El Panel de Expertos de la OEA pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) emitir órdenes de arresto contra los perpetradores de nivel medio y alto para evitar que continúe la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Durante la presentación de su tercer informe sobre víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la OEA, Joanna Frivet, exasistente del fiscal en la CPI y asesora de organizaciones internacionales de derechos humanos, afirmó que el país no cumple con sus obligaciones en cuanto a la rendición de cuentas.
«La intervención de la Fiscalía de la CPI es esencial para que se puedan judicializar los delitos y los crímenes de lesa humanidad que suceden en Venezuela. En consecuencia, la recomendación del panel es que la Fiscalía de la CPI, de forma urgente, participe de forma más profunda para examinar la naturaleza de estos delitos constantes y que abra investigaciones en contra de personas específicas y que haga avanzar estas causas ante la Corte para que haya órdenes de aprehensión», manifestó en su intervención.
El informe presentado por la OEA contiene datos e información que indican que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad por lo menos desde 2014, como homicidios, tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual y encarcelamientos, entre otros.
«En los últimos seis meses el panel ha examinado una muestra representativa de casos de lesa humanidad para determinar en qué medida se han realizado judicializaciones. Las conclusiones son bastante consternantes. Lo que hemos determinado es que no ha habido ni investigaciones ni judicializaciones de los actores de los delitos en estas situaciones», señaló Frivet.
«Entendemos que ha habido un ataque contra la población civil sistemático, organizado por el Estado bajo la dirigencia de los miembros del gobierno actual. Esto significa que todos los autores de delitos todavía están en el mismo lugar y todavía tienen la posibilidad de seguir realizando actos delictivos», añadió.
Frivet aseguró que no ha habido judicializaciones por violencia sexual, tampoco se ha abordado. Dijo que los delitos no se han judicializado, tampoco ha habido judicializaciones de casos de detenciones arbitrarias.
«El problema es que estos casos no son aislados. Se trata de un patrón, de una serie de conductas más amplias que no tienen que ver solamente con la comisión de delitos, sino también con la represión. Estas conductas todavía existen y esto se hace muy difícil para los actores de la sociedad civil, para los defensores de derechos humanos y para aquellos que integran», manifestó.
Santiago A. Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, manifestó al presentar el informe en la OEA que en 2018 se determinó que había crímenes de la lesa humanidad en Venezuela y remitieron el informe a la CPI por parte de un grupo de Estados. «Todos los años hay un informe que plantea los crímenes de lesa humanidad en Venezuela», añadió.
Los expertos también denunciaron que en el país existen demoras considerables que no pueden explicarse para conseguir justicia y afirmaron que esto está íntimamente relacionado con la falta de separación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, indicó: «Es un momento de alta represión en Venezuela, donde siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad, donde siguen ocurriendo desapariciones forzadas temporales, donde sigue ocurriendo tortura, donde siguen las denuncias, donde cada uno de los actos de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país».
El Nacional
