La presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro no cede. Se puede presentar en una ceremonia ajena a la política, como la que congregó en el Kennedy Center de Washington la entrega de los premios de la Fundación Herencia Hispana, cuando la galardonada diseñadora de moda y empresaria venezolana Carolina Herrera expresó: “Estoy con los venezolanos, por una Venezuela libre”, o en ese documento de fondo, y con exigencias, que una treintena de expresidentes hispanoamericanos dirigieron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en La Haya.
El texto, consignado por el exmandatario de Colombia Andrés Pastrana, lleva la firma de expresidentes del gobierno español, José María Aznar y Mariano Rajoy del PP, y el socialista Felipe González, quien sigue marcando su línea de diferenciación política con la cabeza dirigente de su partido. No es una sorpresa, para nada, que esté ausente la rúbrica de José Luis Rodríguez Zapatero, de escasa presencia pública luego de su figuración entre bambalinas en las elecciones del 28 de julio. Como Nicolás Maduro, debe estar deseando que se acerque la Navidad y que todo vuelva a la conveniente normalidad que da cancha a su labor de zapa.
En la comunicación dirigida al fiscal Khan, los 31 expresidentes -Julio María Sanguinetti, Oscar Arias, Osvaldo Hurtado, Mauricio Macri, Felipe Calderón, Álvaro Uribe, entre ellos- subrayan que en Venezuela se ha perdido el principio fundamental de las democracias, como la es la subordinación del poder militar al poder civil. Cita el texto la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Bolivariana, sancionada el 29 de enero de 2020 y suscrita por el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (el teniente Diosdado Cabello, ahora ministro del Interior) que concede a Maduro “la condición de militar activo, con derecho a insignias, Estado Mayor, y a un ejercicio directo de esas funciones en el campo operacional, separadas de las competencias propias del presidente de la República y en su relación orgánica con el Ministerio de la Defensa”.
Por tanto, como consecuencia de esa desviación antidemocrática, Maduro, dictador, y ahora militar efectivo y comandante en jefe, y las unidades operacionales bajo su mando “son los directos responsables de las prácticas represoras y del contexto dominante de terrorismo de Estado advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y configurativas de crímenes de lesa humanidad, quedando comprometido todo el personal militar operacional”.
El documento de los ex presidentes hispanoamericanos recuerda el preámbulo del Estatuto de Roma (del 17 de julio de 1998 y vigente desde 2002), que crea la Corte Penal Internacional como una institución permanente para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. “Crímenes (…) que no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”.
Conocedores de las funciones sancionatorias de la Corte Penal Internacional, el documento destaca también su tarea preventiva: que “puede -o debe- detener esa ola violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, típicos crímenes de lesa humanidad con sus desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violación sexual sobre las víctimas”.
Editorial de El Nacional
