Un conato de incendio en el hospital Luis Ortega de Nueva Esparta obligó a evacuar a 35 pacientes recluidas en el área de Obstetricia, 30 pacientes postoperados y 31 del área de Traumatología.

El evento ocurrió en el área de rayos x, por lo que autoridades decidieron desalojar a las personas para evitar accidentes.

LLAMAS EN HLO
Un conato de incendio en el hospital Luis Ortega obligó a evacuar los pacientes recluidos en el área de Obstetricia en el piso uno, de donde evacuaron 35 parturientas, mientras que de segundo piso sacaron los 30 pacientes postoperados y 31 del área de Traumatología pic.twitter.com/x9vK4H6q5O

— DEXCY GUÉDEZ (@dexcyguedez) September 28, 2023

UR

VF

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró el sector de la oposición ha propuesto invadir a Guyana “para generar una guerra”. Resaltó que la soberanía “no se discute” y que la resolución del diferendo territorial debe realizarse de manera consensuada.

“Los locos y las locas de la posición pedían que invadiéramos Guyana y se fueron para allá, y se montaron en unas lanchas como si fueran Cristóbal Colón. Que el gobierno tenía que intervenirlo militarmente y pasarle por encima; eso es lo que ellos quieren, una guerra como lo quiere el imperialismo”, alertó.

Cabello aseveró que “la integridad de nuestro territorio no está en discusión ni se negocia”.

#ElEsequiboEsVenezuela la integridad de nuestro territorio no está en discusión ni se negocia, los derechos sobre el suelo patrio le pertenecen al Pueblo de Venezuela, la Patria toda reclama unidad en defensa de la Guayana Esequiba, Unidos Nosotros Venceremos!!

— Diosdado Cabello R (@dcabellor) September 28, 2023

Sumarium

Estados Unidos debe liberar “inmediatamente” y retirar todos los cargos contra Álex Saab, según un grupo de expertos de la ONU. Saab está detenido en ese país por supuesto lavado de dinero y se le vincula con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Enviado especial”

Saab fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020, cuando hacía una escala en un viaje como “enviado especial” del Gobierno venezolano. Caracas denuncia que su detención fue ilegal, ya que gozaba de inmunidad diplomática.

Los expertos de la ONU cuestionan las “irregularidades” en el arresto de Saab, pues no había ni orden de captura ni alerta roja de Interpol en ese momento. Estas se emitieron después de su detención. Luego, Saab fue extraditado a Estados Unidos, donde se le retiraron la mayoría de los cargos y solo se le acusa de conspiración para lavar dinero.

Denuncian violación de derechos

Los relatores de la ONU consideran que las acciones contra Saab violan sus derechos humanos, como el derecho a no ser detenido arbitrariamente, a la presunción de inocencia y a un juicio justo. Además, afirman que su detención afecta el derecho a un nivel de vida adecuado para millones de venezolanos, ya que interrumpió la misión del enviado para comprar bienes esenciales.

“Nos preocupa profundamente que, casi dos años después de su extradición, el señor Saab siga detenido a la espera de juicio por una supuesta conducta que no se considera delito internacional y que, por lo tanto, no debería haber sido objeto de jurisdicción extraterritorial o universal”, declararon la relatora sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, y el experto independiente sobre orden internacional, Livingstone Sewanyana.

Sumarium

Desde 2017 se han abierto 32.043 causas, señaló el Fiscal General. En seis años han sido imputadas 20.560 personas, se acusó a 15.317 y van 5.081 condenas, en su mayoría a 30 años de cárcel

El fiscal general, Tarek William Saab, informó el miércoles que en Venezuela se han registrado 5.428 casos de pedofilia, en lo corrido de 2023.

No podemos normalizar que alguien sienta atracción de tipo erótica con un niño o niña. Eso es una aberración», puntualizó Saab, al referirse a la campaña Pedofilia es Crimen, a través de una alocución por radio y televisión.

El alto funcionario refirió que en 2020 se abrieron 3.706 causas; en 2021, 4.406, y en 2022, 6.680.

