Familiares de presos políticos solicitaron este viernes 28 a la Fiscalía General de la República que se instale una mesa de diálogo para la revisión de cada uno de los casos, especialmente los «olvidados» en comandos policiales, y se otorguen liberaciones inmediatas y plenas.
La demanda formó parte de las exigencias planteadas por familiares y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en la llamada «Ruta por la Libertad y Justicia», que culminó este viernes 28 frente a la sede del Ministerio Público, al centro de Caracas. Los manifestantes también visitaron el Palacio de Justicia, la Defensa Pública, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Servicio Penitenciario.
En ninguno de estos organismos recibieron una respuesta concreta. Andreina Baduel, integrante del Comité, señaló que desde julio de 2024, tras las elecciones presidenciales, se han entregado ocho comunicaciones a la Fiscalía General y no han obtenido respuesta.
Recordó que hay más de mil presos políticos en todo el país, repartidos en penales civiles y militares, cárceles de máxima seguridad y comandos policiales. Pidió a la Fiscalía que procese las denuncias por torturas, tratos crueles e inhumanos, así como una investigación real y sanciones por los fallecidos bajo custodia del Estado, como su padre el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel.
«Reiteramos el patrón de persecución, tortura y violación sistemática a los derechos humanos de nuestras familias. Es oportuno recordar que parte de las represalias contra quienes nos atrevemos a alzar la voz es aislar e incomunicar a nuestros familiares mucho más», dijo Baduel.
Puso como ejemplo la situación de su hermano Josnars Adolfo Baduel, recluido en la cárcel de El Rodeo I (estado Miranda), quien fue castigado y no tienen comunicación con él desde hace un mes. Tampoco le reciben la paquetería o medicinas.
Otra veintena de presos políticos en ese penal, indicó el Comité, tienen 70 días sin comunicación con sus familiares.
Por su parte Sairam Rivas, pareja del exconcejal Jesús Armas, explicó que en este nuevo documento se plantearon 10 puntos al Ministerio Público:
- Liberación plena e inmediata de todos los presos políticos.
- Permitir las visitas a aquellos bajo condición de aislamiento prolongado.
- Acceso a atención médica de forma oportuna.
- Permitir la entrega, sin restricciones, de alimentos y medicinas en las cárceles.
- Garantizar el cumplimiento de condiciones dignas de reclusión.
- Detener el cese de traslados arbitrarios de presos políticos sin informar a sus familiares.
- Conocer las listas de todos los detenidos y el sitio donde se encuentran recluidos.
- Radicación de causas de los excarcelados en sus estados de origen.
- Revisión del dossier de los presos políticos en comandos policiales
- Instalación de una mesa de diálogo con familiares.
«Nosotros estamos dispuestos a entregar todas las pruebas que demuestran la inocencia, que demuestran que nuestros familiares no tienen que estar privados de libertad (…) Su deber no es solamente acusar e imputar, su deber también es investigar y garantizar la verdad», afirmó Rivas.
Presos políticos sin defensa privada
Valeria Somaza, hermana de Luis Somaza, dijo en la protesta que el viernes 27 de febrero el defensor público asignado al dirigente de Voluntad Popular le confirmó que se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide.
Somaza, quien fue detenido en su vivienda el pasado 12 de febrero, fue presentado a tribunales siete días después, indicó su hermana. El Tribunal Segundo con Competencia en Terrorismo ratificó la privativa de libertad y, además, denegó una solicitud para juramentar a un defensor privado, alegando que se necesitan la firma y huellas dactilares del detenido, pese a que está incomunicado.
«Pedimos que se le respeten sus derechos, sabemos que está encarcelado de manera injusta y pedimos que se respeten sus derechos, sobre todo a una defensa», dijo Somaza.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, apoyó las exigencias de los familiares y solicitó al fiscal Tarek William Saab que los tome en cuenta. «Aquí no hay delincuentes, aquí no hay terroristas, aquí no hay gente que está atentando contra el Estado. Creo que hay suficientes motivos y argumentos, como hoy se han expresado, para que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo establezcan una mesa de diálogo urgente».
El representante de Provea dijo que no se puede «normalizar» el aislamiento prolongado al que son sometidos los presos políticos y tampoco se puede obviar el sufrimiento de los familiares. «No es tiempo de reformar la Constitución, es tiempo de hacer cumplir la Constitución y el llamado es a restituir ese camino de dignidad y el derecho que todos tenemos a vivir con democracia».
Fuente: Tal Cual
