De acuerdo con datos de EY Venezuela, citados por Conindustria, durante los últimos 13 años, que incluyen el período económico más crítico de la historia contemporánea del país, la carga impositiva en Venezuela ha absorbido más de 50% de las utilidades de las empresas.
En 2023, la tributación interna acaparó, en promedio, 58,71% de las utilidades empresariales y con la nueva contribución especial para el pago de pensiones, la carga tributaria se elevará en 3,4% adicional, según las estimaciones de Conindustria.
De hecho, en la más reciente Encuesta de Coyuntura Industrial del gremio manufacturero, correspondiente al primer trimestre de 2024, 90% de los encuestados puso en primer lugar a la excesiva presión tributaria entre los principales factores que impactan negativamente a la producción manufacturera nacional.
Más aún, en comparación con la encuesta de coyuntura del cuarto trimestre del año pasado, la proporción de industriales que ven a la tributación interna como su principal obstáculo subió de 76% a 90%.
Sin embargo, el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, no anticipa fuertes impactos negativos derivados de la aplicación de la Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social contra el Bloqueo Imperialista.
Pisella, de hecho, descartó que se pudieran producir reducciones de personal, a raíz de la imposición de esta contribución de 9% de la nómina total a un nuevo fondo especial de pensiones; pero sí advirtió que en el corto plazo pudieran frenarse los ajustes salariales, ya que se deben precisar los efectos de esta carga en las estructuras de costos.
El dirigente del principal gremio manufacturero del país insistió en que el sector privado está de acuerdo con contribuir con la mejora de las pensiones, a pesar de que «nosotros estamos débiles. No estamos bien todavía; sin embargo, vamos a acompañar a esta Ley, pero ahora tenemos que ver en qué situación quedamos en materia de flujo de caja».
Conindustria: Hay que revisar la legislación laboral
Para el presidente de Conindustria, la legislación laboral debe ser revisada integralmente, «porque la retroactividad de las prestaciones sociales hizo que el salario se quedara congelado y para tratar de mejorar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, hemos recurrido a la bonificación, ya que de esa manera se aumentaba el poder adquisitivo de las personas».
Pisella dice que las contribuciones que se pagan al sistema de pensiones son insuficientes, ya que apenas lograr cubrir un mes de los 14 meses al año que se pagan anualmente a jubilados y pensionados.
Sin embargo, advirtió que la nueva contribución de 9% mensual para las pensiones implica un doble gravamen sobre la nómina de las empresas, ya que esta nueva obligación no sustituye al pago regular al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Igualmente, Pisella echó en falta un tope para la contribución que indique un límite de salarios sobre los cuales calcular el monto mensual.
Que paguen los productos importados
El presidente de Conindustria explicó que esta contribución es un eslabón más en la cadena que arrastra en retroceso a la competitividad de la industria nacional, por lo que propuso que también los importadores paguen esta contribución, en función de limitar este efecto.
Sin embargo, el dirigente gremial no explicó cómo funcionaria el mecanismo para pechar a los productos importados.
Modificar el IVA y el IGTF
Como parte de las propuestas compensatorias, Conindustria ha planteado que se modifique el mecanismo para el pago del Impuesto al Valor Agregado para que las empresas no sigan financiando «pagos adelantados» de este tributo.
En este sentido, Pisella apunta que «muchas veces la industria tiene que financiar el IVA y es ilógico, porque debe pagarse cada 15 días, lo que nos obliga a adelantar entre 15 y 30 días y en algunos casos, incluso 90 días, pagos de un tributo sobre recursos que no hemos recaudado efectivamente».
Igualmente, la industria propone reducir la alícuota del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras en bolívares a 0,5% y que se amplíe la base de contribuyentes a las importadoras, lo que, según los cálculos del gremio industrial, permitiría recaudar una cantidad similar a la actual, con una tasa de 2%.
El titular de Conindustria señaló que el efecto del IGTF es nocivo, porque «a pesar de que tiene una alícuota de 2%, cuando suma de manera regular en toda la cadena esa carga acumulada nuestros productos se encarecen hasta un 12% y así no podemos competir con los productos importados».
Hay que estimular la formalidad
Con datos a la vista, el presidente de Conindustria sostiene que no hay forma de que el régimen actual de pensiones sea financieramente sostenible, porque las obligaciones que implica tener 5.500.000 pensionados y jubilados no pueden ser cubiertas por 1.500.000 trabajadores activos que hay en el país.
Luigi Pisella recordó que el modelo contributivo actual fue sostenible en tiempos cuando el país contaba con 5 millones de trabajadores activos y solo 400.000 pensionados. La situación cambió, porque ahora el pago de pensiones no está vinculado directamente a la contribución, ya que no existe un sistema real de ahorro previsional.
«Entonces, hay que formalizar a los que trabajan de manera informal, a través de un proceso muy sencillo para que esos trabajadores hagan un aporte y que exista un sistema de seguridad social que fomente la formalización. Hemos hecho esta propuesta, porque la gran informalidad empresarial hay que resolverla. En la medida en que se amplíe la base de contribuyentes nos vamos a beneficiar todos», expone el presidente de Conindustria.
Como respuesta inicial a los planteamientos de Conindustria, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicó al presidente del ente empresarial que el gobierno está dispuesto a «revisar» la política tributaria y que se harían anuncios sobre las propuestas del gremio manufacturero.
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