La organización venezolana Voto Joven denunció esta tarde que a un grupo de jóvenes que acudió ante la Oficina Regional Electoral del CNE en Nueva Esparta, le impidieron inscribirse en el RE.
«A esta hora 11:00 a.m., treinta jóvenes están presente en la ORE del estado Nueva Esparta intentanto inscribrise en el RE con el apoyo del equipo de Voto Joven, no le están permitiendo acceder a su derecho de estar inscritos», suscribe mensaje en X de la organización.
Jóvenes se organizan para las presidenciales
Jóvenes de diferentes organizaciones políticas y ONG en Bolívar presentaron la alianza Jóvenes con Venezuela, la cual nace ante la necesidad de articular con diferentes organizaciones las exigencias de los jóvenes.
Ángel García, coordinador estadal de la organización juvenil de Vente Venezuela, recordó el protagonismo de los jóvenes en momentos políticos importantes como los de 2014 y 2017. En rueda de prensa reiteraron su exigencia al CNE para que abra el Registro Electoral (RE) en cada uno de los municipios del estado Bolívar y del país, para garantizar su derecho a la participación en venideros procesos electorales.
“En este 2024 no será la excepción. El 22 de octubre los venezolanos dieron un mandato fuerte y claro cuando casi 3 millones de venezolanos escogieron como nuestra candidata presidencial a María Corina Machado. Y aunque nos pongan mil trabas, esta juventud se va a inscribir y esta juventud va a participar en el proceso electoral. Por eso, desde la alianza Jóvenes con Venezuela, exigimos ya un cronograma electoral y la apertura de los puntos, de todos los puntos a nivel regional y nacional”, sostuvo García.
Sheylis Allen, miembro de la ONG Foro Permanente de Juventudes, recordó que aproximadamente 3.5 millones de jóvenes no están inscritos en el RE, y que, en Bolívar por ejemplo, una de las dificultades que limita la inscripción es la movilización hasta la Oficina Regional Electoral (ORE) ubicada en Ciudad Bolívar.
“Con los nuevos votantes podríamos cubrir todo lo que es una sociedad civil activa en ejercicio de sus derechos civiles, políticos y por supuesto, en su derecho al sufragio. Queremos hacerle un llamado a las instituciones para que puedan abrir los puntos de inscripción no solamente en la capital del estado, sino en las parroquias, en los municipios, tomando en cuenta que el estado Bolívar por su amplitud geográfica tiene ciertas desigualdades”, agregó.
https://twitter.com/VotoJoven/status/1758507824827527411?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1758507824827527411%7Ctwgr%5E931520cee87f27b210ed1c277321b2b7b2cb05fc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticierodigital.com%2F2024%2F02%2Fnegaron-inscripcion-a-30-jovenes-en-el-re-de-nueva-esparta-denuncio-voto-joven%2F
ND
El analista y experto en derecho internacional Mariano de Alba dijo este viernes que tras el ultimatúm del Gobierno a la oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en Caracas para que abondone el país, se desconoce si es solo una amenaza.
El canciller, Yván Gil anunció este jueves la suspensión de las actividades de la oficina técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, pidiendo a su personal abandonar el país en un lapso de 72 horas, luego de que emitieran un mensaje de alerta sobre la detención de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel y cinco de sus familiares.
En entrevista con Unión Radio, De Alba explicó que es muy preocupante la medida porque establecer la oficina en el país llevó mucho tiempo y esfuerzo; y recordó que su objetivo principal es brindar asistencia técnica al Gobierno para que haga un mejor trabajo en respeto a DDHH.
«Si se termina de concretar porque no está claro si realmente van a tener que salir, o si solo es una amenaza para que se retracte sobre lo que manifestó tras la detención de Rocío San Miguel. Si se termina cristalizando la amenaza, Venezuela estará en una peor posición de promover el respeto a los DDHH».
Expuso que la ONU siempre ha sido muy respetuosa en los términos para la ejecución de su mandato, pero aún asi el Gobierno de Nicolás Maduro reaccionó de forma exagerada.
«Esta reacción es exagerada y al final, quienes pagarán las consecuencias son los venezolanos que estarán en un estado mayor de indefensión ante posibles abusos de autoridades».
