Edmundo González Urrutia, candidato opositor en Venezuela. FOTO: AFP
La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” que emita una “orden de aprensión” en contra del abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.
La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye.
Según un oficio del ente fiscal con fecha de hoy, al antichavista se le acusa también de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de “falsas”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.
El jueves pasado, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente, sería “librada una orden de aprehensión respectiva” al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”.
A su juicio, el fiscal general, Tarek William Saab, “se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que -aseveró- “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.
La fiscalía investiga al embajador retirado, de 75 años, por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación”.
González Urrutia fue citado en tres ocasiones por el MP, pero no asistió argumentando que no cuenta garantías y que el fiscal general “se ha comportado reiteradamente como un acusador político” que “condena por anticipado”.
