El bloque comercial del Cono Sur debería avanzar hacia una zona de libre comercio y hacia la celebración de tratados con otros bloques regionales
Cuando los presidentes de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron la Declaración de Iguazú en 1985 y sus sucesores rubricaron el Tratado de Asunción en 1991, todos esos mandatarios soñaron con un bloque de naciones que configurase casi un solo país, con libre circulación de personas, bienes y servicios. También imaginaron la creación de una potencia mundial que pudiese gravitar en la política y los mercados globales.
Cuarenta años más tarde, ese sueño aún no pudo concretarse. Apenas una unión aduanera imperfecta, dominada por poderosos intereses de los dos socios mayores que impidieron la competencia entre sí y la adaptación de sus jugadores a las exigencias de un mercado ampliado. Tras la muralla protectora del Arancel Externo Común (AEC), solo fue posible desarrollar un comercio limitado a sectores que no brindasen riesgos a los incumbentes, como el trigo, los cultivos regionales, ciertas materias primas (petroquímica, química, hilados) o las operaciones “intercompany” entre afiladas multinacionales. El 60% del Mercosur es industria automotriz, regida por sus propios acuerdos, mientras que sectores enteros fueron objeto de restricciones no arancelarias por considerarse “sensibles” (calzado, indumentaria, juguetes, papel). Otros, directamente excluidos, como el azúcar, protegida desde 1876, los celulares, los televisores, los hornos eléctricos y la “línea blanca” de Tierra del Fuego, protegidos desde 1972.
La barrera externa ha sido tan abusiva, que puede alcanzar al 35%. El Gobierno redujo hace poco esa protección inaudita a 89 productos, incluyendo neumáticos, motos, pequeños electrodomésticos, café, cremas solares y garrafas de gas, entre otros.
Como consecuencia, el Mercosur se ha convertido en un “perro del hortelano” que no comercia por fuera ni en la casa de su amo. Sus miembros casi no exportan bienes industriales porque no son competitivos y solo colocan en el exterior porotos de soja, mineral de hierro, derivados del petróleo y otros productos primarios a China, Estados Unidos y Europa principalmente. A su vez, importan bienes de capital, productos químicos, partes de autos y combustibles, también de esos países.
La integración comercial de la UE con el Mercosur permitiría crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de 770 millones de habitantes
La unión aduanera, a diferencia de la zona de libre comercio (ZLC), tiene un arancel común que solo puede modificarse por unanimidad. De esa forma, los integrantes carecen de independencia para celebrar tratados de libre comercio (TLC) con terceros países, como lo hacen Chile, Colombia o Perú. Por eso Javier Milei desea transformar el Mercosur en una ZLC, aunque Brasil (y sus industriales) prefieren mantener la situación actual y evitar la eliminación del arancel externo.
El pasado 6 de diciembre se anunció en Montevideo, en la LXV Cumbre del Mercosur, un demorado acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, luego de 25 años de negociaciones. La presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subraya la importancia que tiene para Europa abrir mercados a sus industrias, garantizar su seguridad alimentaria (soja, arroz, carnes y pescados), hacerse de minerales críticos para la transición energética (litio, cobre, hierro, cobalto, uranio) y contar con hidrocarburos.
Ello en un contexto muy difícil para sus miembros por la contracción económica, el riesgo de mayores tarifas en Estados Unidos, la competencia de productos chinos y la dependencia energética. La integración comercial de la UE, con sus 27 miembros, casi 500 millones de habitantes y un PBI de 18 billones de dólares, con el Mercosur, con 270 millones de habitantes y un PBI de 4.5 billones de dólares, permitiría crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de 770 millones de habitantes.
El eventual acuerdo, impulsado por Alemania y Brasil –este último para dilatar la propuesta aperturista de Milei– aún necesita aprobación del Parlamento Europeo y, luego, de las legislaturas de cada país. Francia, siempre asediada por sus “tractores amarillos”, se ha opuesto y tratará de formar una minoría de bloqueo con Polonia, Irlanda, Países Bajos y Austria. Se requiere una mayoría calificada (no unanimidad) de 15 estados que representen el 65% de la población para el refrendo y la posición de Italia será decisiva, aunque se presume que Giorgia Meloni lo apoyará si obtiene garantías de controles y mecanismos de compensación.
