El régimen quiere imponer un proceso electoral hecho a su medida, ajustado a sus pretensiones y condiciones, en el que el o los candidatos opositores sean los que ellos decidan. Se violan las normas reguladoras del proceso, nacionales e internacionales, y se burla lo pactado con la oposición democrática en el Acuerdo de Barbados del 17 de octubre de 2023, al fabricar la “inhabilitación” de María Corina Machado; al perseguir y desaparecer forzadamente a dirigentes del partido Vente Venezuela y al no actualizar el Registro Electoral con la inclusión de todos los ciudadanos dentro y fuera del país. Todo ello contrario a la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales.
El régimen intenta “derogar” el Acuerdo de Barbados al “sustituirlo” arbitrariamente por un pacto con un grupo minoritario de la oposición, que en el ejercicio de una suerte de cohabitación busca ignorar la realidad política nacional y el liderazgo auténtico de María Corina Machado.
En Barbados, el régimen se comprometió con “el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia pacífica”, a la vez que ratificó su voluntad “de acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales”. Además, indicó que reconocería y respetaría «el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”. Asimismo, se comprometió a actualizar el Registro Electoral Permanente y, entre otras acciones, a invitar a misiones técnicas de observación electoral para que fueran testigos del proceso.
En términos generales, el documento firmado en Barbados habla de una elección libre y transparente que refleje la voluntad de los ciudadanos, es decir, un proceso con todas las condiciones en el que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos, en especial, el derecho a ser elegido y el derecho a elegir a los candidatos de nuestra preferencia, en forma libre, sin discriminación ni presiones.
Los instrumentos internacionales, que tienen por lo demás rango constitucional, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos “reconocen y amparan el derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho al voto y a ser elegido. Los gobiernos tienen por su parte, según todos los instrumentos y textos internacionales y la misma Constitución Nacional, la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos el goce efectivo de tales derechos, pudiendo ser limitados o restringidos de acuerdo con la ley que “en todo caso debe basarse en criterios objetivos y razonables”.
El régimen, al violar sus compromisos, ignora que todo ciudadano tiene derecho a postularse, sin discriminación alguna, incluso por razones políticas. La razón para actuar así es el temor que le infunde la candidatura de María Corina Machado, que sabe representa a la inmensa mayoría de los venezolanos y su anhelo de cambio en el corto plazo.
Todos los ciudadanos tienen además el derecho a votar, para lo cual el Estado “deberá adoptar medidas eficaces a fin de asegurar que todas las personas puedan ejercerlo”. La inscripción de los votantes debe facilitarse y ello abarca necesariamente a todos los que están dentro y fuera del país. En este sentido, el Estado tendría que actualizar sin dificultades y lo antes posible el Registro Electoral, sin poner obstáculos que lo impidan. ¿Les interesa hacerlo? Quizás no, pero están en la obligación de garantizar ese derecho.
Se exige, además, que el órgano electoral sea absolutamente independiente e imparcial. Una elección viciada, un proceso en el cual se desconocen los derechos de los ciudadanos, afectaría sin duda la validez y legitimidad de las autoridades que en tales condiciones sean “elegidas”.
Las violaciones son muchas, lo que contradice el derecho a una elección libre y transparente que represente la voluntad de los ciudadanos.
Editorial de El Nacional
