El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), a través de su red social X, informó que Venezuela amanece este miércoles 29 con núcleos convectivos de rápida evolución, asociados a lluvias o chubascos.
Asimismo, se espera actividad eléctrica (destellos azules) en Miranda, Distrito Capital, La Guaira,Aragua, este de Falcón, sur de Bolívar, suroeste de Amazonas y el Lago de Maracaibo.
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), compartió a través de su cuenta en Twtter las oficinas en todo el territorio nacional operativas para la jornada especial de cedulación.
La jornada estará desplegada hasta el día sábado 02 de diciembre para el referendo consultivo del Esequibo.
Unión Radio
El director general de la organización no gubernamental (ONG) País Plural, Daniel Picado, aseguró que el proyecto Nuestra Comunidad es de investigación. Esta iniciativa busca conocer cinco dimensiones de vida de personas LGBTIQ+.
“Estas dimensiones son salud, educación, bienestar económico, seguridad personal y derechos civiles y políticos. Los hallazgos son bastantes sorprendentes, pero no nos esperábamos que hubiese tanta participación por parte de la comunidad”, agregó.
De acuerdo con Picado, para este proyecto recibieron más de 800 respuestas en cinco regiones del país: Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y La Guaira.
El activista LGBTIQ+ recordó en entrevista con el programa A Tiempo de Unión Radio que la iniciativa contó con el impulso de varias organizaciones.
“Este proyecto está avalado por la Embajada de Alemania en Venezuela, quienes nos han apoyado. También por los centros de derechos humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Universidad Central de Venezuela (UCV)”, precisó.
Picado advirtió que el estudio reveló que funcionarios policiales tienen una selectividad por “abusar, extorsionar y detener arbitrariamente a personas de la comunidad LGBTIQ+”.
“Específicamente hombres gais, mujeres trans y personas no binarias. Es decir que este grupo tiene una vulnerabilidad mucho mayor que el resto de las poblaciones, por encima del 35 % de que puedan ser detenidos”, detalló.
Por otro lado, el activista alertó que las terapias de conversión siguen estando vigentes en Venezuela.
“El sistema de las Naciones Unidas y la Federación de Psicólogos de Venezuela tipificaron que esto es un método de tortura hacia las personas LGBTIQ+. Vimos que más de 130 personas de nuestra muestra han sido víctimas de las terapias de conversión”, señaló.
Asimismo, aseguró que estas terapias de conversión las llevan a cabo grupos religiosos, personal psiquiátrico y organizaciones comunitarias.
Picado también reveló que más del 80 % de la muestra desconocía que en Venezuela existen instrumentos legales sobre la comunidad LGBTIQ+. Tampoco conocen la existencia de la Fiscalía 98°, especializada en investigar casos referentes a esta población.
UR
Familiares de pacientes con fibrosis quística se concentraron frente a la sede de la Onu en Caracas este martes, pidiendo a la organización sea mediadora para que se garantice el tratamiento contra la enfermedad.
Lucía Colmenares, madre de paciente, afirmó que «ya no sabemos donde recurrir, nosotros queremos que nos escuchen, queremos que la ONU hable con el gobierno venezolano».
Se requieren hasta 23 mil dólares para adquirir un frasco de modulador para evitar que la enfermedad continúe avanzando.
Yolehidy Aldazora, madre de otro paciente con fibrosis quística, aseguró que «ningún venezolano puede cubrir con sus propios medios esta enfermedad».
UR
Venezuela y el Comité Internacional de la Cruz Roja evaluaron el martes las oportunidades de cooperación para el próximo año, a fin de impulsar nuevos proyectos, durante una reunión entre el canciller de este país caribeño, Yván Gil, y el representante de ese organismo en Caracas, Arnaud de Baecque.
Nos hemos reunido con el jefe de delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Venezuela, Arnaud de Baecque, con el fin de evaluar nuestra colaboración hasta la fecha y explorar nuevas oportunidades de cooperación para el próximo año. Esperamos seguir trabajando juntos para llevar a cabo proyectos que beneficien a la población venezolana», expresó Gil a través de la red social X.
