La Constitución de la República ha terminado convertida en una montaña de letras muertas. La Revolución Bolivariana ha asesinado cada una de sus normas, destruyendo la forma republicana que los venezolanos nos dimos desde la primera Constitución, concebida en la mente y el espíritu de los padres fundadores de nuestra patria en el Congreso Constituyente de 1811.

La que alguna vez fue considerada, por sus promotores, una de las mejores constituciones del mundo hoy luce más desolada, violentada y muerta que las casas descritas por Miguel Otero Silva en su célebre obra Casas Muertas. Todo el acumulado de constitucionalidad y legalidad que habíamos construido como sociedad, ha sido arrojado al cesto de la basura por esta camarilla autoritaria, que usurpa el poder del Estado. Hemos terminado en una dictadura brutal y desgarradora, con la complicidad de quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento y vigencia de la Constitución.

Ahora, Maduro anuncia su reforma con el supuesto objetivo de lograr la “ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa y protagónica”. Solo a estos cínicos del “socialismo del siglo XXI” se les puede ocurrir anunciar una acción de esta naturaleza luego de haber destruido, sin el menor rubor, el texto constitucional y toda nuestra doctrina y cultura del Estado de derecho.

Lo que la camarilla roja entiende por “democracia participativa y protagónica” no es otra cosa que la desaparición del derecho a una democracia representativa con separación y equilibrio de poderes, así como la liquidación de cualquier órgano descentralizado y autónomo.

La idea de una reforma constitucional no es más que una maniobra para desviar la atención de la denuncia del grotesco fraude del 28 de julio de 2024, sumiéndonos en un debate sobre la vigencia de normas que, en teoría, deberían servir como dique ante el desbordamiento del poder, presente en la naturaleza de los seres humanos.

Precisamente para eso existen las constituciones: para frenar, equilibrar y canalizar el poder en sus diversas formas, garantizando los derechos de las personas y transformándolas en ciudadanos.

Lamentablemente, Venezuela cayó en manos de un grupo de personajes para quienes el poder no es un medio para servir a la sociedad, sino el fin mismo de su existencia. Buscan ejercer un poder omnímodo e ilimitado, destinado a satisfacer sus bajas pasiones y su concupiscencia.

Maduro y su camarilla han instaurado una dictadura, aprovechando el asalto que Chávez hizo a los poderes del Estado mediante la Constituyente de 1999 y las falencias estructurales de la actual constitución , especialmente la preeminencia exagerada de la figura presidencial, consagrada en dicho texto.

Estos personajes del castrismo-chavismo no han necesitado reformar la Constitución para convertir la Asamblea Nacional en un remedo de parlamento, una caricatura de la institución legislativa. En nuestro país no hay Parlamento, sino la silueta de uno para justificar su supuesta existencia.

Mucho menos podemos decir que tenemos un sistema de justicia. Jueces y fiscales son, en realidad, comisarios políticos encargados de dar un barniz de legalidad a cualquier arbitrariedad que se les antoje en los círculos de poder.

El Estado federal y descentralizado, consagrado en el artículo 4 del texto constitucional, es una de las instituciones que lleva más tiempo fallecida. El texto dice: “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.”

En la cultura militarista, centralista y fascista de Maduro y su elenco, esta norma fue enterrada hace tiempo. Ya Chávez la había asesinado cuando confiscó a los estados y municipios sus competencias fundamentales y, sobre todo, su autonomía financiera. Luego se impuso la figura de los padrinos, una grotesca manera de desplazar a los líderes elegidos por los ciudadanos que no pertenecían al PSUV.

Que ahora, con la anunciada reforma, se termine eliminando gobernaciones y alcaldías no significa un cambio significativo en la vida cotidiana; esas entidades ya han sido anuladas en la práctica, aunque algunos actores políticos se desvelen en esta hora por acceder a alguna de ellas.

Podríamos extender estas líneas hasta escribir un ensayo sobre la letra muerta de la carta de los derechos humanos en nuestra Constitución. Derechos establecidos y adecuados a los tiempos, desde la carta magna de 1811 hasta la de 1999. Es, sin duda, la parte más violentada. Miles de muertos, presos, desterrados y arruinados son el balance de la presencia en el poder de los “socialistas del siglo XXI”. Los informes de la ONU revelan de forma indubitable las brutales violaciones a los derechos fundamentales hasta el punto de convertirse las mismas en crímenes de lesa humanidad.

Letra muerta es el debido proceso, al igual que todas las normas que protegen los derechos sociales y ambientales.

César Pérez Vivas

¿Necesita Maduro una reforma constitucional para avanzar en su usurpación y en el reforzamiento de su dictadura? Mi respuesta es NO.

La dictadura, con su. desconstitucionalización, ya está entre nosotros.  No pensemos que será en un plebiscito donde lograremos revertir esta tragedia. Eso no significa que no debamos denunciarla y cuestionarla. La dictadura dirá que su reforma obtuvo diez millones de votos.

