Se urde un entendimiento entre la Casa Blanca y el Kremlin para sellar el fin de la guerra, excluyente, no solo de la asaltada Ucrania, sino de Europa, cuyos países, especialmente los de la frontera Este, afrontan riesgo de agresiones similares.

Esta es una negociación tan a espaldas del invadido que, como premisa de entendimiento, el secretario estadounidense de defensa insta a Ucrania a olvidarse de su soberanía sobre los territorios asaltados por Rusia. La paz es deseable, pero no ésta, ensombrecida por la claudicación del presidente de la primera potencia militar del mundo ante el genocida del Kremlin. Un gesto evocador del apaciguamiento de Neville Chamberlain ante Hitler en la reunión de Múnich, en 1939, sin siquiera consultar a la invadida Checoslovaquia.

Para racionalizar esta sumisión, vergonzosa para los estadounidenses, Trump arguye que Volodomir Zelensky, “un comediante mediocre”, “comenzó una guerra que no podía ganar” y, además, “es un dictador” porque mientras resistía el ataque genocida de Rusia no ha convocado elecciones democráticas…Afirmaciones todas infames. Putin nunca se imaginó, ¿o tal vez lo esperaba? conseguir semejante justificación de su genocidio. La rehabilitación política que le concede Donald Trump compite con el apoyo material recibido de China, Corea del Norte e Irán.

Europa, aleccionada por las dos más terribles guerras de toda la historia, convergió en el camino de la convivencia democrática y pacífica. La materializó en 1992 en ese prodigioso ensayo civilizatorio que ha sido la Unión Europea. Privilegió lo cultural, económico, científico y el logro de una sociedad de bienestar, ajena totalmente al guerrerismo y con escaso propósito de fortalecerse militarmente.

Hoy, la amenaza rusa y el distanciamiento geopolítico de Estados Unidos, le imponen a la Unión Europea, ineluctablemente, embarcarse en una carrera armamentista, que sin duda sustraerá recursos de su propósito original de desarrollo humano.

Ramón Peña

Se anuncia un proyecto de reforma constitucional, como no es tema menor, de seguro esta será la primera de varias veces que nos referiremos a la cuestión, a medida que vayamos teniendo más elementos de juicio. Por lo pronto, empecemos por lo que podríamos considerar cuestiones previas, esas que uno entiende deberían valorarse antes de tomar una decisión.

Venezuela ha tenido veintiséis constituciones. En doscientos trece años y siete meses de historia republicana o, mejor dicho, de intentos de tenerla, sería a un promedio aproximado de ocho años y medio por constitución. La actual, con veinticuatro, ya supera el promedio, aún cuando sea discutible si su edad equivale a vigencia efectiva. En todo caso, hasta ahora es tercera. La superan la de 1830, con todos sus problemas a partir de enero de 1848 y claro, la de 1961 y conste que estas dos tienen la característica de haber servido de marco a gobiernos de distinto signo.

Esa fertilidad constitucional nos lleva a una pregunta inevitable. Históricamente, los venezolanos inconformes con el estado de cosas, hemos preferido cambiar la constitución en vez de intentar cumplirla. Eso siempre me ha llamado la atención. Si el país va mal, le echamos la culpa a una constitución que no se cumple, con la promesa de una próxima en que sí se cumplirá. Conocidos los resultados de esta especie de hábito nacional ¿no sería bueno intentar cumplir la Constitución que tenemos?

Cuando fue aprobada, la actual ley fundamental fue considerada “perfecta” por el mismo líder que cariñosamente la llamó “la bicha”, curiosa manera de elogiarla aún para alguien con el lenguaje del susodicho. Él mismo propuso extensa reforma en 2007 después de su reelección y a la mayoría del soberano no le pareció buena idea y se la negó, pero logró enmendarla luego para consagrar la reelección indefinida. Sus sucesores convocaron en 2018 una Constituyente estéril, infecunda porque no produjo reforma alguna, sino paralelismo legislativo en perjuicio de la República aquí y afuera, aunque provechosa a su interés de permanecer en el poder.

Lo sensato hoy, me parece, sería evaluar tras un cuarto de siglo, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar y qué deberíamos conservar de la Constitución y hacerlo a partir de una consulta verdadera y amplia, realmente amplia, a todos los sectores sociales, políticos, económicos, empezando por todas las universidades y las academias. ¿Con qué criterio? Me atrevo a proponer que el baremo sean los fines esenciales del Estado, establecidos en el artículo 3 de la misma Carta: “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía de cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.” Ver cuánto hemos logrado y cuánto no, por qué y qué tenemos que modificar para lograrlo. Es lo lógico, a menos que los fines hayan cambiado.

La comisión monocolor designada y los propósitos enunciados, demasiado parecidos al monólogo oficial y a la legislación dictada para ir formalizando a la reforma rechazada en 2007, cuando el gobierno era mucho más popular que hoy, no permiten atisbar que tales sean los propósitos.

En las areperas llaman viuda a la arepa sin otro relleno que su propia masa. Esta reforma sería una reforma viuda, pues sectaria en su concepción y en su comisión, vendría sin otro sabor que el oficialista, insípido ya por su continuada tendencia al monólogo y con dejo amargo por sus fracasos. Insípida, amargona y más bien flaca, porque bien se sabe que ya le faltan masas. Claro que mucho de mayor gravedad sería que Venezuela estuviera viuda de constitucionalidad.

