El Gobierno de México admitió este viernes la solicitud de EE.UU. para revisar una presunta denegación de derechos laborales en la empresa Fujikura Automotive México, ubicada en la ciudad de Piedras Negras, en la frontera con Estados Unidos.

La revisión ocurrirá al amparo del Mecanismo Laboral de respuesta Rápida (MLRR) del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

«El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, comunicó a la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos la admisión de la solicitud de revisión recibida el 14 de diciembre pasado, respecto a una supuesta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Fujikura Automotive México», informó la dependencia en un boletín.

Esta es la decimoctava vez que las autoridades estadounidenses apelan al MLRR del T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020, y la decimotercera revisión en lo que va de 2023.

Ahora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México tiene un plazo de 45 días para conducir una revisión interna «para determinar la existencia o no de una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa», contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud.

En el comunicado, el Gobierno mexicano refrendó su compromiso para «implementar de forma efectiva la legislación laboral, así como las disposiciones en la materia establecidas en el T-MEC», con lo que garantiza el cumplimiento y protección de los derechos colectivos de las personas trabajadoras del país.

Apenas el pasado 1 de diciembre, México admitió la solicitud de Estados Unidos para revisar que la empresa Autoliv Steering Wheels, ubicada en el central estado de Querétaro, respeta los derechos laborales de sus trabajadores, también en el marco del MLRR del T-MEC.

EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este viernes la petición de la Fiscalía para que estudiara si el expresidente Donald Trump (2017-2021) tiene inmunidad en el caso federal que pesa en su contra por el asalto al Capitolio.

El alto tribunal emitió un documento en el que deniega la petición al fiscal especial Jack Smith pero no aporta ninguna explicación sobre su decisión.

El rechazo del Supremo supone un duro golpe para la estrategia de Smith, quien pidió la semana pasada al tribunal, y volvió a insistir este jueves, que se pronunciara de forma urgente sobre la inmunidad de los expresidentes ante cargos federales.

El tema de la inmunidad, que ahora queda en manos de tribunales de menor instancia, mantiene en suspenso el caso del asalto al Capitolio, que debe juzgarse en Washington y que de realentizarse mucho podría no afectar a la eventual candidatura del republicano en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

La defensa de Trump ha apostado por intentar alargar el proceso lo máximo posible.

El propio expresidente pidió el miércoles al Supremo que desoyera los reclamos del fiscal y cumpliera con todos los procedimientos.

Trump está acusado de incitar el violento asalto al Capitolio que sucedió el 6 de enero de 2021 y se enfrenta a un proceso por varios delitos, el más grave el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, que podrían acarrearle un máximo de 55 años de cárcel.

El juicio estaba previsto para el 4 de marzo de 2024 en la capital federal, un día antes del ‘supermartes’, el gran día de las elecciones primarias, aunque podría retrasarse si no se resuelven cuestiones previas como el de la inmunidad.

Esta victoria contrasta con el varapalo que recibió el miércoles por parte del Tribunal Supremo de Colorado, que expulsó al exmandatario de las primarias republicanos en ese estado por su rol en el asalto al Capitolio.

EFE

David Kozák, el universitario checo de 24 años que ayer mató a 14 personas e hirió a otras 25 en Praga, antes de suicidarse, no tenía antecedentes policiales, pero había anunciado una matanza en redes sociales y estaba siendo buscado por la Policía como sospechoso de un doble homicidio hace una semana y otro el miércoles.

Kozak, estudiante de Historia en la Universidad Carolina de Praga, entró ayer en el edificio de la Facultad de Filosofía de ese centro y disparó indiscriminadamente causando una matanza, antes de subir al tejado y disparar contra los transeúntes, hiriendo a un matrimonio de Emiratos Árabes y a un ciudadano neerlandés.

Asediado por la Policía, el agresor se suicidó de un disparo en la cabeza.

Las autoridades ya estaban tras la pista de Kozák como sospechoso de la muerte el pasado día 15 de un hombre de 32 años y de su hija de dos meses, cuyos cadáveres fueron encontrados en un bosque cerca de Praga, tal y como confirmó hoy el jefe de la Policía Criminal de Praga, Aleš Strach, informa Radio Praga.

«Estábamos a pocos días de evitar este trágico suceso que ocurrió ayer», reconoció Strach.

Además, las fuerzas de seguridad estaban buscando a Kozák como supuesto autor de la muerte de un hombre, que se cree es su propio padre, el miércoles en la localidad de Hostoun, a 35 kilómetros al oeste de Praga.

De hecho, este último crimen provocó que la Policía desplegara un dispositivo en un edificio de la Universidad donde se esperaba que el agresor acudiera a clase ayer por la tarde.

Kozák, sin embargo, se dirigió a la sede principal de la Facultad de Filosofía, donde cometió la masacre.

David Kozák, que no tenía antecedentes penales, gozaba de un buen expediente académico y ha sido descrito como «retraído» por algunos de sus compañeros de estudios, había especulado en la red social Telegram con la idea de cometer una matanza.

En su cuenta de Telegram, Kozák habría escrito en cirílico que se inspiraba en un reciente homicidio perpetrado en Rusia por una estudiante en el que murieron dos personas.