Europa tiene urgencia en concretar este acuerdo, pues está perdiendo gravitación a nivel global y en América Latina, donde la presencia de China en proyectos de infraestructura (como el reciente puerto de Chancay en Perú o las represas en el río Santa Cruz) puede malograrle una oportunidad única en materia de su seguridad alimentaria, energética y fabril
Entre otras objeciones, se menciona el daño ambiental, pues los productores europeos se quejan por los elevados costos de cumplir con las reglas comunitarias, mientras la expansión de la frontera agrícola en Brasil ha provocado una deforestación descontrolada. A su vez, los países del Mercosur deberán adherirse al Acuerdo de París sobre cambio climático, obligándose a detener la deforestación a partir de 2030.
Pero Europa tiene urgencia en concretar este acuerdo, pues está perdiendo gravitación a nivel global y en América Latina, donde la presencia de China en proyectos de infraestructura (como el reciente puerto de Chancay en Perú o las represas en el río Santa Cruz) puede malograrle una oportunidad única en materia de su seguridad alimentaria, energética y fabril.
Si Brasil no lo utiliza como “proyecto tapón” frente a los objetivos estratégicos del gobierno argentino, será un catalizador externo que forzará cambios en la dinámica anquilosada del Mercosur, atrayendo inversiones, ahora impensables, en sectores que puedan expandirse para atender el mercado ampliado. La existencia de un tratado internacional, con reglas de juego estables, configura un marco institucional de indudable seguridad jurídica para el ingreso de capitales. Se abrirá así un período de reconfiguración del perfil productivo nacional, con la expansión de áreas novedosas y también, de reconversión de industrias existentes. Además, es compatible con la reforma del Mercosur y su transformación en ZLC, pues la Unión Europea no busca la protección regional.
Hay quienes cuestionan su impacto negativo sobre el empleo industrial por la dificultad de competir en serio con los países europeos y con Brasil. Pero fija un cronograma de 5, 10 y 15 años hasta llegar al arancel cero. Entretanto, los empresarios nacionales tendrán tiempo de reformular sus planes de negocios, incorporando capital privado, abriéndose al público, fusionándose o asociándose con otros que les agreguen gestión, tecnología y distribución. Las multinacionales ya saben, por estar en su ADN, adaptarse a cambios como los que se avecinan. Ese esfuerzo debe comenzar ya, pues también será indispensable si se reformase el Mercosur y se celebrasen tratados de libre comercio.
La Argentina debe aprovechar el contexto mundial para potenciar sus fortalezas en lugar de dilapidarlas en los bolsillos de la corrupción y de los grupos de interés
Un factor muy relevante para que la transición sea exitosa, será la reducción de costos originados en el Estado, como la presión fiscal y el costo laboral, que hemos denominado “costo peronista” por el sistemático rechazo de los legisladores justicialistas a votar propuestas para reducirlo y de sus gobernadores por achicar gastos e impuestos provinciales. Habituados al vetusto esquema de déficit fiscal y sustitución de importaciones, donde la acumulación de costos traslada a precios los abusos sindicales, la industria del juicio, el gasto público y los privilegios regulatorios, no conciben un país competitivo, creador de empleo en blanco y con espaldas para financiar, con crecimiento, las prestaciones públicas que las familias demandan. Sin duda, se alinearán con Brasil para mantener el Mercosur actual y usarán el “costo peronista” como blindaje del statu quo ante cualquier intento de cambio. Al impedir que se “nivele la cancha” para que la industria pueda competir con menores costos, podrán atraer a los perdidosos con su discurso proteccionista.
Su actitud también impacta en el riesgo país y, por tanto, en el costo del capital para viabilizar la reconfiguración productiva, pues afecta la percepción acerca de la sustentabilidad política de las reformas. El interés del gobernador Axel Kicillof por cargar con Aerolíneas Argentinas confirma ese diagnóstico.
La Argentina debe aprovechar el contexto mundial para potenciar sus fortalezas en lugar de dilapidarlas en los bolsillos de la corrupción y de los grupos de interés. Y mientras negocia el acuerdo con la UE, debe recuperar la independencia de su política exterior con la reforma del Mercosur, transformándolo en zona de libre comercio para celebrar TLC a su conveniencia.
Editorial de La Nación