En total desde 2017 se han abierto 32.043 causas; se han imputado 20.560 personas, se acusó a 15.317 y se contabilizan 5.081 condenados», dijo.

Resaltó, respecto a los ciudadanos sentenciados por este delito, que la mayoría tiene la máxima condena que establece la legislación venezolana: 30 años.

Hemos alertado sobre el cuidado tan especial que deben tener padres y madres sobre sus hijos», exhortó Saab, en cuanto a la mencionada campaña que lleva adelante del Ministerio Público contra la pedofilia.

VF

Del total de casos, 31 fueron de estigmatización, 17 de intimidación y hostigamiento, seis de judicializaciones, cuatro amenazas y dos ataques digitales. En el primer semestre de este año, el CDJ registró 309 incidentes de seguridad, lo que representa un incremento del 44 % en comparación con el mismo período de 2022. Los principales victimarios, prosiguió, fueron funcionarios públicos (37 %), instituciones públicas

En Venezuela se registraron 60 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en agosto, 40 más que los contabilizados en el mes de julio, informó este miércoles la oenegé Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

«Los 60 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de agosto reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la política de criminalización», denunció la oenegé en su más reciente boletín.

Del total de casos, 31 fueron de estigmatización, 17 de intimidación y hostigamiento, seis de judicializaciones, cuatro amenazas y dos ataques digitales.

El CDJ manifestó su preocupación por el aumento de los ataques, y aseguró que estos tienen como fin «intimidar y neutralizar a la sociedad civil, a la par que avanzan las restricciones en el espacio cívico».

Detalló que el 62 % de los casos registrados fueron ejecutados contra personas defensoras de derechos, mientras que el 38 % restante estuvo dirigido a organizaciones.

Los principales victimarios, prosiguió, fueron funcionarios públicos (37 %), instituciones públicas (33 %), actores afines al Gobierno o asociados a las estructuras «del Sistema Popular de Protección para la Paz» (20 %), organismos de seguridad del Estado (7 %) y medios tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales (3 %), reseñó 0800 Noticias

El centro alertó de que, durante el mes de agosto, «incrementaron las formas de vigilancia y seguimiento por parte de actores estatales y no estatales a personas defensoras y organizaciones», lo que, a su juicio, «tiene un efecto disuasorio e inhibidor» en las víctimas que sienten temor de seguir con su trabajo.

En el primer semestre de este año, el CDJ registró 309 incidentes de seguridad, lo que representa un incremento del 44 % en comparación con el mismo período de 2022, según sus datos.

VF

Alrededor del 25 % del flujo migratorio este 2023 lo constituyen menores de edad, de acuerdo con los datos oficiales. Al menos 37 han muerto allí este año, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. Panamá es el único país de América que toma los datos biométricos a los migrantes en unas estaciones situadas en sus fronteras.

Panamá supera el umbral de las 400.000 personas llegadas al país a través de la selva del Darién en su viaje irregular hacia Norteamérica, un registro inédito que muestra la magnitud de una creciente crisis migratoria en América que se intenta atajar con más deportaciones.

Cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá a las que tuvo acceso EFE dan cuenta de que hasta las seis de mañana de este miércoles 399.606 migrantes habían entrado en lo que va de este año al país, a un ritmo de más de 2.000 personas por día a lo largo de este mes de septiembre.

Se está ante un récord histórico que deja atrás los 248.000 migrantes registrados en 2022 y los 133.000 de 2021, y que se vislumbraba entre los escenarios más críticos de este fenómeno de migración masiva y visible que comenzó en el 2015 con el tránsito de miles de cubanos hacia Estados Unidos.

Ante esta oleada, las autoridades de Panamá ya han dicho que podría llegar a medio millón el número de personas que crucen la selva este año.

Alrededor del 25 % del flujo migratorio este 2023 lo constituyen menores de edad, de acuerdo con los datos oficiales. Hay familias enteras en movilidad.

La gran mayoría de los viajeros son suramericanos, más de 324.000, encabezados por venezolanos, más de 252.000, ecuatorianos (47.724), y colombianos (13.404). Les siguen los antillanos, con más de 39.200, asiáticos (27.878) y africanos (7.389).