De ahí la urgencia de expulsar del poder a los usurpadores para poder adelantar la verdadera reforma, la que permitirá la resurrección de la Constitución y el restablecimiento del estado de derecho.

«La democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás que han sido probadas» Winston Churchill

Hace ochenta años, cuando Europa emergía de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, los líderes aliados se reunieron en Yalta para trazar el mapa del nuevo orden global. El mundo quedó dividido entre la esfera soviética y el bloque occidental, un antagonismo que definiría la Guerra Fría. Hoy, ese mapa se está borrando y redibujando tantas veces que las líneas de conflicto ya no son ideológicas, sino algo más ambiguo: la lucha entre el autoritarismo populista y las democracias liberales.

Muy parecido al análisis que harían Max Weber (1864-1920) y Ernesto Laclau (1935-2014) de este momento. Weber, con su teoría sobre la burocracia y los tipos de dominación, nos recordaría que los populismos contemporáneos –desde Trump hasta Putin– han encontrado en la emoción y el carisma la clave para erosionar las instituciones democráticas. Laclau, por otro lado, nos diría que el populismo no es solo una estrategia de poder, sino una forma de articular demandas insatisfechas en torno a un “significante vacío”: un concepto flexible que puede unir a sectores sociales diversos bajo una narrativa común.

Tomemos a Vladimir Putin y Donald Trump como ejemplos. Aunque uno gobierna con mano de hierro en Moscú y el otro intentó desmantelar el sistema desde Washington, ambos comparten una estrategia común: desafiar el orden liberal y sustituirlo con un modelo en el que la política se basa en la lealtad personal, el desprecio por la burocracia y la movilización de un “pueblo” contra una “élite corrupta”. En el lenguaje de Weber, esto es la transición de una dominación legal-racional (basada en instituciones y reglas) hacia una dominación carismática (basada en la figura del líder como salvador).

Pero el populismo no se limita a la derecha. En América Latina, el chavismo en Venezuela usó la misma lógica que está empleando Trump 2.0: convirtió la democracia en un vehículo para instalar un poder absoluto. Laclau describiría esto como la construcción de una cadena de equivalencias, donde diversas demandas populares –económicas, identitarias, políticas– se agrupan bajo un solo enemigo: el imperialismo, la oligarquía o, en el caso de Trump, el “Estado profundo”.

Venezuela es el caso más ilustrativo de este choque global. Hugo Chávez supo articular el descontento social con una narrativa populista que le permitió consolidar el poder y, a la vez, integrarse en el bloque geopolítico de Rusia, China e Irán. En su momento, esta alianza se justificó en la retórica del antiimperialismo, pero hoy en día, sin una ideología comunista clara, lo que une a estos regímenes es el pragmatismo autoritario: una lógica en la que el poder se conserva a toda costa y la democracia es solo un obstáculo en el camino.

Aquí es donde Weber haría su advertencia: los regímenes autoritarios no solo sobreviven por el carisma de sus líderes, sino porque construyen burocracias eficientes para el control del poder. La maquinaria del Estado chavista-madurista, con su aparato militar y su red de inteligencia dirigida por Cuba, no es solo un capricho ideológico, sino una estructura racionalizada para sostener el régimen. Venezuela, en este sentido, no es un problema solo venezolano; es un nodo dentro de un sistema global de regímenes que han aprendido a gobernar con las reglas de la democracia para destruirla desde adentro.

Entonces, ¿qué significa esto para el mundo democrático? Si la Guerra Fría nos enseñó que el comunismo no era eterno, hoy deberíamos entender que el populismo autoritario tampoco lo es. Pero para combatirlo se necesita más que indignación: se requiere la construcción de un nuevo proyecto hegemónico. Laclau argumentaba que toda lucha política es una batalla por la hegemonía, es decir, por la capacidad de definir qué es el bien común. En Venezuela, por ejemplo, María Corina Machado ha sido el intento más serio de constituir una alternativa democrática que no solo se base en el rechazo al cabello-madurismo, sino en la articulación de una identidad popular que pueda competir con el relato autoritario.

Pero este desafío no es exclusivo de América Latina. En Estados Unidos, Europa y otras democracias, el populismo sigue erosionando instituciones y normas con la promesa de una política más “directa” y menos burocrática. Sin embargo, si algo nos enseña Weber es que la estabilidad de la democracia no puede depender del carisma de un líder, sino de la fortaleza de sus instituciones. Y si algo nos ilustra Laclau es que la democracia no puede ser solo una estructura vacía; debe ser un proyecto que movilice, emocione y ofrezca un horizonte de futuro.

El mundo necesita reconstruir su mapa político luego de 34 años del fin de la confrontación ideológica. No es suficiente con resistir el populismo autoritario; es necesario articular una visión democrática que inspire y convoque. Sin ello, la historia nos enseña que el vacío será llenado por quienes mejor sepan explotar el miedo y la incertidumbre.

El reto es claro: o redibujamos el mapa los demócratas o lo harán los autócratas.

Antonio de la Cruz