En el 2021, el Gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron un convenio para retornar a la nación sudamericana a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el extranjero.
De igual manera, la administración de Nicolás Maduro y la Cruz Roja renovaron el acuerdo de cooperación en materia de agua potable y saneamiento para el periodo 2021-2023, con el objetivo de garantizar la atención del pueblo frente a las sanciones unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.
Además, Caracas y Comité Internacional de la Cruz Roja también establecieron un convenio para trabajar en conjunto sobre la protección de la población en materia de derecho internacional humanitario.
VF
Equipos dañados, embarcaciones deterioradas y bajos ingresos, son solo algunos de los problemas que afecta a más 800 pescadores del municipio San Francisco, quienes han mermado sus actividades pesqueras a causa de los constantes derrames petroleros que se extienden cada vez más a las orillas costeras del estado Zulia.
José Luzardo, presidente del Consejo de pescadores y pescadoras artesanales de San Francisco (Conppa), indicó a Versión final que la cantidad de petróleo que se esparce por las playas del municipio sureño se ha convertido en un «dolor de cabeza» para los pescadores de la zona, quienes en más de una oportunidad han presentado daños en sus embarcaciones e implementos de trabajo producto de la contaminación petrolera.
El vocero señaló que debido a esta situación, los pescadores exigen una indemnización de los organismos competentes por daños y prejuicios, ya que a su juicio el problema ocasionado por los derrames petroleros pone en riesgo la integridad de los trabajadores que se dedican a la actividad pesquera.
Hacemos un llamado al presidente de Pdvsa para que que le haga una indemnización a los pescadores por ser responsable de todo lo que estamos sufriendo, hemos perdido redes, embarcaciones y aunado a eso hay muchas personas enfermas por esta problemática», dijo Luzardo.
Asimismo destacó que los esfuerzos del gobierno por contrarrestar los niveles de contaminación son insuficiente y resaltó que todavía queda mucho por hacer para poner fin a esta situación.
Somos conscientes de los esfuerzos que hace el Gobierno nacional para frenar los derrames pero todavía queda mucho por hacer. Actualmente se han recolectado unas 213.500 toneladas de petróleo y faltan unas 500.000 toneladas por recolectar, lo que representa más del doble», comentó.
El representante del gremio advirtió que actualmente solo un 30% de los pescadores realizan su labores y más del 20 % de los productos que logran sacar del agua salen cubiertos con una mancha negra, lo que dificulta su comercialización.
«Todo lo que se está sacando del agua sale contaminado camarón, cangrejo, lisa, curbina, bagre pero el producto más contaminado es el camarón», dijo Luzardo.
En este sentido, Joseiry Gotera, otra de las representantes del Consejo de pescadores, agregó que tras el aumento en la contaminación se interpuso una denuncia en sede del Ministerio Público con el propósito de mostrar evidencias de los daños ocasionados por esta situación. Sin embargo, según la integrante del gremio hubo algunas irregularidades durante el proceso.
Nosotros realizamos una denuncia el pasado 11 de julio, sin embargo, en muchas oportunidades los funcionarios intentaron desestimar el caso, no quisieron reconocer a nuestra abogada y ha sido difícil manejar la situación a nivel legal, ya que no quieren reconocernos como victimas», sostuvo.
Por su parte, otro de los pescadores afectados hizo un llamado a las autoridades para que asuman su responsabilidad en este problema ambiental, que también ocasiona grandes daños a la fauna que hace vida en las 19 playas que conforman el municipio San Francisco.
Lo único que pedimos es que nos paguen las embarcaciones y nos brinden la ayuda necesaria para poder cumplir nuestras labores en mejores condiciones, no podemos seguir en está situación, queremos respuestas», dijo.
VF
Después de más de un año de la apertura gradual de la frontera entre Colombia y Venezuela, el pasado lunes 27 de noviembre se realizó el primer envío de vehículos desde el país vecino hacia territorio venezolano.