Los rigores del Darién, un parque nacional panameño de 575 mil hectáreas, no detienen a los migrantes. Al menos 37 han muerto allí este año, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aunque el subregistro es enorme, como ha admitido el organismo.

A las muertes se suman los robos, asaltos y violaciones que sufren estos viajeros.

Panamá es el único país de América que toma los datos biométricos a los migrantes en unas estaciones situadas en sus fronteras del Darién, en el sur y límite con Colombia, y de Chiriquí, en el norte y fronteriza con Costa Rica, en las que además ofrece asistencia sanitaria y de alimentación, un operativo en el que ha invertido más de 70 millones de dólares según las cifras oficiales.

Deportaciones para atajar una situación «límite»

Las autoridades de Panamá claman por más cooperación internacional para administrar el creciente flujo migratorio, que ha llevado al límite las capacidades del Estado y de los organismos mundiales que asisten en el Darién a los viajeros en tránsito.

La estrategia de flujo controlado que aplica Panamá ha impedido que migrantes mueran asfixiados en furgones o sean víctimas de explotación sexual o de trata de personas en territorio panameño como sí ocurre en otros países, alertó el pasado fin de semana el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino.

En medio de esta crisis, las autoridades de Panamá anunciaron el pasado 8 de septiembre la intensificación de las «deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales», una medida que desde abril pasado se aplicó a 452 personas, según las cifras oficiales.

Esta misma estrategia, pero a mucha más escala, pretenden implementar México y Estados Unidos ante la crisis en su frontera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), entregará a México a migrantes deportados en el Puente Internacional de Ciudad Juárez, según un acuerdo alcanzado por ambos gobiernos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano anunció su compromiso de «realizar las gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus connacionales» y «continuar con el operativo espejo en la frontera de México y Estados Unidos».

VF

En un comunicado, la instancia explica que, en esta oportunidad, se les preguntará a las víctimas si consideran que la Decisión del Artículo 18(2), que permite la reanudación de la investigación del Fiscal de la CPI, debe ser confirmada, enmendada o revocada en apelación

Hasta el mes de octubre, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) permitirá a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela la oportunidad de ser escuchadas, a través de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la Secretaría, en el proceso de apelación en contra de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizó la continuación de la investigación de la Fiscalía en torno a la situación de Venezuela.

En un comunicado, la instancia explica que, en esta oportunidad, se les preguntará a las víctimas si consideran que la Decisión del Artículo 18(2), que permite la reanudación de la investigación del Fiscal de la CPI, debe ser confirmada, enmendada o revocada en apelación.

Solo podrán participar aquellas personas que sean víctimas directas o indirectas, que no hayan participado en la convocatoria anterior y que deseen socializar con la CPI sus opiniones y preocupaciones sobre el procedimiento de apelación y la investigación de la Fiscalía en Venezuela.

En esta decisión, la CPI garantizó la confidencialidad con respecto a la información que suministren los afectados, la cual cuenta con altos parámetros de seguridad.

Las víctimas no están solas

Sobre esto, la ONG Defiende Venezuela afirma que “esta es una nueva oportunidad, para que las víctimas puedan dar sus testimonios sobre los actos atroces a los que fueron sometidos por parte del gobierno de Maduro”.

Además, es un espacio para que la sociedad civil venezolana se fortalezca aún más y acompañe a las víctimas de represión a que puedan denunciar y alzar su voz sobre estos crímenes.

“Es importante que las ONG sigan adelante con su misión de promover y defender la justicia y los DD.HH., y visibilizar ante el mundo cómo el Estado ha convertido la represión, el hostigamiento, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en una política de Estado”, señala la organización en una nota de prensa.

Las características de las víctimas

Defiende Venezuela recordó que, de conformidad con la regla 85 del Procedimiento y Prueba de la CPI, se entiende que una víctima es una persona natural que ha sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la CPI.

También pueden incluirse organizaciones o instituciones que sufrieron daños directos a alguno de sus bienes dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias, la beneficencia, monumentos históricos, hospitales u otros lugares u objetos con fines humanitarios.

