La ONG Acceso a la Justicia publicó este miércoles un análisis sobre el proceso de intervención a la Cruz Roja Venezolana y condenó que este sea otro «abuso de las potestades cautelares de la Sala Constitucional».

Así lo suscribe una nota de prensa, en la que destacó que el TSJ cerró el caso luego de que la junta directiva ad hoc que le impuso cumpliera con las instrucciones que le giró, reformara los estatutos de la organización y celebrara unas elecciones para renovar a sus autoridades.

«Sin embargo, en este cierre se han mantenido las violaciones a la libertad de asociación y las extralimitaciones a las potestades cautelares del TSJ que se registraron al inicio».

Un proceso viciado

Expuso que la elección de Luis Farías como presidente de la Cruz Roja Venezolana fue el resultado de una asamblea extraordinaria, en la que participaron «más de 750 voluntarios» de las «41 filiales de todo el país de la Cruz Roja Venezolana», luego de décadas «sin posibilidad de participar y poniendo fin al proceso de reestructuración», según un comunicado.

Pero este proceso nació de una decisión cautelar de la Sala Constitucional que «vulneró principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, el principio de legalidad y el derecho a la asociación».

La destitución de la cuestionada directiva encabezada por Mario Villarroel decretada por la Sala Constitucional vino precedida por una serie de denuncias formuladas por el ahora ministro del Interior, Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

El funcionario declaró lo siguiente el 19 de junio de 2023:

«Hay un señor que tiene más de 40 años en el mismo cargo y no hay forma ni manera de que haya elecciones [en la Cruz Roja] (…) Se llama Mario Villarroel, sin elecciones ni ningún tipo de renovación y nos llaman dictadores a nosotros. (…) Él conspira desde allí, ha llegado a controlar magistrados [del TSJ] y quiere dejar ahora a su hijo, porque la cosa es hereditaria».

Acto seguido, el Ministerio Público abrió una investigación contra Villarroel, pero en lugar de realizar citaciones y pesquisas, acudió al TSJ para pedir la remoción del señalado y de sus colaboradores más cercanos.

Sin que se les permitiera defenderse, los señalados fueron destituidos, y, sin consultar o escuchar la opinión de los miembros y voluntarios que laboran en la Cruz Roja, la Sala Constitucional aceptó la petición fiscal, designó al expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, como presidente de la directiva ad hoc y le dio el poder de nombrar al resto de los directivos, al tiempo que le ordenó reestructurar la institución.

Con estas acciones, la instancia encargada de interpretar el texto fundamental vulneró los derechos a la defensa, al debido proceso y a la asociación tanto de los destituidos como de los miembros de la Cruz Roja, sentenció Acceso a la Justicia.