Recordó que la oficina se instaló durante el mandato de Michele Bachelet que tenía muy buenas relaciones con el Gobierno de Maduro, y apuntó que el memorándum acordado con el consentimiento del Estado no prohíbe que la Oficina del Alto Comisionado emita mensajes en sus redes sociales, como lo hizo en esta oportunidad al alertar sobre el caso de Rocío San Miguel.
ND
En una carta, destacaron las dificultades que enfrentarán para participar en los comicios presidenciales debido a las restricciones y los obstáculos administrativos, tanto en su país como en el extranjero
Migrantes venezolanos en Colombia pidieron al presidente Gustavo Petro fijar posición en relación con las persistentes violaciones de los derechos humanos y políticos en su país de origen, sobre todo, frente a las próximas elecciones presidenciales.
En una carta, firmada por miembros representativos de organizaciones sociales, movimientos juveniles y partidos políticos, hasta gremios artísticos y profesionales, subrayaron la crítica situación que ha obligado a más de 7,7 millones de venezolanos a buscar refugio en diversos países.
Entre ellos, señalaron que Colombia acoge a más de 2 millones de migrantes, lo que constituye una proporción significativa de la población extranjera en la región.
Restricciones y obstáculos para las presidenciales
Destacaron asimismo las dificultades que enfrentarán para participar en los comicios presidenciales debido a las restricciones y los obstáculos administrativos, tanto en su país como en el extranjero.
Y denunciaron la inhabilitación política de la candidata de oposición María Corina Machado, cuyo caso ha estado rodeado de irregularidades y violaciones al debido proceso.
«En las elecciones primarias, como estaba previsto, María Corina Machado obtuvo una gran mayoría sobre otros candidatos de oposición. Adicionalmente, con el trabajo y participación destacada de todos los venezolanos de la sociedad civil regados por todo el mundo. Lo que parecía imposible ocurrió: tuvimos la oportunidad de votar, aunque sea en unas primarias y viviendo en el extranjero, pero votar. Sin coacción. Llenos de compromiso», expresaron.
Rocío San Miguel, víctima de detención forzada
Los migrantes resaltaron la importancia de que Colombia, como país receptor de la diáspora venezolana, alce su voz ante las violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos y abogue por elecciones libres y justas en Venezuela.
El comunicado también hace mención al caso reciente de la activista Rocío San Miguel, quien fue objeto de desaparición forzosa por parte del Estado venezolano y se informó su reclusión en El Helicoide, que lo definieron como el centro de torturas más grande del país.
La entrega de la carta dirigida al mandatario colombiano ocurrió en la Plaza de Bolívar, a pocos metros de la Casa de Nariño, la sede presidencial.
«En Colombia, territorio donde existe la mayor parte de migrantes venezolanos, desde la sociedad civil y diferentes organizaciones trabajamos día a día con el fin de recuperar la democracia de nuestro país», expresaron.
«Lo anterior no solo implica que se adelanten elecciones, sino que las mismas sean libres, justas, con libertad de elección de la candidata única y la cual fue escogida por el pueblo el pasado octubre, con vigilancia internacional, con participación de venezolanos dentro y fuera del país», añadieron.
EN
José Bolaños, director de la Unidad de Investigación de Gritemos con Brío, indicó que la disminución en el presupuesto destinado a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas provocará limitaciones en la mejora de las infraestructuras educativas
Apenas 2,60% del presupuesto nacional recibieron las universidades públicas del país, según un análisis de la ONG Gritemos con Brío, que advirtió que situaciones como los bajos salarios de los profesores se han vuelto reiterativas.
En una nota de prensa, Gritemos con Brío explicó que aunque el gobierno destinó al Ministerio de Educación 74.850.576.938 bolívares (10,25% del presupuesto nacional), al profundizar en las universidades públicas la cifra desciende a 18.999.812.110 bolívares (2,60%). Una caída, subrayó, bastante considerable.
José Bolaños, director de la Unidad de Investigación de la ONG, indicó que la disminución en el presupuesto destinado a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) provocará limitaciones en la mejora de las infraestructuras educativas.
