El Gobierno de Venezuela dijo este martes que el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde el 8 de diciembre, está siendo procesado por supuestos «planes terroristas» que «comprometen» -aseguró- al presidente de Argentina, Javier Milei, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

«(Milei y Bullrich) han cometido un grave error y han dejado en el camino innumerables pruebas físicas que los comprometen en un plan terrorista», afirmó el canciller Yván Gil, sin precisar más detalles al respecto.

A través de Telegram, Gil afirmó que Milei y Bullrich «fueron descubiertos con las manos en la masa tratando de introducir elementos violentos en Venezuela».

Asimismo, aseguró que el gendarme detenido que «se quiso infiltrar» en Venezuela «está siendo procesado con pleno respeto al Estado de derecho y la justicia venezolana».

«Dejen ya la desesperación y asuman las consecuencias de su conducta que avergüenza al noble pueblo argentino», señaló.

Este martes, Bullrich acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de tomar rehenes extranjeros para «asegurarse su impunidad» de cara a la toma de poder del próximo 10 de enero, y prometió conseguir, «como sea», la vuelta a Argentina del gendarme, a quien considera un «prisionero de guerra».

«Creemos que están acumulando prisioneros», dijo Bullrich, a la radio Mitre, «para protegerse de haber robado un gobierno. Están capturando gente, turistas, gente normal y poniéndolos de rehén del régimen para ‘asegurarse’ la impunidad».

Según detallaron las autoridades argentinas, Gallo ingresó a Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse al estado venezolano de Táchira (oeste), con el «único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común».

De acuerdo con la pareja, María Gómez, de nacionalidad venezolana y residente argentina hace seis años, el gendarme fue trasladado en una «camioneta negra» por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).

Milei reclamó al Gobierno de Maduro la «inmediata liberación» de Gallo y se refirió a su detención como «secuestro ilegal».

«Fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo», expresó Milei. EFE

La Plataforma Unitaria exhortó a la Corte Penal Internacional (CPI) – que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país- a que documente las tres recientes muertes de detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio .

En un comunicado, las fuerzas democráticas pidió la CPI y, en general, a la comunidad internacional y defensores de derechos humanos que, ante «estos sucesos que hoy enlutan a familias venezolanas», documenten esos «dolorosos casos».

Este lunes falleció en la cárcel de Tocuyito, Osgual Alexander González Pérez, de 43 años, detenido el 1 de agosto junto con su hijo, de 19 años.

Este caso se sumó al de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, detenido el 2 de agosto junto con su esposa y fallecido el pasado jueves; y al de Jesús Manuel Medina Martínez, de 36, aprehendido el 29 de julio, quien murió el pasado noviembre, según organizaciones no gubernamentales.

La Plataforma Unitaria condenó que estas muertes bajo custodia del Estado que, «lamentablemente, han sido verificadas, por la falta de atención médica oportuna».

«La situación que sufren los presos políticos y comunes en las cárceles venezolanas son violatorias de los derechos humanos y se constituyen en delitos para quienes tienen la responsabilidad de brindar la debida y oportuna asistencia médica y no la garantizan».

«Esta denegación de acceso a la salud ha ocasionado la muerte de varios ciudadanos, a quienes se les negó la debida atención médica, a pesar de que, en muchos de los casos, han sido hechos públicos y notorios las solicitudes y denuncias de sus familiares», aseguró el bloque.

Por tanto, exigió la libertad de «todos los presos políticos» en el país caribeño -cifrados en 1.913 por la ONG Foro Penal- y «justicia para las víctimas y sus familiares».

Este martes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) abogó porque la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) -que regresó de forma parcial al país tras su expulsión en febrero- interceda para que se liberen a todos los «presos políticos».

La Fiscalía informó este lunes que 533 personas detenidas en el contexto poselectoral fueron excarceladas, luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se sumaron, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.

Estas liberaciones se dieron en paralelo a nuevas detenciones, como las de dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz. EFE

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El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, afirmó este martes que el Gobierno colombiano lleva a cabo gestiones ante el Gobierno de Venezuela para que dé salvoconductos a los seis antichavistas refugiados desde marzo en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil.

«Estamos viendo la situación de la embajada de Argentina en Venezuela, que ahora la custodia la tiene Brasil, seis venezolanos que están en esa embajada», dijo Murillo en una intervención pública, y precisó que también Colombia se ofreció para custodiar este espacio diplomático después de que se presentara «ese incidente» entre Brasil y Argentina.

El canciller se refirió a la crisis venezolana en declaraciones a la prensa en el archipiélago caribeño de San Andrés, donde clausuró la ‘Cumbre de Pueblos Afrodescendientes del Caribe Occidental’.

«Yo fui a Brasil personalmente, por instrucción del presidente (Gustavo) Petro, porque logramos en nuestra conversación con el Gobierno de Venezuela que se dieran los salvoconductos a estas seis personas (…) ellos pedían que Argentina liberara una persona muy cercana al Gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glas en Ecuador», continuó el canciller.

Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), fue detenido en la Embajada de México en Quito tras haber recibido asilo diplomático por un caso de corrupción en el que está imputado en un escándalo político que enfrentó a los gobiernos ecuatoriano y mexicano.

El lunes, el Gobierno colombiano pidió al de Venezuela que se respeten los principios del derecho internacional en el caso de los seis antichavistas.

En un comunicado la Cancillería colombiana señaló: «Desde marzo de 2024, cuando surgió este incidente, tanto Brasil como Colombia han ofrecido sus buenos oficios para garantizar la protección y asumir la custodia de dicha sede diplomática, así como para brindar protección internacional a quienes se encuentran allí en calidad de asilados políticos».

Temas confidenciales

En este contexto, Murillo dijo: «Nosotros no podemos en las redes sociales estar diciendo estos temas diplomáticos, son confidenciales, y no pueden salir a decir que no hemos hecho nada cuando no tienen la información, o tienen desinformación o información incompleta».

El canciller defendió la postura de Colombia frente a la crisis venezolana tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, calificada como ambigua por algunos críticos, y aseguró que «desde el primer momento se estableció una conversación directa con la oposición venezolana, con el Gobierno venezolano» y que han tenido una posición «clara».

«Hemos dicho que tenemos nuestras dudas y reparos sobre lo que pasó en el proceso electoral (…) qué más quieren que hagamos, qué más quieren que digamos», cuestionó.

El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) criticó el domingo el silencio del país frente a la situación de los asilados en la embajada de Argentina en Caracas.

«El Gobierno colombiano no ha dicho ni una palabra frente a la oprobiosa situación que el régimen de Maduro le ha impuesto a la embajada de Argentina», manifestó Santos, Premio Nobel de Paz en 2016, en su cuenta de X.

El exmandatario cuestionó la postura en este caso de Murillo y señaló: «Esa posición ambivalente está saliendo cada vez más costosa. Es cuando un canciller con carácter debe imponerse, a menos de que quiera seguir de alcahueta».

A pesar de la cercanía de Petro con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, las elecciones presidenciales de Venezuela pusieron de manifiesto las diferencias de criterio entre ambos presidentes, cuando el primero cuestionó la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado, que le impide ejercer cargos de elección popular hasta 2036.

Tras las elecciones, la postura de Petro ha sido insistir en que no reconocerá la victoria de Maduro hasta que se publiquen las actas electorales. EFE