Rocío San Miguel -abogado, presidente de la organización no gubernamental Control Ciudadano– es víctima de desaparición forzada desde el 9 de febrero. El fiscal, quien afirma haber sido en un tiempo remoto defensor de los derechos humanos (con signo ideológico), confirmó 48 horas después que San Miguel está detenida y vinculada a un plan para asesinar a Nicolás Maduro. No dijo dónde está detenida, tampoco las condiciones en las que se encuentra, ni cómo se está respetando su derecho a la defensa, cuál órgano policial la detuvo, qué tribunal y qué fiscal llevan el caso.
Desde el 15 de enero, cuando Maduro presentó en el Capitolio su «desmemoria y cuento», se echó a rodar la existencia de cuatro (luego cinco) conspiraciones, supuestamente descubiertas desde los primeros meses del año pasado. Las guardaron en silencio, argumentan. Algo inconcebible en un régimen siempre listo para denunciar, acosar y encarcelar. Desde esa fecha, la arremetida represiva, que parecía amainar en los meses finales del año pasado, se recrudeció.
La desaparición forzada de Rocío San Miguel -una mujer de clara actividad pública, a la luz del día- ha sido denunciada por organismos nacionales e internacionales, y por individuales de aquí y de afuera. La exigencia es muy clara: el respeto de sus derechos humanos y de su dignidad, la información precisa sobre el lugar de su detención, la preservación de las garantías establecidas en la Constitución y en las leyes y su libertad inmediata. (También fue detenida en el mismo acto arbitrario la hija de San Miguel, de la que también se desconoce su paradero).
Lo que el régimen llama «conspiraciones» es un ardid grosero e irracional para enturbiar el clima político que conduzca a la realización de elecciones presidenciales limpias, libres y verificables este año. Es público y notorio la pretensión de las fuerzas democráticas de competir en ese hipotético proceso, para lo cual organizaron en octubre del año pasado la primaria para la escogencia de una candidatura unitaria, que representa María Corina Machado. No hay nada escondido.
Por el contrario, quienes persisten en el cambio político están plenamente conscientes, responsablemente comprometidos, de instaurar en el país un sistema político con garantías plenas para el ejercicio de las libertades democráticas de todos los venezolanos, de todos los credos y de todas las tendencias políticas, además de la recuperación social y económica de una nación destrozada.
La (mala)conducta del régimen lo que persigue es sembrar el terror. Podemos actuar cuándo y cómo queramos contra quien sea es la lectura de fondo. La evidencia de la absoluta carencia de escrúpulos y de su desvarío político ante el rechazo masivo de la población. En paralelo, convocan a un “sainete electoral” bajo la misma convicción: los candidatos los ponemos nosotros porque somos dueños de los tribunales, de los rectores del Consejo Nacional Electoral y de las armas. Si lo que pretenden, de verdad, es arrastrar a la gente a salirse del marco electoral es una estrategia fracasada que deja al desnudo la debilidad del régimen y de sus líderes y perjudica, también, a sus seguidores.
¡Libertad inmediata para Rocío San Miguel! Y cese de la represión contra activistas políticos y sociales, defensores de los derechos humanos y componentes de las fuerzas militares. Persistir en esa política desquiciada solo profundiza el drama venezolano.
Editorial de El Nacional