La FEDE, dijo Bolaños, recibirá 4.526 millones de dólares, de los cuales 3.500 se destinarán a construcción, reparación y adecuación de 2.379 escuelas. El monto en dólares, continuó, es menor al asignado en 2023, cuando se contemplaban 1.395 escuelas.
“El llamado es a considerar la educación no solo como un derecho fundamental, sino también como una inversión a largo plazo en el capital humano del país. La calidad de la educación, desde la infraestructura escolar hasta la formación docente, debe ser un foco de atención crucial para asegurar que cada bolívar invertido se traduzca en oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo personal y profesional para los jóvenes”, indicó el investigador.
Para 2024, el presupuesto para áreas como agua, transporte o electricidad ocupa un lugar menor de dinero, a lo que hay que sumarle la deserción estudiantil y la crisis económica y humanitaria que alejan a los estudiantes de las aulas.
José Luis Teixeira, miembro de Gritemos con Brío, señaló que aunque hubo un aumento considerable entre el presupuesto de 2023 y el de 2024, solo 20% va a servicios públicos.
Además, criticó que al menos 77% de los recursos estén dirigidos a las áreas de desarrollo social y participación, pues, opinó, podría referirse al cumplimiento de los objetivos del PSUV. “Es un concepto muy ambiguo”, afirmó.
EN
La organización Defiende Venezuela advirtió de desafíos significativos para la sociedad civil y de riesgos el compromiso internacional del país en la defensa de los derechos humanos
Defiende Venezuela, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, expresó su preocupación por el cese de las operaciones de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas, y advirtió sobre las posibles consecuencias de estas acciones gubernamentales.
El abogado Darrin Gibbs, miembro del equipo jurídico de Defiende Venezuela y profesor de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que esto dificultaría el seguimiento directo sobre la situación de los derechos humanos en el país.
La organización dijo en un comunicado que este escenario plantea desafíos adicionales para la sociedad civil venezolana y destacó la importancia de mantener la vigilancia y la movilización para salvaguardar los principios fundamentales.
El abogado Ezequiel Monsalve, coordinador de litigio internacional de Defiende Venezuela, explicó que el cese de la oficina de la ONU en el país generaría cinco consecuencias. A continuación:
Señaló que la cesación de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos.
Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, indicó.
La decisión también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.
Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población, de acuerdo con el abogado.
Monsalve afirmó que también impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
La ausencia de esta conexión, indicó, podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos y repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos.
Asimismo, dijo que la decisión puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país. Esto dificultaría la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela y afectaría la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas.
La falta de presencia de la oficina podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones, advirtió el experto.
Agregó que este déficit de información confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, lo que obstaculizaría los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes.
En el comunicado, Defiende Venezuela afirmó: «Es crucial subrayar la importancia de restablecer canales de diálogo y cooperación para abordar los desafíos en materia de derechos humanos, garantizando así la protección integral de los ciudadanos y el respeto a los principios fundamentales».
EN
La canciller de Bolivia, Celinda Sosa Lunda, llegó este jueves a Venezuela, donde tiene previsto reunirse con autoridades del gobierno de Nicolás Maduro con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales, informó el viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña.
Sosa Lunda llega a Venezuela luego de visitar Nicaragua y Cuba, donde se reunió con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Rander Peña recibió a la canciller en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, según las imágenes que publicó en la red social X.
«En nombre del presidente Nicolás Maduro, hemos dando la bienvenida a la canciller de Bolivia, Celinda Sosa Lunda, quien llega al país en visita oficial para cumplir agenda de trabajo con el propósito de fortalecer las relaciones entre nuestros países. ¡Bienvenida, canciller!», escribió Peña en X.
El pasado septiembre, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, celebró el fortalecimiento de la cooperación con Bolivia, durante una reunión con su par boliviano, Luis Arce, quien hizo una escala de menos de dos horas en el país petrolero.
Ambos países suscribieron, en abril del año pasado, un conjunto de acuerdos para «facilitar e impulsar la cooperación bilateral en el área de petróleo, el gas natural y la petroquímica», así como para evaluar «la factibilidad de modelos de negocio» para la ejecución de proyectos y «transacciones conjuntas» en materia de gas.
