María González no soltaba el cartel con la foto de su hijo Johanny Vásquez y el mensaje “libertad para los presos políticos”, aunque le dolía el pecho. Respiraba agitada y sus ojos se llenaban de lágrimas frecuentemente.
La hija de María es quien se encarga de ir a tribunales o hacer los trámites necesarios, tras la detención de Johanny el 29 de julio, en el contexto de las protestas poselectorales. “Tengo una presión en el pecho, me duele mucho”.
Las madres de los adolescentes y jóvenes detenidos en la represión poselectoral también se sienten presas. Ahora su vida está dedicada a insistir para lograr la libertad plena de quienes fueron aprehendidos arbitrariamente por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Los hermanos, hermanas, padres y otros parientes también padecen en carne propia la detención. La rutina en casa se detuvo, así como el ritmo laboral.
“Estamos desesperadas, sentimos impotencia, rabia y decepción cuando les dicen terroristas. Mi hijo tiene 16 años y si le meten 10 años de cárcel va a salir de 26 años, se ha perdido su vida ahí”, contó una madre entre lágrimas.
El sábado 28 de septiembre se cumplen dos meses desde que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales y se generaron protestas en Venezuela, entre el 29 y 30 de julio, en rechazo a los resultados electorales y para exigir que se publicaran las actas de los comicios.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó la detención de 158 adolescentes, 130 varones y 28 mujeres. Sin embargo, Nicolás Maduro refirió que eran más de 2000 detenidos, una semana después de las manifestaciones.
La mayoría de los jóvenes y adolescentes detenidos fueron imputados por terrorismo -entre 25 y 30 años de prisión- e incitación al odio -de 10 a 25 años de condena-. También se registran casos de aprehendidos víctimas de torturas o de desaparición forzada.
Sin respuesta de la defensa pública
Nérida Ruiz tiene preso a su hijo, de 16 años, quien está preocupado porque no podrá iniciar las clases en octubre. En la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Distrital Juan España, en El Valle, lo esperan para que curse sexto año. Además de sus estudios, el adolescente ayuda a su mamá con el cuidado de su hermanito, de dos años.
“Yo le digo a él que estudie porque eso es lo que pobremente uno le puede dejar, y que no estudie por estudiar, que aprenda bien. Él me dice que va a buscar un trabajo para ayudarme, porque yo soy madre soltera”, cuenta.
La madre recibió apoyo de su jefe, sin embargo, Nérida, quien trabaja como cajera en una mueblería, pidió sus vacaciones para dedicarse a lograr la libertad de su hijo. “Es fuerte porque vamos a los tribunales y no hay despacho, la fiscal salió de vacaciones y la suplente nunca está, no nos informan nada. Tenemos defensor público impuesto”.
Mientras Nérida se encarga de las visitas a su hijo mayor, una vecina cuida a su otro hijo, de dos años. Es madre soltera y contaba con el apoyo del adolescente para los cuidados del niño. “Mi hijo pequeño llama a su hermano por las noches y cuando lo ve en una foto que tengo en la casa lo va a buscar a su cuarto”.
Las hermanas también asumieron las riendas de los detenidos, para evitar crisis nerviosas en sus madres. Gabrielis Ramírez, de 19 años, asistió a una convocatoria frente al Ministerio Público del comité de Madres en Defensa de la Verdad, el 26 de septiembre. Ella es quien se encarga de ir a los tribunales porque su mamá sufre de la tensión. Sus dos hermanos, de 21 y 22 años, están privados de libertad.
“Ha sido duro para mi mamá. Nuestro papá se fue hace muchos años al extranjero y no supimos de él, mis hermanos son el sustento de la casa. Solo somos mis hermanos y yo con mi mamá”, contó la joven de 19 años, quien vive en La Guaira.
El 26 de septiembre asistieron al Ministerio Público para exigir la libertad de sus parientes y entregaron una carta dirigida al fiscal Tarek William Saab en la cual pidieron que se respete el debido proceso.
“No son terroristas, son inocentes”, gritaban los familiares afuera del Ministerio Público.
Hay madres que tienen casi dos meses sin ver a los jóvenes detenidos, trasladados al Internado Judicial de Carabobo. Solo les permiten una llamada cada 15 días, pero no han podido constatar su estado de salud.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sostuvo que los principales poderes públicos abandonaron su independencia y se sometieron al Ejecutivo, ya que “muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder”. Recomendó al Estado venezolano que aseguren la transparencia de las investigaciones del Ministerio Público y que se respete el debido proceso.
Con información de OVP
