El Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro realizó el foro La migración forzada venezolana en Suramérica, con la participación de cuatro especialistas quienes analizaron el fenómeno en Chile, Perú y Colombia. Contó con impulso de Armando Borda Herrada, presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos con sede en Lima.
La migración venezolana, forzada por la crisis del país, y la mayor del hemisferio y una de las tres más grandes del mundo, se ha convertido en un desafío para los países de la región que, pese a los esfuerzos, requiere de políticas de protección más definidas para ser abordado. Pero depende de Venezuela que los más de 7 millones de venezolanos tengan la opción de regresar y de restituir sus derechos ciudadanos.
Esta fue la conclusión principal que se expuso en el foro La migración forzada venezolana en Suramérica, organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, que preside Ramón Guillermo Aveledo, en alianza con la UCAB-Caracas.
Cuatro calificados especialistas en el tema migratorio aportaron sus visiones y datos de la compleja situación que atraviesan los nacionales desde que salieron del país en 2014 en busca de mejores oportunidades. Fueron Ligia Bolívar, investigadora venezolana asociada del Centro de Derechos Humanos de la UCAB; Nicolás Gissi Barbieri, académico y antropólogo, de la Red de Investigación de Migraciones de la Universidad de Chile; Ximena Solórzano, politóloga peruana; y Tulio Hernández, sociólogo venezolano.
También estuvo presente Armando Borda Herrada, presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos de Perú, proponente del foro como “una iniciativa para contribuir y hermanar los pueblos”, a propósito del 45° aniversario de la organización.
En una breve intervención, Borda Herrada resaltó la importancia del estudio del fenómeno y lo definió como una “realidad desafiante” que, de aumentar o disminuir, dependerá de Venezuela, en la medida en que supere “la situación de incertidumbre y precariedad”.
“Auguramos que Venezuela retorne a una situación de normalidad democrática donde se respeten a los ciudadanos, sus derechos y libertades, para su propia realización”.
Aveledo, resaltó la importancia del tema de la migración venezolana, al presentar el foro que moderó el embajador Edmundo González Urrutia, coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto, con el apoyo tecnológico de Univeristas Fundacion.
“En los últimos años, 7.1 millones de venezolanos se ha ido, lo que representa la cuarta parte de la población, aproximadamente. La mayoría son jóvenes, muchos con estudios universitarios y técnicos. Del total, más de 6 millones viven en América Latina y el Caribe”, señaló basado en informes de Acnur.
“Esto evidencia un grave problema para la sociedad venezolana y también un desafío significativo para los pueblos que los reciben, por su magnitud y por su novedad”, dijo, y recordó que “no es casualidad que a Venezuela la llamen la octava isla”, debido a la cantidad de gente que vino al país. “En Barquisimeto, mi ciudad, un maestro, el Hermano Luciano inventó un gentilicio simpático. Dijo que tenía estudiantes barquisimetanos y ‘barquisimetidos’. Él, que era francés, pertenecía a este grupo”, citó para ilustrar.
“Solo por Panamá, hasta el 6 de julio de 2023, habían pasado 103.028 venezolanos, el triple que los haitianos de lo han hecho, cuatro veces los ecuatorianos, 10 veces los chinos y 16 veces el número de colombianos, informa la oficina competente del gobierno panameño”.
Migración: necesidad de protección internacional
Ligia Bolívar, socióloga e investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, a cargo de la sección de Migrantes y Refugiados, abordó el contexto actual del proceso de movilidad humana venezolana, a partir de un vistazo general en la región. Y mencionó cuatro razones que empujan a la gente a migrar, según encuestas TMT de la OIM. Son la económica/laboral, referida más a los bajos salarios; la inseguridad; la crisis de insumos en salud; y falta de acceso a alimentos.
“Esto nos lleva a decir que, aunque en el caso de Venezuela se puede hablar de flujo de personas, la motivación para abandonar el país es la necesidad de protección internacional”, dijo.
