años). A pesar de la dura condena en su contra, llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, para testificar y entregar información en contra del dictador panameño Manuel Antonio Noriega.

De esa forma, consiguió rebajar su pena a tres décadas, por lo que el 15 de junio de 2020 recobró su libertad y fue expulsado de territorio norteamericano. Desde ese año está viviendo en Alemania, el país de su padre, un antiguo espía nazi. Sin embargo, le había pedido al expresidente Juan Manuel Santos que le ayudara a ser repatriado. Según una carta que mandó a la Casa de Nariño, “quería morir en Colombia”.

Fuente: Infobae