Un camión especializado en el transporte de automóviles, conocido como “camión niñera”, ingresó por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira, en horas de la tarde. El vehículo se dirigió a una bodega ubicada en el municipio Bolívar, donde dejó los siete vehículos que traía consigo.
“Se está moviendo el comercio binacional y los gremios de aduana, logística y transporte, de lado y lado, celebramos esta reactivación económica”, dijo una fuente consultada por el equipo reporteril de La Nación.
Los representantes de los sectores económicos de ambos países tienen previsto reunirse en los próximos días en la Cámara Colombo-Venezolana para evaluar los resultados del intercambio comercial en este año de reapertura fronteriza.
La frontera entre Colombia y Venezuela fue cerrada en agosto de 2015 por orden del presidente Nicolás Maduro, como parte de una estrategia para combatir el contrabando y la inseguridad. En septiembre de 2022, ambos gobiernos acordaron una apertura progresiva y controlada de los pasos fronterizos, que ha permitido el flujo de personas y mercancías.
Con información de La Nación
La policía de Trinidad y Tobago interceptó una embarcación con 22 venezolanos, entre ellos, siete menores de edad, que intentaron ingresar a la isla de forma irregular.
La detención se realizó frente a la playa de Erin, en el sur del país vecino. Algunos de los migrantes intentaron escapar hacia una zona boscosa, pero fueron arrestados cerca de la carretera Buenos Aires, reseñó Swiss Info.
Entre los criollos estaban 11 hombres y 11 mujeres. Todos fueron trasladados a la policía de Erin y Cedros para su custodia. Trinidad y Tobago, por su cercanía con aguas venezolanas, es punto de concentración para la trata infantil.
Sobre esto, la Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur) alertó en junio pasado que los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en el país caribeño son vulnerables a los abusos y la explotación, y enfrentan multitud de problemas.
“La mayoría de ellos no pueden regularizar su situación migratoria, matricularse en instituciones educativas oficiales, acceder a atención médica ni trabajar legalmente”, indicó la organización.
La Acnur hizo hincapié en que “cuando sea inevitable, los gobiernos deben garantizar el acceso sin trabas a asistencia y asesoramiento jurídico”.
VF
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó el martes que ha realizado más de 30 vuelos de repatriación a Venezuela y Centroamérica en las últimas dos semanas, como parte de su política de expulsión de migrantes irregulares. Además, más de 5.000 personas han sido devueltas directamente a México, en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según el DHS, todos los migrantes que fueron expulsados habían sido evaluados para “determinar si tienen reclamos de protección válidos y suspensión de expulsión de acuerdo con nuestras leyes”. Sin embargo, ninguno de ellos fue elegible para permanecer en Estados Unidos, y tuvieron que presentar su caso ante un juez de inmigración.
“Los no ciudadanos que carezcan de una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados, de conformidad con la ley estadounidense”, reafirmaron las autoridades migratorias.
Los vuelos directos de deportación a Venezuela desde Estados Unidos se reanudaron en octubre, luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro aceptara “la repatriación directa” de venezolanos que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos.
En el año fiscal 2022, Estados Unidos deportó a más de 150 países del mundo a 72.177 personas. En la primera mitad del año fiscal 2023, la cifra de deportados ya se acercaba a las 66.000.
Mientras tanto, la llegada de migrantes irregulares a la frontera sur de Estados Unidos sigue aumentando de forma dramática. En el último año, los agentes fronterizos reportaron más de 2,4 millones de encuentros con migrantes en la frontera.
El lunes, las autoridades federales de Estados Unidos cerraron un cruce fronterizo en Texas y limitaron el tránsito en otro en Arizona, con el fin de destinar más recursos al control de los ingresos ilegales.
CBP anunció el cierre de uno de los dos puentes vehiculares en Eagle Pass, Texas, una localidad que, durante un tiempo el año pasado, se convirtió en el corredor con más cruces ilegales.
Con información de VOA.