Los perfiles de los migrantes, que hasta 2019 se mantuvieron relativamente estables, como la calificación académica, papeles en regla, cambiaron en la etapa pospandémica y se agudizaron entre 2020 y 2021: personas menos calificadas, sin documentos. Esto, mientras los requisitos para el ingreso se endurecieron. “En Colombia, se da una diferencia entre vocación de permanencia y dinámica de no retorno. Es más, la gente que prefiere quedarse fuera del país”, señaló.
“En ese contexto se dan vacíos y riesgos de protección. Incremento grave de menores no acompañados, y también que muchos están pidiendo la protección internacional, el asilo, sin pasar por el control migratorio y no reciben sello de entrada, por lo que en muchos países no se sabe en qué momento entraron y se les niega el acceso al formulario”.
Bolívar indicó que los perfiles con mayor riesgo que apelan a la figura de asilo son los indígenas de distintas zonas del país, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, y parlamentarios, dirigentes políticos y comunitarios. Y también periodistas, “un sector que han sido muy golpeado”.
Ante esto, la respuesta de los países receptores fue diversa. Mientras en Colombia, como principal país receptor, hubo una “respuesta pragmática positiva” que facilitó la regularización, en Chile y Perú se registraron obstáculos en los trámites para obtención de pasaportes y visas, dijo. Esto incrementó las deportaciones, principalmente en Perú, donde “las deportaciones son utilizadas como mecanismo de propaganda política, lo que constituye una forma de trato cruel”.
Tampoco se han establecido corredores humanitarios, según la especialista. “Cada país no está pendiente de la protección de migrantes venezolanos, y muchos en situación de abuso económico o sexual no hacen denuncias porque lo que quieren es seguir el camino”.
Luego de repasar las tragedias ocurridas con venezolanos migrantes en Colombia, Chile y México, en los últimos años, en medio de medidas que “tienen más de regulación y menos de protección”, puntualizó que en junio de 2023 se acentuó la “política de externalización” con las últimas medidas de EEUU, pero “ el nuevo sistema colapsó, porque en un solo día recibieron 5.000 solicitudes y la mayoría de los solicitantes calificaban para el reasentamiento, cosa que no esperaba EEUU”.
Entre los principales hallazgos del estudio, Bolívar mencionó que las respuestas de los países no se corresponden con el perfil de los venezolanos que siguen tratados como migrantes. Ante ello, recomendó que, aunque se trate de flujos mixtos, deben ser tratadas como personas con necesidad de protección internacional y se requiere flexibilizar los requisitos para una verdadera integración.
Chile: una situación complicada
Por su parte, Gissi Barbieri se refirió a la situación actual de la migración venezolana en Chile, que representa “el colectivo más grande”, de 450.000 personas.
En su análisis, distinguió dos momentos de la migración venezolana. El primero, de fronteras y puertas abiertas, e incorporación y de vínculos, entre 2016-2018, en el que predominó el ingreso de personas calificadas y de estatus socioeconómico medio, pero que en las entrevistas declaraban sentir mucha competencia y alto costo de la vida. El segundo, de fronteras y puertas cerradas, brechas y dignidad cuestionada, entre 2019 y 2023.
Indicó que “después de un año, los migrantes hablan de desarraigo y nostalgia, y de deseos de volver a Venezuela. Lo que se busca es la ciudadanización, derechos y deberes”.
Frente al flujo de personas, señaló que desde 2018, con el anuncio de la política migratoria “para ordenar la casa”, ha habido cuatro grandes medidas en materia migratoria en Chile. Entre ellas, la creación y eliminación de visas, y la nueva ley de Migración y Extranjería con la política migratoria, aprobada hace un mes.
Indicó que con la aplicación de la visa consultar de turismo simple, en junio de 2019, se produjo “un aumento explosivo del ingreso irregular” en Chile, que incrementó, de 101 casos en 2018 a 3.333 en 2019, y hasta septiembre de 2020 había sumado 4.226 personas. “Esta forma de ingreso ha provocado que miles de venezolanos vivan hoy en un estado de irregularidad migratoria que obstaculiza a las personas el acceso al mercado formal de trabajo y arriendo de viviendas, y en algunos casos, a solicitar servicios o prestaciones básicas de parte del Estado”.
