El gobierno venezolano rechazó los cuestionamientos del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por la falta de «implementación concreta leyes y prácticas» para proteger derechos de civiles.
El Gobierno de Venezuela confirmó la reactivación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el territorio venezolano, que fue expulsada en febrero por supuestos sesgos en su labor, según el Ejecutivo.
A través de un comunicado, el Gobierno respondió a las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien instó el lunes a Caracas a permitir que los representantes expulsados entren a Venezuela para reactivar la oficina suspendida de labores, como se había prometido «previamente por escrito», y urgió al Ejecutivo a «cooperar de manera más tangible» con la fiscalía de la CPI.
Venezuela consideró «preocupante» que el fiscal de la CPI «no haya sido puesto al tanto de estos avances» al asegurar que la reactivación de la oficina de Acnudh fue concretada el pasado noviembre.
Venezuela aseguró que ha informado «oportuna y ampliamente» a la fiscalía de la CPI sobre «todas las medidas adoptadas en el orden interno» para avanzar en el «cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma, así como los alcanzados en los dos memorandos de entendimiento suscritos con la Fiscalía».
En febrero, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica del Acnudh, establecida desde septiembre de 2019, al considerar que «instrumentalizaron» su trabajo en contra del Ejecutivo.
Sin embargo, dos meses después Maduro invitó a la oficina del Acnudh a que volviera a Venezuela y propuso superar «las diferencias», una vuelta que se concretó más de medio año después.
Gobierno rechaza discurso del fiscal de la CPI
El Gobierno de Venezuela rechazó el discurso del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien reprendió al Estado del país suramericano por la falta de «implementación concreta de leyes y prácticas» para proteger los derechos de los civiles, a la vez que advirtió que las investigaciones del alto tribunal «siguen en curso y están activas».
El Ejecutivo aseguró, a través de un comunicado, que las autoridades venezolanas «han informado «oportuna y ampliamente» a la Fiscalía de la CPI «sobre todas las medidas adoptadas en el orden interno para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Estatuto de Roma, así como los alcanzados en los dos memorandos de entendimiento suscritos» por las partes.
En su discurso en la reunión anual de países-miembros de la CPI, celebrada este lunes, el fiscal Khan insistió en «la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”.
El Gobierno, por su parte, rechaza que en el país haya «presos políticos» y asegura que los detenidos durante las protestas poselectorales tienen delitos, en su mayoría, por supuestos actos de «terrorismo».
Pese a las discrepancias, el Ejecutivo invitó al fiscal de la CPI a visitar nuevamente el país y a «seguir abordando de manera directa y constructiva los compromisos mutuamente adquiridos en el ámbito de la complementariedad positiva».
La CPI desestimó en marzo el recurso en contra de la reanudación de la investigación abierta en noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cuyo Gobierno había recurrido al «principio de complementariedad» -que debe evitar que se solapen investigaciones- para pedir el cierre del caso abierto en la Fiscalía del tribunal internacional.
En este sentido, Khan recordó que «la pelota está en el campo de Venezuela» y advirtió que el camino de la complementariedad se está agotando».
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