Mientras el municipio de Candelaria, en Valle del Cauca, llora a Sofía Delgado, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado este jueves tras haber estado desaparecida durante 18 días, nuevos detalles salen a la luz del caso que ha conmocionado a Colombia.
Brayan Campo es el nombre del asesino confeso del crimen. Vecino de la familia Delgado en el poblado de Villagorgona, a pocos kilómetros de la ciudad de Cali, este hombre de 32 años raptó a la menor el 29 de septiembre, la mató y transportó el cadáver a un cañaduzal. Allí la enterró, según la versión que ha dado a las autoridades.
En una audiencia privada, la Fiscalía General de la Nación le ha imputado en la tarde de este viernes los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y ocultamiento de pruebas, los cuales ha aceptado.
Aunque el instituto de Medicina Legal aún está haciendo los estudios para confirmar los detalles de la muerte de Sofía y definir si hubo violencia sexual —una hipótesis que barajan las autoridades—, los ojos de la opinión pública recaen ahora sobre la justicia.
Los delitos que le imputa la Fiscalía, de ser hallado culpable en el juicio, podrían sumar más de 50 años de prisión. El ente acusador le pidió al juez que la otra sospechosa inicialmente capturada, la pareja de Campo, fuera puesta en libertad, al no haber encontrado pruebas que la vinculen con el crimen.
El perfil de Campo ha puesto en alerta a la comunidad. Por un lado, los medios locales han dado a conocer que cargaba sobre su espalda una acusación por presuntamente haber violado a otra menor en 2018, razón por la que estuvo detenido preventivamente en la cárcel durante un año. En ese caso, quedó en libertad por vencimiento de términos. Por otro lado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló que horas antes de la desaparición de Sofía, Campo intentó raptar a otra menor en su tienda de mascotas.
El 29 de septiembre, Sofía salió de su casa en Villagorgona para comprar alimento para su mascota. La tienda, que pertenece a Campo, estaba a unas pocas cuadras. Una cámara de seguridad muestra a la niña de camino al local en donde, según señala el presunto autor en su relato —al que accedió la revista Semana—, la encerró y posteriormente la golpeó en la cabeza.
El hombre, siempre según su versión, no abusó sexualmente de ella, sino que la llevó de inmediato a un cañaduzal —una plantación de caña de azúcar— cerca del poblado, en donde la enterró.
Casi tres semanas después, la Policía halló el cuerpo, que corresponde “en un 99,9%” con el ADN de la menor, explicaron las autoridades.
Cristian Delgado, el padre de Sofía, ha dicho este viernes a los medios de comunicación que Campo “no era del municipio”.
“Creo que recién había llegado. Pasábamos todos los días por el local, pero nunca llegamos a tener trato con ellos”, ha indicado.
Por su parte, Lady Zúñiga, la madre, lamentó el asesinato de su hija: “Nunca en la vida me llegué a imaginar esto. En este caso nos tocó a nosotros. Le pido a Dios que se haga justicia, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”. En la tarde del jueves, una turba enfurecida entró a la fuerza para destruir la tienda y la casa de Ocampo. La alcaldesa del municipio decretó tres días de luto por la muerte de la menor.
El presidente Gustavo Petro ha condenado el suceso en la red social X: “Las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos. Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía”. Según datos de Medicina Legal, entre enero y agosto más de 370 menores han sido asesinados en Colombia.
Debate sobre la cadena perpetua
El asesinato de Sofía ha vuelto abrir en el país el debate sobre si se debe legislar para permitir condenas de cadena perpetua a abusadores y asesinos de niños, algo que en todo caso la Corte Constitucional ha dicho que no es válido, al tumbar una ley en este sentido en 2021. La primera en reflexionar sobre esto fue la gobernadora Toro, quien en su mensaje de condolencias a la familia Delgado, afirmó: “Debemos pensar en establecer la cadena perpetua para los monstruos que asesinan niños”.
La discusión llegó a la plenaria de este jueves en la Cámara de Representantes. El antioqueño Julián Peinado (Partido Liberal) y la santandereana Erika Tatiana Sánchez (Liga de Gobernantes Anticorrupción) pidieron, incluso, la pena de muerte, prohibida explícitamente en la Constitución, para los violadores de niños.
“Aquí hay que actuar con todo el peso de la ley. Por eso hay que modificar las normas, inclusive la Constitución si es necesario”, aseveró Peinado. Sánchez hizo un llamado a la Corte Constitucional y al Gobierno nacional para “ver qué se puede hacer jurídicamente para que la persona que toque a un niño tema por su vida”.
Fuente: El País