Con todo, el ministro de Interior, Vit Rakusan, aseguró hoy que la masacre de ayer era difícil de prever.

«Es un tipo de atentado que difícilmente se puede prevenir», señaló el ministro en rueda de prensa.

Las autoridades han descartado cualquier vinculación del agresor con grupos terroristas.

EFE

La Asamblea de la comunidad autónoma española de Madrid aprobó este viernes la modificación de las leyes LGTBi de su ámbito, de acuerdo con un compromiso electoral de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el que se elimina el concepto de «identidad de género” y, entre otras cuestiones, se añade el “acompañamiento psicológico” a menores en procesos de cambio de género.

Gracias a la mayoría absoluta del partido de Ayuso, el PP, y con el apoyo de la formación de ultraderecha Vox, salió adelante este nuevo texto en el último pleno del año, que cierra el periodo de sesiones con esta polémica modificación que tiene el rechazo de los partidos de izquierda Más Madrid y PSOE, asociaciones LGTBi, e incluso el Ministerio de Igualdad, que ya adelantó que estudiará «medidas» si colisionan con la norma nacional.

España es considerado uno de los países más seguros para la población LGTBi y el pasado febrero se aprobó la Ley Trans de ámbito nacional. que daba una mayor cobertura y protección a esta población vulnerable y discriminada en todo el mundo.

Tras la aprobación de las modificaciones en la norma regional, asociaciones y colectivos LGTBi, que se han manifestado las pasadas semanas y siguieron el debate desde la tribuna de invitados de la Cámara, mostraron las manos con guantes rojos, simbolizando que el gobernante Partido Popular tiene «las manos manchadas de sangre».

En concreto, la reforma modifica varios aspectos de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid del año 2016, aprobadas durante el mandato de la entonces líder popular Cristina Cifuentes, en las que el PP se abstuvo.

Entre otros cambios, se elimina el concepto de «identidad de género» para pasar a hablar de «condición o expresión sexual» y se borra la inversión de la carga de la prueba (una obligatoriedad del ordenamiento jurídico por la que quien denuncia debe probar el incumplimiento de la ley) o la posibilidad de que se cometa una discriminación «por error», al considerar que podría vulnerar la presunción de inocencia.

Así, en las modificaciones de la Ley trans regional, la derecha defiende que estos cambios buscan garantizar su «acompañamiento psicológico de forma transparente y clara», por los profesionales “adecuados”.

Además, se eliminan artículos de carácter educativo para promover la no-discriminación o el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, y contempla, entre otros asuntos, la exigencia de que un pediatra realice un examen previo al tratamiento de transición de un menor.

Al inicio de la jornada, medio centenar de personas, miembros de sindicatos y asociaciones LGTBi, acudieron a la entrada de la Cámara para protestar contra estas modificaciones aprobadas el mismo día que los Presupuestos 2024 y de la modificación de 15 textos normativos que afectan a la Ley de Radio Televisión Madrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia, duramente criticadas por la oposición.

EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, pidió al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, que tome las medidas que sean necesarias para evitar muertes de civiles en la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.Blinken y Gallant tuvieron el jueves una llamada telefónica en la que también discutieron sobre los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes que siguen secuestrados por Hamás y para aumentar la llegada de ayuda humanitaria para los palestinos, informó este viernes el Departamento de Estado.

«El secretario Blinken reiteró que Israel debe tomar todas las medidas que sean posibles para evitar daños a los civiles y subrayó el compromiso de Estados Unidos de promover pasos tangibles hacia la realización de un futuro Estado palestino», detalla el comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense también destacó la necesidad de evitar que el conflicto se expanda en la región, pidió que se tomen medidas para reducir la tensión en Cisjordania ocupada y que se evite una escalada con Hizbulá en El Líbano.

El Ejército israelí sigue azotando la Franja de Gaza con bombardeos, pese a las crecientes críticas internacionales por el elevado numero de victimas: 20.057 muertos y 53.320 heridos, la mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes una resolución para impulsar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, después de una semana de intensas negociaciones.Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos ha vetado dos resoluciones en el Consejo que pedían un alto el fuego en el enclave palestino, pues Washington considera que una tregua de este tipo sería utilizada por Hamás para rearmarse y atacar de nuevo a Israel.

EFE

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú dictará sentencia el próximo 9 de enero sobre la apelación presentada por el excongresista Kenji Fujimori y otros dos exparlamentarios contra la condena impuesta por tráfico de influencias en un caso que se desprende del indulto recibido por su padre Alberto Fujimori en 2017.

El juez supremo César San Martín escuchó este viernes los alegatos de las partes en una audiencia de apelación contra la condena a cuatro años y seis meses de cárcel dictada al hijo menor del expresidente Fujimori (1990-2000) y los exlegisladores Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Durante la sesión, Fujimori evitó responder a un interrogatorio y se acogió al silencio, al igual que Ramírez.

La defensa del exparlamentario señaló que se está vulnerando el debido proceso porque en las grabaciones hechas por el fallecido legislador Moisés Mamani, que son citadas como evidencia, hay espacios oscuros que interrumpen la secuencia del delito atribuido a Fujimori.

