Usando términos del comunicado de los presidentes de Brasil y Colombia, los señores  Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, “tomamos nota” de que mantienen sus dudas sobre la credibilidad del proceso electoral venezolano hasta tanto no haya una “publicación transparente de datos desglosados por sección electoral y verificables”.

Los presidentes Lula y Petro informan que el comunicado conjunto que difundieron es el resultado de conversaciones telefónicas sostenidas entre ellos los días 23 y 24 de agosto, posteriores a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el “contencioso electoral” que ideó Nicolás Maduro.

Las cancillerías de ambos países, y los propios presidentes, deben tener un seguimiento día a día de la profunda crisis venezolana, agravada aún más desde el 29 de julio, por lo que se extrañaba su silencio ante la parodia del TSJ que convalida el fraude consumado en Venezuela. Obviamente, ni a Lula ni a Petro se les puede exigir que hablen en estos términos porque, como bien recuerdan, “mantienen abiertos sus canales de comunicación con las partes y reiteran su disposición a facilitar el entendimiento entre ellas”.

Quizás puertas adentro, en el Palacio de Planalto y en la Casa de Nariño, se estén preguntando sobre la efectividad alcanzada con esos canales de comunicación abiertos. No con el ánimo de cerrarlos, pero sí nombrar algunas cosas por su nombre y advertir a Maduro de los muy delicados riesgos de su comportamiento político. El lenguaje diplomático, fino e inteligente como se supone, y se diría comprometido con la democracia en la región, permite saber decir esas cosas sin que se pierdan los lazos de amistad.

Y en esa perspectiva caben las preguntas. Por ejemplo, ¿quién debería verificar los datos electorales? Es mayoritaria la opinión venezolana y de una variedad de gobiernos democráticos y de organismos internacionales de que esa verificación tendría que ser independiente e imparcial. Nunca, por tanto, del Tribunal Supremo de Justicia de cuya decisión “toman nota” los presidentes Lula y Petro. Pero además a juzgar por la conducta de la cúpula que manda en Venezuela, en connivencia o subordinación con una dictadura extranjera, el “peritaje esperpéntico” del TSJ no admite discusión, ni réplica, sino acatamiento inmediato.

Los dos presidentes “llaman a todos los involucrados a evitar recurrir a actos de violencia y represión”. ¿Les parece justo a Lula y a Petro compartir la responsabilidad de los “actos de violencia y represión” entre “todos los involucrados”? ¿Todos los involucrados son el gobierno y la oposición o todos los involucrados son los agentes oficiales y oficiosos encargados de las tareas de reprimir, perseguir, secuestrar, encarcelar y acusar a quienes se atreven a protestar contra la proclamación de un candidato que no ha mostrado ni una sola acta de escrutinio a su favor?

Lula y Petro expresan también su “total oposición” a que se sigan aplicando sanciones unilaterales como mecanismo de presión. ¿No cabía expresarse con igual fuerza contra la desmedida represión gubernamental? Por otra parte, los grupos más vulnerables de la población, en nombre de los cuales los presidentes de Brasil y Colombia condenan las sanciones aplicadas al régimen venezolano, expresaron el 28J su “total oposición” a un gobierno que los ha humillado en la pobreza más insolente, mientras la cúpula en el poder está atrapada en escándalos de magnitudes aberrantes.

Las actas publicadas por la oposición, que son documentos oficiales emanados de los escrutinios del 28J, testimonios del verdadero ejercicio del poder electoral por medio de la participación ciudadana contemplada en leyes vigentes, reflejan el abrumador rechazo de los sectores populares al gobierno de Maduro. La mayor sanción que sufre Venezuela es la cúpula que usurpa el poder y que está cerrada a una negociación que permita la recuperación democrática en Venezuela.

Editorial de El Nacional