«La paz exige cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad»

Juan Pablo II

Cuando Colombia firmó el acuerdo de paz con las FARC en 2016, el mundo lo celebró como un hito histórico. No era para menos: cerca de 95% de los combatientes dejaron las armas, una cifra sin precedentes en negociaciones de este tipo. Sin embargo, nueve años después, la violencia sigue escalando. Los grupos armados han crecido, el crimen organizado ha ocupado territorios abandonados y la seguridad se ha deteriorado.

Si la paz estaba bien diseñada, ¿por qué Colombia sigue atrapada en el conflicto? La respuesta está en las malas decisiones tomadas desde la firma del acuerdo -rechazado por el pueblo colombiano en el plebiscito-, decisiones que han reforzado los incentivos para que los violentos sigan ganando y el Estado siga perdiendo.

El error de dejar un vacío

Uno de los principios básicos de la seguridad es que cuando un actor deja un territorio, otro lo ocupará. Las FARC abandonaron regiones enteras tras el acuerdo y en lugar de que el Estado entrara a ocuparlas con presencia militar, instituciones y desarrollo, fueron copadas por disidencias y grupos criminales.

Imagínese un barrio donde la policía desaparece de un día para otro. Los criminales tomarán el control, porque saben que nadie los detendrá. Eso es exactamente lo que ocurrió en Colombia: sin una estrategia clara para reemplazar a las FARC con la autoridad del Estado, los incentivos para que grupos armados se expandieran aumentaron.

La estrategia de la «Paz Total»: una oferta sin condiciones

El actual gobierno de Gustavo Petro llegó con una nueva promesa: negociar con todos los grupos armados al mismo tiempo. La idea era que, si se sentaban a dialogar, la violencia disminuiría. Pero en la práctica, esto envió el mensaje de que era más rentable seguir delinquiendo que desmovilizarse.

Los grupos armados aprovecharon las treguas para fortalecerse, reclutar más combatientes y expandir sus operaciones a los largo de la frontera colombo venezolana con la anuencia del Cartel de los Soles. No se les exigió nada a cambio, ni siquiera cesar sus ataques a la población civil. El resultado: hoy la violencia en zonas colombianas como el Catatumbo, Cauca y Chocó está en niveles críticos, con desplazamientos masivos y una lucha brutal por el control territorial.

Lo que sí funciona: una combinación de presión y negociación

El acuerdo con las FARC tuvo éxito en parte porque siguió una estrategia que combinaba diálogo con presión militar. El gobierno de Juan Manuel Santos nunca cesó las operaciones contra la guerrilla mientras negociaba. Esto obligó a las FARC a buscar la paz como la mejor opción. Después de más de 52 años de conflicto, los costos de continuar la lucha armada superaban los beneficios de integrarse a la vida civil.

En cambio, hoy la estrategia del gobierno es invitar a los grupos armados a la mesa de negociación sin presión real. Cuando se eliminan las consecuencias de continuar en el crimen, la mejor decisión para estos grupos es seguir expandiéndose.

Colombia necesita cambiar las reglas del conflicto

Si el país quiere revertir la espiral de violencia debe modificar los incentivos que han permitido que los criminales sigan avanzando. Esto implica:

Recuperar el control territorial: las zonas ocupadas por grupos criminales deben ser retomadas con una estrategia clara que combine presencia militar con inversiones sociales.
Negociar sólo con reglas claras: cualquier diálogo debe estar condicionado a la reducción de la violencia y los grupos que no cumplan deben enfrentar consecuencias inmediatas.
Fortalecer las instituciones: sin jueces, fiscales y policías capaces de actuar, ninguna estrategia funcionará. La impunidad solo refuerza la violencia.
La paz en Colombia no es un sueño imposible, pero tampoco se logrará con ingenuidad. Mientras el Estado siga tomando decisiones que favorecen a los violentos, la población seguirá sufriendo las consecuencias. Para cambiar el destino del país, hay que cambiar las reglas que rigen el conflicto.

Antonio de la Cruz

Las opiniones emitidas por los articulistas  son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de Confirmado.com.ve

“Recuérdese que la naturaleza del tiempo histórico consiste en que no admite delimitación entre lo que en el tiempo cronológico se denomina pasado, presente y futuro”.

Germán Carrera Damas (Prospectiva… Alfa, 2018: 22).