Kenji Fujimori y otros dos exparlamentarios de Fuerza Popular fueron procesados y condenados por presuntamente haber ofrecidos favores políticos a Mamani a cambio de que vote en contra de la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien indultó a Alberto Fujimori en 2017.

EFE

La Fiscalía de Ecuador informó este viernes que el próximo 5 de enero se celebrará una audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glas, luego que el juez de la causa aceptara la petición del Ministerio Público para llevar a un nuevo juicio al exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa.

«Por insistencia de la Fiscalía, el juez nacional, Luis Rivera, señaló la audiencia de formulación de cargos por el presunto peculado (malversación) -en el caso Reconstrucción de Manabí- para el viernes 5 de enero, a las 08:30» horas, informó la fuente en un mensaje de su cuenta en la red X.

Además, indicó que en este caso «tres personas serán procesadas: Jorge G. (Glas), expresidente del Comité para la Reconstrucción, y los exfuncionarios Carlos B. y Pablo O».

El anuncio del Ministerio Público se dio un día después de que la Asamblea Nacional (Parlamento) rechazara autorizar el nuevo juicio penal contra Glas, que actualmente tramita un pedido de asilo a México.

EFE

En vísperas de Navidad y en medio de un clima de tensión, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron este viernes en distintos puntos de Argentina contra el paquete de reformas del Gobierno del ultraliberal Javier Milei para desregular la economía y el sector público mediante un decreto de necesidad urgente (DNU) que aún debe ser aprobado por el Parlamento.

Por medio de asambleas, paro de actividades y ollas populares, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -gremio que agrupa a empleados estatales de toda Argentina-, marchó hasta la sede de la Jefatura de Gabinete en Buenos Aires, y también se concentraron en el Obelisco y el Ministerio de Capital Humano (exMinisterio de Desarrollo Social).

“No nos corresponde a nosotros evaluar si pasaron sólo doce días desde que el Gobierno asumió. Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados”, indicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.

En la capital, los manifestantes rodearon cada uno de los puntos de encuentro desde las aceras para evitar cortar las calles e incumplir con el protocolo ‘antipiquetes’ establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Gobierno minimizó la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales y sindicales y aseguró que apenas 470 personas participaron en las protestas en distintos sitios de la capital argentina y alrededores del conurbano bonaerense, 635 se manifestaron en ciudades de la provincia de Buenos Aires, 150 lo hicieron en la provincia de Tucumán (norte) y unos 50 en Santiago del Estero (centro).

El dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado criticó con duresa el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Milei: «es un retroceso institucional que de un plumazo nos devuelve a 1976. Se intenta instaurar en el país el programa económico de la última dictadura militar”, dijo.

Las reformas del Gobierno para buscar la estabilidad económica incluyen desde ceses de contratos laborales con el Estado, hasta privatizaciones de empresas estatales, pasando por la reforma de las leyes del trabajo.

En la tarde del viernes, trabajadores ferroviarios se sumaron a las protestas en el vestíbulo de la estación de trenes de Constitución, en Buenos Aires, contra la posible privatización de sus puestos de trabajo.

Sin alterar el normal funcionamiento del servicio y al grito de “los trenes y la patria no se venden”, los empleados advirtieron de que podrían volver a la década de los año noventa, con despidos, cierre de ramales y elevados costos del transporte público.

Ante esta situación, el sindicato presentó un amparo ante la Justicia pidiendo la “inconstitucionalidad y nulidad absoluta” del decreto, ya que ATE alegó que “el presidente Milei se atribuye facultades extraordinarias que atentan contra la división de poderes de la República Argentina”.

EFE

Panamá cierra este 2023 marcado por la agravada crisis migratoria: este año se batió el récord de medio millón de migrantes en tránsito por el Darién, una cifra que duplica el registro del año pasado y marca un aumento de menores.

Según cifras de las autoridades panameñas, hasta el pasado 20 de diciembre cruzaron 513.782 migrantes, de los cuales la mayoría son venezolanos (326.589), seguidos de ecuatorianos (56.328) y haitianos (45.628) con el objetivo de llegar a EEUU y Canadá, en busca de mejores condiciones de vida.

Este 2023 «ha sido un año en que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50 % son menores de 5 años«, dijo a EFE la experta basada en género del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Johana Tejada López.

La mayoría de las familias que migran son de Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, detalla la experta en el albergue de Lajas Blanca que, al igual que en Bajo Chiquito, es escenario de esa situación con numerosas familias con niños y adolescentes.

La experta de Unicef alerta de un incremento de la llegada de menores separados de sus padres durante la travesía y de los adolescentes que viajaban «solos».

La llegada masiva de migrantes obligó a los entes humanitarios a reforzar sus proyectos en Darién tras un 2022 que también registró la cifra récord en su momento de 248.000 personas en tránsito.

«Hemos trabajado de manera interagencial en lo que llamamos una ‘construcción de escenario’ para reorganizarnos y mejorar nuestras intervenciones en función de este crecimiento», detalla a EFE delegada de migración basada en Darién de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Verónica Martínez.

EFE