En contra de todas las adversidades y las maniobras fraudulentas y criminales de un gobierno que ignora el orden jurídico y los principios fundamentales de convivencia pacífica y civilizada, los venezolanos elegimos por una mayoría abrumadora a Edmundo González Urrutia como presidente de la República para el próximo periodo constitucional. Treinta días después esa realidad es invencible.
Desnudo ante el mundo, el madurismo decidió construir sus propios números sin fundamento alguno para anunciar que el candidato perdedor ganó las elecciones y había que proclamarlo como tal en forma apresurada. Una decisión que ignoró las actas electorales, esas mismas que habían sido recabadas con inteligencia por la oposición y que han sido validadas hasta por órganos internacionales como la Misión de las Naciones Unidas que estuvo como observadora del proceso, por invitación del mismo gobierno.
En acto seguido, para garantizar la trampa, que ya dejaba de ser un simple fraude electoral para convertirse en un claro e indiscutible golpe a la institucionalidad, a la soberanía popular y al mismo presidente electo Edmundo González Urrutia, la Sala Electoral del TSJ admitió un extraño recurso de Maduro para que confirmara unas actas inexistentes en un acto político declarativo, sin validez ni valor jurídico alguno, violando todas las normas e invadiendo las competencias de un ente electoral sometido al Ejecutivo y al partido oficialista.
Este acto político fue rechazado por los venezolanos, por más del 70% que había votado el 28 de julio por la restitución de la democracia, así como por la mayoría de los gobiernos y personalidades e instituciones extranjeras preocupados por la situación en Venezuela que saben afecta no solo el ejercicio pleno de todos los derechos humanos de los venezolanos, sino la estabilidad y la paz de la región.
Con firmeza gobiernos, instituciones y personalidades condenaron la violencia y el terrorismo de Estado desatado desde entonces en contra de todos aquellos que han exigido en forma pacífica el respeto de la voluntad popular, lo que ha generado un sufrimiento y desasosiego como nunca antes.
Los ex presidentes iberoamericanos agrupados en IDEA lo dijeron claramente en su comunicado del 23 de agosto: “Esa decisión constituye un típico golpe de Estado contra la soberanía popular expresada en la clara decisión del pasado 28 de julio, tal como lo confirman los informes técnicos de la ONU, la OEA y el Centro Carter”.
Los gobiernos democráticos de la región se han expresado igualmente y exigido con firmeza la transparencia y la conformidad de los comicios con las reglas electorales y los principios y normas
internacionales aplicables a estos procesos.
Once países exigieron en comunicado conjunto del 23 de agosto la publicación de las actas electorales. Precisan en su comunicado que dudan “de la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el CNE, que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral”. Una posición similar tomó la Unión Europea, incluso España, cuyo gobierno se ha mostrado siempre cerca de la dictadura gracias a las “gestiones” del cuestionado expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Y el rechazo a la “elección” de Maduro aumenta. Un grupo de excancilleres de la región emitió el 26 de agosto un comunicado en el que precisan que dicha elección no tiene validez, pues el TSJ carece de imparcialidad e independencia y que junto con el CNE ha tenido participación en la maquinaria represiva del Estado.
Los gobiernos de Lula y de Petro, que han ofrecido su “mediación, consideraron -aunque en forma muy tibia- que “la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables”. Y, recordando los compromisos de Barbados, que “siguen aguardando la difusión, por parte, del CNE, de las actas desglosadas por mesa de votación”. Lamentablemente, ambos mandatarios no se refieren, como la mayoría de los dirigentes y gobiernos democráticos del mundo, a la violencia traducida en un auténtico terrorismo de Estado que ha generado tanto sufrimiento y angustia en el país.
Ignoran estos jefes de Estado deliberadamente, cuando se refieren a las sanciones, la evolución del Derecho Internacional y la necesidad de proteger a los pueblos de los abusos de las dictaduras y de las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos que se traducen, como lo considera hoy la Corte Penal Internacional, en crímenes de lesa humanidad.
Toda la comunidad internacional tiene que luchar por la erradicación de la impunidad y la aplicación de la justicia.
Editorial de El Nacional