El daño también puede ser físico, mental, emocional, económico, social o que haya causado un daño sustancial a lous derechos humanos.

Asimismo, indicó que la situación Venezuela I abarca todos los crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI, cometidos en el territorio venezolano desde el 12 de febrero de 2014 por autoridades estatales, miembros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles e individuos progubernamentales (llamados «colectivos»), considerando también el alcance de la remisión presentada por un grupo de Estados Partes el 27 de septiembre de 2018 a la Fiscalía de la CPI.

EC

Caracas aseguró que sus recientes pronunciamientos «de ninguna manera se constituyen en una amenaza a la soberanía y la integridad territorial» de Guyana, y reiteró su «firme decisión de salvaguardar su soberanía e integridad territorial»

El Gobierno rechazó este miércoles, de «manera contundente», que Guyana «pretenda tergiversar y manipular» ante la comunidad internacional el «espíritu» de sus recientes declaraciones en defensa de una zona de 160 mil kilómetros cuadrados en disputa entre ambos países.

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano ratificó el reciente pronunciamiento del canciller, Yván Gil, ante la Asamblea General de la ONU, donde denunció el «intervencionismo estadounidense en la controversia territorial con Guyana».

Caracas aseguró que sus recientes pronunciamientos «de ninguna manera se constituyen en una amenaza a la soberanía y la integridad territorial» de Guyana, y reiteró su «firme decisión de salvaguardar su soberanía e integridad territorial».

Las actividades «unilaterales» de Guyana, prosiguió, «no son conformes con el derecho internacional, por pretender llevarse a cabo en zonas marítimas pendientes de delimitación y que afectan zonas marítimas venezolanas», en referencia a un proceso de licitación que -asegura Caracas- lleva a cabo Georgetown de bloques petrolíferos ubicados dentro del área.

Venezuela reiteró que el Acuerdo de Ginebra de 1966 «traza una hoja de ruta convenida entre ambas partes para alcanzar una resolución pacífica a la controversia, a través de la negociación política», y ratificó su disposición de participar en un encuentro bilateral promovido por la Comunidad del Caribe (Caricom).

El presidente guyanés, Irfaan Ali, prometió el lunes defender la soberanía e integridad territorial por medios legales y pacíficos, después de que el Parlamento venezolano llamara, la semana pasada, a un referéndum para defender su reclamo sobre el territorio en disputa de Esequibo.

EC

Andrés Caleca, candidato a las elecciones primarias, se comprometió a crear fondos que incrementen el monto de los pensiones, durante un encuentro con la Asociación de Jubilados y Pensionados.

El candidato independiente mencionó que la principal tarea que tienen los jubilados y pensionados en el país es lograr que Nicolás Maduro salga de Miraflores. Explicó que está en fase de estudio la conformación de un fondo con el que se pueda garantizar el pago de una pensión digna.

En la reunión estuvo presente Emilio Losada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados de Venezuela, Omar Vásquez, secretario general y los directivos Alfredo Hernández, Nilda Clemente y Moraima Pozo.

Los presentes intercambiaron sus puntos de vista del contexto actual, mientras Caleca los instó a mantenerse en la lucha para recuperar la democracia y reactivar la economía venezolana.

En busca de la la descentralización

También dijo que su gobierno será de transición y buscará la descentralización. Su tarea fundamental es luchar contra el hambre y la pobreza, por lo que reactivaría la economía con inversión privada y recuperaría los servicios públicos desde la administración del Estado. «Quien ofrezca convertir a Venezuela en una potencia en los próximos seis años, les está mintiendo», advirtió.

Sobre la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la primaria del próximo 22 de octubre cree que hay que esperar una propuesta concreta del ente, pero aclaró que apoya cualquier decisión que tome la Comisión Nacional de Primaria.

Recalcó que no está de acuerdo con convocar a una Constituyente ya que con la actual carta magna «se pueden.acometer los cambios que el país reclama». Si se diera el escenario propondría que se elimine la reelección para cualquier cargo de elección popular y que se busque blindar la descentralización.

EC