Luego, con la visa de Responsabilidad Democrática se fomentó la entrada de migrantes y se otorgaron más de 20.000.
Para agosto de 2020, se habían solicitado 223.507 Visas de Responsabilidad Democrática en los consulados de Chile en el exterior, de las que solo se había otorgado un 26,6%, mientras que el 35% fueron rechazadas, y el 38%, esto es, 85.682 estaban aún pendiente de resolución, de acuerdo con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de Chile, según mencionó.
Indicó que la nueva ley migratoria “no permite la regularización, y por lo tanto estamos ante una situación bastante complicada”, advirtió.
Las nuevas condiciones, institucionales y sociales, han generado una mayor salida de venezolanos desde Chile, presentando saldos negativos entre 2020 y 2022, con menos de 19.236 personas en 2022, según el Anuario 2023.
La xenofobia que apareció desde 2020 se ha acentuado en 2023, afirmó. “Desde que en aquel año llegaron venezolanos poco calificados y económicamente pobres, diferentes a la primera oleada, apareció una paulatina polarización económica, residencial y laboral, así como ciertas problemáticas internas entre venezolanos en el país”.
En los últimos tres años se le ha puesto el ojo al venezolano, afirmó. “Tanto la ley migratoria vigente como el discurso proveniente de agentes del Estado han instalado la idea del migrante principalmente como sujeto de control, potencialmente peligroso, y como sujeto económico antes que como sujeto de derechos e igual a los chilenos, ante la ley. En el caso específico de los migrantes venezolanos, estos discursos han logrado instalar nociones de desborde y caos a causa del aumento reciente en su ingreso por pasos no habilitados”.
No obstante, dijo que en los últimos años han surgido muestras de integración como la religiosa y también ONG en defensa de los migrantes.
Perú: dificultades de integración
Ximena Solórzano, coautora de la investigación “Impacto de la inmigración venezolana en el mercado laboral de tres ciudades: Lima, Arequipa y Piura”, se refirió al proceso de integración socioeconómica de la población venezolana en Perú.
Perú es el segundo país receptor con más alto número de solicitudes de refugio y acoge 1.6 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanos, aproximadamente, el más alto porcentaje (86%) de la población de extranjeros residentes en ese país, de acuerdo con Acnur y otras organizaciones. Se calcula que 56% está en situación irregular.
Solórzano identificó en esta migración “una femenización”, porque hay más mujeres (50,6%) que hombres (49,4%)., en grupos de edad de 35 años en adelante.
Además, el número de solicitudes de refugio va en aumento. De acuerdo con la Comisión Especial para Refugiados, hasta mediados de 2021 había aceptado 3.229 solicitudes y 531.579 permanecían en trámite.
En este panorama, Solórzano señaló que la migración venezolana afronta “dificultades y berreras de integración”, que “parten del Estado y de la población”, en medio de prejuicios y mitos alentados, en muchos casos, por los medios de comunicación
Luego de definir la integración como un proceso dinámico que permite la movilidad social y acceso a derechos de las personas, mediante la confluencia de actores, ilustró con cifras las dificultades.
En el área de informalidad laboral que está ocupada por 80% de peruanos, el mismo porcentaje de venezolanos migrantes trabajan sin contrato laboral, de acuerdo con el estudio PEA, de 2022. Los hombres (92,5) tienen más posibilidades de tener trabajo o de buscarlo, que las mujeres (28,2%), debido a varios factores. Entre estos, la especialista mencionó la falta de oportunidades para jornadas más flexibles y menos largas, lo que genera dificultades en proceso de integración
El ingreso promedio mensual de refugiados venezolanos es de 1.200 soles, equivalente a 310 dólares aproximadamente, y los hombres ganan más que las mujeres, según el estudio.
