Súmate señaló que se «conoció su traslado» a la sede del Sebin (El Helicoide, en Caracas), donde aparentemente se encuentra incomunicada
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La ONG Súmate, dedicada a asuntos electorales, exigió este jueves la liberación de su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, tras más de 72 horas de su «injusta» detención, el pasado lunes, por «funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)», según informó hoy a través de un comunicado.
«Solicitamos su libertad plena y que se le garanticen el goce y el ejercicio de sus derechos a la comunicación con sus familiares y abogados, al debido proceso, a la vida y a la salud, establecidos (…) en la Constitución» venezolana, dijo la organización no gubernamental en un comunicado.
Señaló que, aunque se «conoció su traslado» a la sede del Sebin, conocido como El Helicoide, en Caracas, no les «han confirmado su presencia ni han permitido a sus familiares, abogados ni amigos tener comunicación alguna con ella».
La coordinadora de Formación de Súmate padece enfermedades crónicas
En el texto, Súmate aseguró que Sánchez padece «algunas enfermedades crónicas, entre ellas, afección cardíaca, que le ocasiona problemas circulatorios crónicos, además de sufrir de fibromialgia y asma», por lo que pidió que se le garantice atención y tratamiento médico.
«Cuando ya han transcurrido más de 72 horas de su detención injustificada, porque no ha cometido delito alguno, lo cual está certificado por su expediente de vida, reiteramos nuestra solicitud de libertad plena para Nélida Sánchez (…) y que se le garanticen y respeten todos sus derechos», sostuvo la ONG.
Su detención se produjo en un contexto de crisis política tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, un período durante el que la oposición mayoritaria, que denuncia «fraude», y numerosas organizaciones dentro y fuera del país alertan de un aumento de «la persecución».
Según cifras oficiales, más de 2 mil 400 personas han resultado detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales- y 25, asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que la disidencia, a las fuerzas de seguridad del Estado.
