Este viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sanciona a ocho funcionarios venezolanos que dirigen organismos económicos y de seguridad clave que permiten la represión y la subversión de la democracia en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, suscribe texto en su página web.

Las personas sancionadas, de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 13692, en su versión modificada, incluyen al presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., (PdVSA), la compañía petrolera estatal de Venezuela, y al ministro de Transporte de Maduro y presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA), la aerolínea estatal.

Además, la OFAC está sancionando a funcionarios venezolanos de alto nivel en el ejército y la policía que dirigen entidades con funciones en la ejecución de la represión de Maduro y los abusos de los derechos humanos contra los actores democráticos.

Junto con acciones similares tomadas hoy por socios, incluyendo Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, las designaciones de la OFAC demuestran un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano, y elevan aún más los esfuerzos internacionales para mantener la presión sobre Maduro y sus representantes.

«Desde las elecciones del año pasado, Maduro y sus asociados han continuado sus acciones represivas en Venezuela», dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith. «Estados Unidos, junto con nuestros socios afines, se solidariza con el voto del pueblo venezolano por un nuevo liderazgo y rechaza la fraudulenta pretensión de victoria de Maduro.»

FUNCIONARIOS VENEZOLANOS DE ENTIDADES ESTATALES Y MINISTERIOS
Los siguientes funcionarios venezolanos de entidades y ministerios de propiedad estatal están siendo designados de conformidad con la O.E. 13692, «Bloqueo de Bienes y Suspensión de la Entrada de Ciertas Personas que Contribuyen a la Situación en Venezuela», según enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela.

Héctor Andrés Obregón Pérez (Obregón) fue nombrado por Maduro en agosto de 2024 presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), la empresa petrolera estatal de Venezuela y fuente principal de ingresos y divisas de Venezuela. La OFAC sancionó a PdVSA en enero de 2019. Anteriormente, Obregón fue vicepresidente ejecutivo de PdVSA. Obregón también se desempeñó como director general del despacho del Ministerio de Comunicación e Información, director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social.

Ramón Celestino Velásquez Araguayán (Velásquez) es ministro de Transporte de Maduro desde mayo de 2023. Velásquez también es el presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA), la aerolínea estatal venezolana sancionada por Estados Unidos.

Félix Ramón Osorio Guzmán (Osorio) fue nombrado el 12 de noviembre viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Interior de Maduro. Anteriormente, Osorio fue comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela. El Ejército Bolivariano es uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB).

Funcionarios policiales y militares venezolanos

Los siguientes funcionarios policiales y militares venezolanos están siendo designados de conformidad con

E.O. 13692, «Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela» (Bloqueo de bienes y suspensión de la entrada de determinadas personas que contribuyen a la situación en Venezuela), en su versión modificada, por ser funcionarios o ex funcionarios del Gobierno de Venezuela.

Danny Ramón Ferrer Sandrea (Ferrer) fue nombrado el 12 de noviembre de 2024 viceministro del Sistema Integrado de Investigaciones Penales del Ministerio del Interior de Maduro. En este cargo, Ferrer ha sido responsable de la evaluación, control y supervisión de las unidades policiales de investigación, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. El CICPC es el mayor organismo policial nacional de Venezuela.

Douglas Arnoldo Rico González (Rico) es director del CICPC desde febrero de 2016. Según los informes, el CICPC ha cometido abusos sistemáticos contra los derechos humanos en Venezuela, incluidas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Rico fue sancionado por la Unión Europea por abusos contra los derechos humanos el 20 de abril de 2023.

Jhonny Rafael Salazar Bello (Salazar) se ha desempeñado como subdirector del CICPC desde el 19 de marzo de 2018. Abogados venezolanos han realizado denuncias públicas contra el CICPC por violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos bajo el mando de Rico y Salazar desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Manuel Enrique Castillo Rengifo (Castillo) fue nombrado el 16 de octubre de 2024 subcomandante del Comando Estratégico de Operaciones (CEOFANB) de la FANB. Anteriormente, Castillo se desempeñó como comandante de Regiones Estratégicas para la Defensa Integral Los Andes. El CEOFANB es una de las seis ramas de la FANB, cuyo mandato es ser el comando operacional de las operaciones estratégicas. Como mando operativo de las FANB, el CEOFANB también supervisa las tácticas de represión llevadas a cabo por las FANB.

José Ramón Figuera Valdez (Figuera) fue nombrado el 17 de octubre de 2024 comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) del distrito capital de Venezuela, tras haberse desempeñado anteriormente como segundo al mando de la ZODI del distrito capital. Bajo el liderazgo de Figuera, el distrito capital ha experimentado, según los informes, los niveles más altos de detenciones arbitrarias contra manifestantes desde las elecciones del 28 de julio de 2024. El 29 de julio de 2024, al menos ocho manifestantes y transeúntes fueron asesinados en el distrito capital, donde Figuera estaba al mando.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, en un 50 por ciento o más por ellos, individualmente, o con otras personas bloqueadas, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. A menos que lo autorice una licencia general o específica expedida por la OFAC, o que esté exenta, la normativa de la OFAC prohíbe, en general, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o en tránsito por este país) que impliquen bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otro modo.

Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen determinadas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de una acción coercitiva. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de dichas personas.

Las infracciones de la normativa de la OFAC pueden dar lugar a sanciones civiles o penales. Las Economic Sanctions Enforcement Guidelines (Directrices para la aplicación de sanciones económicas) de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones estadounidenses por parte de la OFAC, incluidos los factores que la OFAC suele tener en cuenta a la hora de determinar una respuesta adecuada a una aparente infracción.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de su capacidad para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN), sino también de su voluntad de retirar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.