No hay parto democrático en Venezuela. Aborto tras aborto sigue siendo la secuencia. El pueblo lo intentó en julio pasado con todas sus fuerzas y convicciones, pero el neonato fue asfixiado por los que simulan actuar dentro de la dinámica republicana y solo son la oligarquía de esta hora mustia, en el pasaje histórico de un intento revolucionario que en 1998 salió en procesión a recorrer, decían, las calles y cambiar, purificar a Venezuela, pero que -como una vez le oí decir al maestro Germán Carrera Damas- regresó la procesión a su lugar de origen sin haber cambiado nada.

Me atrevo todavía a acotar a lo mencionado que este período de dominio del chavomadurismomilitarismocastrismoideologismo, aderezado de incontinencia policial, nos ha llevado mucho más atrás, a aquellos tiempos en que las armas y la intemperancia dictaban la agenda patria.

¿Estamos ahora en el caudillismo otra vez? O en apariencia así trasluce, pero más bien visualizo a un complejo, un colectivo pernicioso que se fue estructurando desde 1992 o quizás antes, para el que los valores democráticos y la república no significan nada y no son -y es lo más grave- la Constitución ni la ley, ni el quehacer democrático ni la aspiración republicana obstáculos verdaderos para continuar depredando frívola y cínicamente al país, devenido una suerte de botín de guerra.

Cuán frágil puede ser y rememoro a Gadamer, la consciencia histórica de los pueblos y cuánta compulsión exhiben a ratos para convocar las taras que los han lacerado, quizás repitiéndose que todo tiempo pasado fue mejor.

Lo cierto es que el hilo democrático tejido desde 1958, puesto a prueba varias veces por la coyuntura de intentonas golpistas derrotadas y manipulado en los últimos años con aviesas maniobras electorales y acciones contrarias a la constitucionalidad, fue esta vez, sí, roto el 28J para, ya sin pudicia, usurpar al poder democrático y subrogarse la soberanía popular.

En efecto, al menos en las formas, desde 1958 y hasta la elección del 28 de julio de 2024 se acató el resultado y se cumplió con los procedimientos, nunca completa ni pacíficamente, pero en líneas generales así se percibió por los venezolanos e incluso las élites lo asumieron.

Ello dejó de ser así y no es necesario insistir para advertir que salimos de la constitucionalidad, la legalidad y la legitimidad y prevalecen las construcciones y posturas basadas en el control desde la fuerza de las armas y la sistemática violación de las garantías ciudadanas y especialmente el debido proceso.

Después de 25 años de persecución y descalificación de la estructura dirigente y de la sociedad civil, el conciudadano no se haya asistido por una propuesta conductora legítima, a la sola excepción de la figura de MCM. Sin embargo, nada queda de los sindicatos y colegios profesionales porque, al igual que los partidos políticos, fueron agredidos sus capitanes y sustituidos si acaso por alacranes y otros arácnidos.

Conversé con un amigo asesor de una empresa importante en el área del petróleo y me repitió lo que ya me había dicho gente de la construcción. No son líderes sino jefes de pandillas armados, demandantes de privilegios y todo tipo de canonjías, los cabecillas de los movimientos sociales e incluyo allí a los dirigentes gremiales, en su mayoría, impostores, esbirros y charlatanes.

Desinstitucionalizados, el país se ha convertido en un Estado anómico sin referentes ni parámetros que no se puedan negociar con dignidades públicas o por los burócratas bien ubicados que pululan en el ambiente y ello destaca más en el área de los cuerpos policiales y en los tribunales de cualquier área de competencia.
Desnudo, pues, anulado, victimado quedó el ciudadano que, en paralelo, ve opacarse a la república y en su sufrimiento entiende que es segregado, discriminado, criminalizado y desciudadanizado. Esa es la realidad de hoy en nuestra agónica Venezuela y es ante todos ya una verdad irrefragable.

El ciudadano ha perdido la fe en la democracia y teme haber perdido sus seguridades republicanas. Peor aún, se mueve entre la indignación, la depresión y la desesperanza. Se desciudadanizó, se margina de la cosa pública, está ofendido, maculado, irrespetado. Empero, no por ello debe quedarse al margen otra vez.

¿Hacia dónde vamos? La semana próxima, Dios mediante, avanzaremos unas ideas al respecto.

Nelson Chitty La Roche
nchittylaroche@hotmail.com
@nchittylaroche

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