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WASHINGTON —  La Casa Blanca ha informado a legisladores que el presidente Joe Biden se prepara para emitir un decreto que suspenderá la recepción de solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos una vez que el número de encuentros diarios con migrantes fuera de los puertos oficiales de ingreso llegue a 2,500, y la frontera se reabrirá cuando esa cifra se reduzca a 1.500, según varias personas familiarizadas con las discusiones.

La cifra de 2.500 significa que el decreto podría entrar en vigor de inmediato, debido a que actualmente los encuentros diarios superan esa cantidad.

Se prevé que el mandatario dé a conocer sus planes en la Casa Blanca el martes en un evento al que han sido invitados alcaldes de comunidades fronterizas.

Cinco personas al tanto de las discusiones confirmaron la cifra de 2.500 el lunes, y dos de ellas confirmaron la cantidad de 1.500. Las cifras son de promedios diarios en el transcurso de una semana. Todas las personas insistieron en mantener el anonimato para discutir una orden ejecutiva que aún no es pública.

Aunque se tiene previsto que continúen otras actividades fronterizas —como el comercio—, el límite de 1.500 encuentros con el que se reabriría la frontera a los solicitantes de asilo podría ser difícil de alcanzar. La última vez que el promedio diario cayó por debajo de los 1.500 encuentros fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.

Altos funcionarios de la Casa Blanca, incluido el jefe de despacho Jeff Zients y la directora de asuntos legislativos Shuwanza Goff, han estado informando a los legisladores en el Capitolio sobre los detalles del plan antes del anuncio formal del martes. Sin embargo, existen varias dudas sobre el funcionamiento de la orden ejecutiva, en especial qué tanta cooperación se requiere de las autoridades mexicanas para implementar la medida.

El presidente ha estado sopesando durante meses la posibilidad de actuar por su cuenta, después de que una iniciativa bipartidista para restringir el asilo en la frontera se vino abajo debido a que los republicanos se retractaron del acuerdo a instancias de Donald Trump, el expresidente y virtual candidato presidencial republicano. Biden siguió considerando una acción ejecutiva a pesar de que el número de cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido durante meses, en parte gracias a una labor más intensa por parte de México.

Funcionarios del gobierno de Biden habían esperado a que pasaran las elecciones presidenciales en México, las cuales se llevaron a cabo el domingo, para seguir adelante con los planes fronterizos del mandatario. México eligió a Claudia Sheinbaum como presidenta, y Biden dijo el lunes en un comunicado que estaba comprometido a “impulsar los valores e intereses de ambas naciones para el beneficio de nuestros pueblos”. Ambos sostuvieron una conversación telefónica el lunes, aunque la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a decir si hablaron sobre el decreto.

La orden ejecutiva le permitirá a Biden declarar que ha ido más allá de los límites de su propia autoridad después de que los legisladores, en particular los republicanos, echaron abajo lo que habrían sido las restricciones fronterizas y al asilo más estrictas en mucho tiempo. El decreto de Biden tiene como objetivo frenar cualquier posible repunte de encuentros fronterizos hacia finales de este año, cerca de las elecciones presidenciales de noviembre.

Para la orden ejecutiva de Biden, la Casa Blanca adoptará directamente algunas de las políticas que eran parte del acuerdo fronterizo bipartidista en el Senado, incluida la idea de limitar las solicitudes de asilo una vez que se alcance cierto número de encuentros. El gobierno quiere alentar a los migrantes a pedir asilo en puertos de entrada mediante la app CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), la cual programa unas 1.450 citas diarias.

Abogados del gobierno han estado planeando sacar provecho a las facultades ejecutivas establecidas en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual le otorga al presidente una amplia autoridad para bloquear el ingreso de ciertos inmigrantes al país en caso de que sean considerados “perjudiciales” para los intereses nacionales. Es el mismo argumento legal que utilizó Trump para implementar algunas de sus medidas más estrictas contra la migración durante su presidencia.

Eso ha provocado que grupos activistas ya se alisten para impugnar el decreto de Biden en los tribunales.

“Vamos a tener que revisarlo (el decreto) antes de tomar las decisiones finales sobre un litigio”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) que estuvo al frente de algunas de las principales impugnaciones a las medidas fronterizas de Trump. “Pero una política que prácticamente ponga fin al asilo plantearía claros problemas jurídicos, tal como sucedió cuando el gobierno de Trump trató de cancelar el asilo”.

Biden presentará su orden ejecutiva acompañado de alcaldes de varias comunidades fronterizas que fueron invitados por la Casa Blanca para asistir al evento. Los alcaldes de Brownsville y Edinburg, Texas, John Cowen y Ramiro Garza, respectivamente, confirmaron su asistencia. La oficina del alcalde de San Diego, Todd Gloria, confirmó que se recibió la invitación, pero indicó que Gloria no podrá asistir por problemas de agenda.

Jennifer Babaie, abogada del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Americas en El Paso, Texas, aseguró que le alarmaría si Biden emite órdenes formales de deportación sin permitir la oportunidad de solicitar asilo. A los activistas les preocupa que pueda hacer eso en virtud de la cláusula 212(f).

La autoridad de Título 42 que se implementó durante la pandemia tenía un consuelo para los migrantes, ya que podían intentar un nuevo ingreso al país sin enfrentar consecuencias legales, dijo Babaie. Pero una orden formal de deportación los dejaría expuestos a un proceso por delitos graves en caso de un nuevo intento, y se les prohibiría entrar legalmente en el país en un futuro.

“Esto es mucho más extremo (que el Título 42) y aún pone a las personas en riesgo”, puntualizó Babaie.

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