Ramon Guillermo Aveledo

El filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, en su obra Meditaciones del Quijote, escribió: “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”.  Con esta cita del respetado pensador, busco comprender la difícil situación actual de nuestra Venezuela. Es esencial examinar que la persona humana tiene dos elementos fundamentales: su propia dimensión y el mundo, el entorno y el tiempo en el que vive; estos moldean y determinan su comportamiento. En ese comportamiento, los principios y valores (o antivalores) de la persona constituyen un pilar que guía sus pasos en medio de esas diversas circunstancias históricas, políticas, religiosas y económicas.

Los venezolanos hemos arribado a una situación de “autoritarismo cerrado”, para usar la expresión del reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, una dictadura total y descarnada que nos impide ejercer la ciudadanía.  El hecho de que se convoque a un nuevo evento electoral el próximo 25 de mayo, para elegir una nueva Asamblea Nacional, y adicionalmente, a los gobernadores de estado, no significa en absoluto que existan condiciones mínimas para la participación. Hoy en día, la situación política es mucho más grave que hace un año, cuando, desafiando la brutal arbitrariedad, nos organizamos y participamos en la elección presidencial.

Recordemos que la cúpula usurpadora lanzó contra la ciudadanía organizada, después del 28 de julio del 2024, la más brutal represión de la que tengamos memoria en un siglo. Jamás habíamos llegado a tener cerca de 3.000 presos, 5.000 perseguidos huyendo de sus hogares, más de 25 asesinatos frente a centros de votación o en las calles por exigir que se respetara el voto emitido en las urnas.

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La camarilla roja ha anunciado que solo podrán participar quienes reconozcan que Maduro es un presidente legítimo y legal. Esto equivale a decir que no hubo fraude y que el dictador ganó limpiamente las elecciones.  Eso nos impide a la inmensa mayoría de los ciudadanos ejercer la política y, por lo tanto, acudir a un evento de esa naturaleza.

Sin embargo, hay dirigentes, ciudadanos y sectores sociales que producto de circunstancias locales, de situaciones personales o familiares, creencias particulares o compromisos contraídos, consideran pertinente participar, ser candidatos, apoyar y votar en ese evento.

Ante estas circunstancias un buen amigo me interpela con la siguiente interrogante: ¿y qué ganamos con la abstención?  Le doy una primera respuesta con otra pregunta: ¿y qué ganamos con la participación?

¿Será que si participamos y ganamos la mayoría parlamentaria el dictador esta vez si la aceptará y se someterá a su control político y constitucional? ¿Será que no utilizará nuevamente la sala electoral para suspender diputados elegidos o no convocará otra ilegal Asamblea Constituyente? ¿Será que no terminará cerrándola como lo hizo con la elegida en diciembre del 2.015? ¿Será que acataran el mandato ciudadano y no cambiaran los resultados de las gobernaciones como ocurrió el 15 de octubre del 2017 en el Estado Bolívar cuando burlaron el triunfo de Andrés Velázquez?

La abstención o la participación, en tiempos de dictadura, no es una cuestión dogmática. Es un problema táctico en el marco de una estrategia.  Luego de habernos robado la elección presidencial y de habernos sometido a la despiadada represión descrita ¿cómo podemos participar?

Nuestra dirigencia fundamental está en la cárcel, en la clandestinidad o en el exilio. Más de 10.000 ciudadanos con los que organizamos la estructura electoral están presos, judicializados u hostigados. ¿Como les garantizamos su libertad e integridad si aceptasen regresar a ser testigos o miembros de una mesa de votación?

Nuestros movimientos políticos están ilegalizados, nuestros partidos conocidos están secuestrados por la dictadura con agentes obedientes a sus instrucciones. Aquí solo hay “tarjetas” (partidos) para quienes se sometan al sistema fraudulento establecido. Si osan cuestionarlo, de inmediato se les suspende su reconocimiento o validez. ¿Cómo se puede participar así?

A todo lo anterior se suma la ausencia de seguridad en los procesos constitutivos del evento electoral, por ejemplo, el REP, la ingeniería y el cronograma electoral.

A la pregunta qué ganamos con la abstención le vendría bien una segunda respuesta: ganamos dignidad, ganamos protección y ganamos recuperación.  Dignidad porque, de forma pacífica, repudiamos el ultraje cometido, y no le damos nuestro concurso a la simulación con la que pretenden decir que hay elecciones y democracia en nuestro país. Ganamos protección porque, luego de esta brutal arremetida, no exponemos a una nueva ola represiva a nuestros cuadros en todo el país, como tampoco a los escasos ciudadanos que puedan auxiliarnos materialmente.  Y ganamos recuperación porque, después de la ola de terror y persecución que nos han lanzado, debemos recuperar nuestras fuerzas afectadas espiritual, psicológica y materialmente.  La dictadura lanza de inmediato esa convocatoria porque sabe que su plan terrorista contra la sociedad democrática ha causado daños severos y quiere aprovechar esa situación para hacer la simulación.

Con sus ya conocidos agentes mercenarios y colaboradores, debidamente financiados y protegidos desde el poder, montan el evento para seguir controlando esas estructuras de poder, cuya verdadera base de sustentación son el fraude y las armas.

Nuestra línea es la resistencia pacífica hasta que la situación del país, la naturaleza del régimen, la resiliencia ciudadana y el contexto internacional generen las condiciones para lograr el regreso de la democracia.

César Pérez Vivas