Este lunes, 9 de diciembre, se cumplen 10 meses de la arbitraria detención de la abogada venezolana-española Rocío San Miguel, directora Ejecutiva de la Asociación Civil Control Ciudadano, la cual tiene por objeto, entre otros ser núcleo de discusión ciudadana sobre temas de la seguridad, la defensa y la fuerza armada nacional.
A propósito de la fecha, su abogado defensor, Juan Luis González Taguaruco, escribió el siguiente artículo de opinión:
El próximo 9 de diciembre se cumplirán 10 meses de la injusta detención de Rocío San Miguel,
técnicamente objeto de una detención arbitraria, cuando se disponía a viajar al exterior con su
única hija, Miranda, por un periodo de ocho días.
La detención efectuada en Maiquetía fue seguida de su desaparición forzada por tres días, la cual
fue seguidamente protestada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, generando la ira del poder y la suspensión inmediata del país de esta
importante agencia de la ONU en Venezuela.
Injustamente acusada de graves delitos políticos, entre ellos intento de magnicidio, todos sus
familiares directos que viven en Venezuela han sido obligados a no dar declaraciones a los
medios de comunicación sobre el caso, por prohibición expresa de un Tribunal, so pena de ser
también privados de libertad.
Ochenta horas después de la detención de Rocío, sin haber recibido noticias de las razones de su
detención, no se le permitió ponerse en contacto con su familia, ni con su abogado de confianza,
situación que en abierta infracción al orden constitucional se mantiene, a la fecha.
Desde el momento de su arbitraria detención, se le ha violado el derecho a la defensa,
presupuesto de legitimidad de todo proceso y, particularmente, del proceso que se le sigue,
habida cuenta que no ha tenido acceso al expediente ni al escrito de acusación; no ha tenido una
entrevista personal y privada con la abogado de la defensa pública que le fuera designada, y
desconoce si ha realizado algún acto de defensa, por cuanto no ha tenido ocasión de ver y
examinar los escritos que debió consignar en el Juzgado la profesional del derecho a cargo de su
defensa, además de la insólita situación que la Audiencia Preliminar de Rocío fue realizada sin
que ella estuviera presente en el acto.
A San Miguel se le ha negado la asistencia consular transgrediendo la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares al tener doble nacionalidad (venezolana – española), sin perjuicio de
la infracción abierta de los lapsos para la realización de los actos del proceso, retardos
injustificados en la fase intermedia y, ahora, en la fase de juicio, fijado esta vez para el día 18 de
diciembre, donde damos por hecho se autorizará la constitución de la defensa técnica que
permitirá solicitar la revocación de la medida de privación judicial de la libertad de Rocío,
pedimento que debería ser estimado como consecuencia del ejercicio de la autonomía e
independencia del Poder Judicial, propio de una democracia.
Recordemos que, como fue afirmado por el Ministerio Público en medios de comunicación, los
elementos en los que se fundamenta la acusación de Rocío están relacionados con el hallazgo de
su número de contacto en el directorio del equipo telefónico de un militar detenido, y que,
además, su nombre aparecería en una orden de operaciones presuntamente elaborada por otro.
Ambos son actos unilaterales, que no dan cuenta del conocimiento o aceptación de Rocío San
Miguel, aquiescencia o cualquier clase de acuerdo con estos planes, los cuales ella rechaza
enfáticamente, además de no conocerles ni de vista, trato o comunicación a ninguno de ellos.
Es así como a Rocío San Miguel se le acusa de estar involucrada en la trama denominada
“Brazalete Blanco”, en la que presuntamente se encuentran detenidos desde enero del presente
año, casi 40 militares, siendo ella la única mujer civil injustamente vinculada y encarcelada, sin
medios probatorios y sin haber cometido delito alguno.
El caso de Rocío San Miguel es emblemático por tratarse de una de las más importantes
defensora de derechos humanos en Venezuela. Es experta en temas de seguridad y defensa
nacional y voz firme en la exigencia del respeto a la Constitución por parte de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. Rocío ha luchado
siempre por el fortalecimiento de las instituciones, de la democracia y por el respeto a los
derechos humanos siendo, desde el principio, crítica en numerosas ocasiones de las decisiones de los
poderes públicos, expresando siempre sus posiciones con respeto a la dignidad de los
funcionarios del Estado, por lo que nadie puede acusarla de irrespeto a las autoridades o de
participar en movimientos insurreccionales, atentados, actos terroristas o cualquier otro acto que
lesione la vida o la dignidad de las personas, así como el funcionamiento de las instituciones.
El proceso actual contra Rocío no es más que el reflejo de la brutal represión con la que se
castiga en Venezuela a disidentes y críticos, lo cual no es, ni puede ser, modelo de paz para
ningún país.
Próximos a conmemorar el 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos y, el 15 de
diciembre, los 25 años de la vigencia de la Constitución de Venezuela (1999), abogamos desde
esta tribuna por la libertad de Rocío San Miguel y de todos los presos políticos en el país,
recordando que el número de encarcelados por razones políticas e ideológicas es directamente
proporcional a la legitimidad de un gobierno en el poder.
Una buena manera de honrar los 25 años de la Constitución es celebrar un país sin presos
políticos. Recordemos que hasta el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías fue
beneficiado con un indulto por delitos políticos en 1994. El gesto más significativo que puede
realizar el gobierno en funciones, en este momento, es liberar a inocentes, como es el caso de mi
defendida, Rocío San Miguel.
Sobre Rocío San Miguel:
- Rocío San Miguel es abogado especialista en Derecho y Política Internacional por la
Universidad Central de Venezuela, magister en Seguridad y Defensa Nacional del IAEDEN y
magister en Política de Seguridad del Instituto Gutiérrez Mellado de España.
- Al servicio de la administración pública de su país, San Miguel ha sido investigadora de la
Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y consultor jurídico del
Consejo Nacional de Fronteras. Ha sido profesora de las Escuelas Superiores de la Armada, de
la Aviación, de la Escuela de Posgrado de la Guardia Nacional y del Centro de Estudios
Militares Avanzados.
- Antes de ser detenida se desempeñaba como profesora de Derecho Internacional Humanitario
en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
- Durante los últimos 32 años de su carrera, los primeros de ellos, al servicio de las instituciones
del Estado y luego al frente de Control Ciudadano, se ha dedicado al seguimiento y estudio de
los temas de seguridad y defensa desde la perspectiva del fortalecimiento democrático y el
respeto a los derechos humanos.
- Desde el año 2016, San Miguel ha venido abogando por la necesidad del fortalecimiento
institucional del Estado, el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, así como la necesidad de
diálogo y reconciliación nacional para Venezuela.
- La trayectoria de Rocío San Miguel siempre ha estado con la Ley, a la vista del país y siempre
ha expresado el deseo de contribuir, desde su conocimiento y estudio, a participar como
sociedad civil en los procesos de diálogo para contribuir en aras de la paz y el progreso de
Venezuela.
- San Miguel cuenta con medidas de protección a su favor y de su hija, dictadas en el año 2012
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que haya sido posible que el Estado las
cumpla.
- En el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia a su favor por
discriminación política en su contra, entre otros derechos vulnerados, ordenando al Estado
venezolano repararla, sin que haya sido posible, hasta la fecha.
Juan Luis González Taguaruco, abogado de Rocío San Miguel
