«Por favor, por favor», repite Felipe González. Y vuelve a repetir hasta tres veces: «Estoy muy, muy, muy preocupado». Lo que advierte casi con desespero este expresidente del gobierno español es la erosión de la democracia de su país, surgida de un proceso modélico hace casi medio siglo. El riesgo de una ruptura constitucional y territorial
En un video de 27 minutos difundido desde la fundación que lleva su nombre, González cuestiona con severidad la negociación entre su partido (PSOE) y Junts per Catalunya, la organización independentista que dirige desde Bruselas el fugado de la justicia -y hábil negociador, a la vista de los resultados- Carles Puigdemont.
El mensaje del expresidente se conoció antes de que el jueves se publicara el acuerdo alcanzado entre los hombres de Pedro Sánchez y Puigdemont para lograr que el primero siga siendo jefe del gobierno -Junts aporta los siete (7) votos que lo hacen posible- y que se presenta como un pacto de «convivencia».
De inmediato quedan claro dos asuntos: uno, Sánchez será investido posiblemente la semana que viene; dos, la convivencia amenaza con estallar por los aires. Y apenas comienzan las turbulencias.
En Madrid y otras ciudades se han producido manifestaciones, con algunas escaramuzas violentas -criticado ese cariz por Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición- y se anuncian para el próximo domingo jornadas pacíficas de protesta en todas las capitales de provincia. ¿Es ese el «encuentro de todos los españoles» que pregona Pedro Sánchez? González se pregunta: «¿Vale la pena por esos siete votos?».
El pacto suscrito tiene 4 páginas, 1.500 palabras. Entre las primeras reacciones están las del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el gobierno de los jueces, más todas las asociaciones de jueces y fiscales del país, que expresaron su “absoluto repudio” al concepto de lawfare –el mismo que esgrimen en nuestra región Lula, la señora Kirchner y el también fugado Rafael Correa cuando la justicia lo aprieta- que aparece en el acuerdo entre Junts y el PSOE.
El CGPJ señala que el lawfare “denunciado” por las partes negociantes «implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada».
Para los jueces se trata de una «inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes». Y anuncian que harán frontal oposición legal a la iniciativa parlamentaria de los «nuevos socios» de una falsa «mayoría progresista».
Destacadas figuras de los medios españoles han criticado con sorna y con dureza el acuerdo Junts-PSOE. El muy reconocido periodista Carlos Alsina, crítico de unos y otros en ejercicio de su independencia de criterio, tiene meridianamente claro que la Ley de Amnistía, que se desprenderá de esa negociación y aún no ha sido divulgada, tiene dos beneficiarios directos: Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. Uno quedará libre de polvo y paja tras el intento de secesión; el otro será reelegido en la presidencia del gobierno.
Desde el diario El Español, su director Pedro J. Ramírez considera que «sólo un suicida» se avendría a negociar «las demandas excesivas y contrarias al Estado de Derecho» de Puigdemont. «No todas, sino cualquiera de ellas» porque entrañan un evidente peligro.
«El documento -sigue Ramírez- da cuenta de un acuerdo de investidura disparatado que atenta contra valores fundamentales de la Constitución como la unidad de la nación, la seguridad jurídica o el principio de igualdad entre los españoles. El compromiso de aprobar una Ley de Amnistía, que legitima los delitos del procés (el intento secesionista) y deslegitima la actuación de la justicia española para condenarlos, así lo constata».
Esta historia comenzó en 2019 cuando el presidente del gobierno español inició la tramitación de indultos, a los que antes se había opuesto, para promotores de la secesión, además de «abaratar» el costo de los delitos de malversación por los que también estaban acusados los sediciosos.
Sánchez negaba entonces la amnistía y también el referéndum de autodeterminación para Cataluña. Ahora concede el perdón a Puigdemont y los suyos y muchos más porque cubriría un período de más de diez años (desde 2012) y deja abierta la puerta al referéndum.
Dice textualmente lo pactado: «En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». El líder de Junts reiteró que solo cuando lo firmado llegue al final se considerará como un «documento histórico». El final es la partición.
Además, Sánchez, urgido por los votos de Junts –“hagamos de la necesidad virtud”, dijo semanas atrás- aceptó someter su gobierno a un mecanismo internacional, “que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue”.
Puigdemont es abusivamente el triunfador de la negociación. Pedro Sánchez lo entregó todo en nombre de su ambición personal y política. Y la gran perdedora es la sociedad democrática española. Vienen tiempos muy duros para la “madre patria”. ¿Se oirá la voz del jefe del Estado, el rey Felipe VI?
Editorial de El Nacional