Entonces, Arce aseguró a Maduro que en Bolivia tiene «un gran aliado», y se comprometió a seguir haciendo «todo el trabajo que sea necesario para consolidar» las relaciones bilaterales.
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Una mujer y un hombre, habitantes del sector 7 de Fundación Cap en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador, Valencia, sufrieron quemaduras al explotar una bombona de gas.
El hecho ocurrió el jueves 15 aproximadamente a las 3:00 de la tarde, cuando Liseth Sárraga, de 52 años y Edgar Porras, de 50, se encontraban en la zona a la espera para retirar el gas doméstico del camión durante el operativo de entrega y la bombona estalló.
Las víctimas padecieron lesiones en el 50 por ciento de sus cuerpos y fueron trasladadas a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), antiguo hospital central, por efectivos de Protección Civil.
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El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, lamentó este viernes la confusión generada luego que emitiera un comentario sobre los casos de detenciones políticas de mujeres durante el gobierno de Hugo Chávez.
En las cuestionadas declaraciones, citadas por algunos medios de comunicación, se le atribuyó una frase en la que supuestamente el abogado afirmaba que «con Chávez jamás hubo la detención de una mujer en un caso de violación de derechos humanos», lo que asegura fue tergiversado.
Donde destacaron que frente al caso de la detención de Rocío San Miguel, el director del Foro Penal Alfredo Romero señaló que se agrava lo que considera «falta de humanidad » en las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado porque «con Hugo Chávez jamás hubo una detención de una mujer»
El abogado lamenta el malestar generado entre los internautas, que inmediatamente recordaron el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada el 17 de diciembre de 2009 hasta el 14 de junio de 2013 en un caso que tomó repercusión internacional.
En ese sentido, Romero sostuvo que su intención con el referido comentario nunca fue minimizar el caso que configuró una gigantesca injusticia en el país. «Lamento profundamente cualquier confusión que mi elección de palabras pueda haber causado»
Recordó que durante la época de Chávez, hubo pocas detenciones políticas de mujeres, entre las que destacan: la Jueza Afiuni y Dulce Bravo. «Sin embargo, desde 2014, hemos documentado un aumento alarmante, con un total de 429 presas políticas y 1729 mujeres detenidas con fines políticos», fue este último punto el que el abogado quiso destacar con sus declaraciones.
Reacción positiva de María Lourdes Afiuni
A través de la red social X, María Lourdes Afiuni agradeció y bendijo ante lo aclarado por Alfredo Romero. «Muchas gracias». «Pasada la página de los malos entendidos, seguimos»: Un día más, un día menos, dejó entre líneas Afiuni.
Los buenos somos más. Todos batallamos por lo mismo. Muchos se han ido, otros estamos enfermos, pero lo importante es que estamos en la misma acera, dijo María Lourdes Afiuni.
Agradecida y bendecida por tanto apoyo. Muchas gracias. Pasada la página de los malos entendidos, seguimos: Un día más, un día menos.
— Maria Lourdes Afiuni⚖️ (@mariafiuni) February 16, 2024
@alfredoromero Disculpas y aclaratorias aceptadas. Los buenos somos más. Todos batallamos por lo mismo. Muchos se han ido, otros estamos enfermos, pero lo importante es que estamos en la misma acera. UNIDOS!
— Maria Lourdes Afiuni⚖️ (@mariafiuni) February 16, 2024
Aclaratoria del presidente de Foro Penal, Alfredo Romero:
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La tensión crece en Venezuela en el año electoral más importante con las detenciones de dirigentes políticos, de organizaciones no gubernamentales y amedrentamiento contra periodistas.
Este viernes 16 de febrero el abogado Omar Mora Tosta, representante legal de los coordinadores regionales de Vente Venezuela, GuillermoLópez, Luis Camacaro y Juan Freites, señaló que aún se desconoce el lugar de detención de los tres opositores, quienes desde el 23 de enero del año en curso fueron capturados por la policía política de la administración de Nicolás Maduro.
El Abogado señaló que los tres siguen en «desapación forzosa» por desconcerse su lugar de detención, pese a que el Ministerio Público a través del fiscal general Tarek William Saab informara que fueron capturados López, Camacaro y Freites por su presunta participación dentro del movimiento conspirativo «Brazalete Blanco»