Para favorecer la integración, este 2023 se ha planteado dar amnistía y permiso temporal de permanencia a estas personas, y deben hacer la solicitud antes del 28 de octubre, como fecha tope.
Aunque hubo experiencias de intercambio entre peruanos y venezolanos, en años anteriores, Solórzano refirió que encuestas hechas entre 2018 y 2022 revelan que 68% de los nativos de Perú afirman que los migrantes no quieren integrarse. “Un 37% dijo que ocupan espacios donde delinquen o intimidan, y 56% los acusan de no respetar normas sanitarias”.
Aun cuando se ha restringido el ingreso a Perú, la población peruana pide al Estado adoptar medidas más rígidas en procesos de migración especialmente a los de origen venezolano.
Los venezolanos migrantes reconocen esta realidad. Según la Encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática 29% de los encuestados dijo haber sido discriminado, sobre todo las mujeres (31%).
“Esto se debe hipersexualización de la mujer venezolano que habría ocasionado situaciones de acoso y dificultades y barreras en acceso al trabajo. Sin embargo, las denuncias no son procesadas en las comisarías porque no se reconocen los documentos de migración y eso es una barrera de derechos que ha afectado en acceso a derecho de las mujeres”, aseguró.
Esto significa es surgen organizaciones de sociedad civil para dar apoyo a personas extranjeras en el país, pero aun siendo que la migración de venezolanos es reciente 2014, ha generado redes de aportes y apoyo.
Colombia: de migración asistida a productiva
En su intervención, Hernández, sociólogo especializado en temas de cultura y opinión pública, distinguió 10 “estigmas universales” en relación con los migrantes, y los mencionó:
Constituyen una invasión; creer que ‘vienen a quitarnos nuestros empleos’; ‘usan nuestros escasos recursos de salud, seguridad social y servicios públicos’; traen consigo criminalidad; que las mujeres son exprostitutas y, en América Latina, quita maridos; que son portadores de enfermedades; tienen la ayuda del gobierno, y organismos internacionales ‘les dan los que nos niegan a nosotros’, lo que ocurre sobre todo en países receptores con altísimo índice de pobreza; son diferentes, poco educados, no planifican hijos, ni pagan impuestos; y en el caso de las migraciones del Caribe, africanas y de Estados Unidos y Europa, sobre todo de la costa de Colombia, que ‘son muy ruidosos’.
“Lo que quiero demostrar con esto es que no es fácil el trabajo de la relación con migraciones y por eso es conveniente que exista una labor educativo, de capacitación, de las migraciones”, apuntó Hernández.
Destacó que la migración de venezolanos a Colombia es el más grande fenómeno migratorio entre dos países limítrofes en América latina, entendiendo que la frontera es de 2019 kilómetros. “La población venezolana en Colombia está por el orden de la suma de las tres más grandes ciudades del Caribe: Santa Marta, Barranquilla y Cartagena”.
Frente a las cuatro dimensiones de la migración venezolana, destacó las políticas que ha adoptado Colombia, en los últimos años. Citó el registro administrativo de migrantes para saber el número, perfiles y distribución de migrantes que ingresaban al país y el Permiso Temporal Permanente.
“Es la política más atrevida que se ha hecho en América Latina y da a los venezolanos 10 años de derecho de estar en Colombia con todas las posibilidades de vida, un tratamiento único en migraciones en la región”.
Dijo que la migración venezolana reclama la necesidad de que sea considerada como coercionada y que merece el refugio. Se basó en que es una de las tres más grandes del mundo, junto al a siria de guerra civil, la ucraniana producto de invasión salvaje, y también la atípica, por ser ocasionada por la crisis de emergencia integral.
Hernández informó que recogió 23 testimonios que están contenidos en su libro Otra tierra, otro mar, que es muestra de la narrativa de este flujo migratorio.
Consideró que en Colombia es necesaria la integración y resaltó el movimiento interesante de ONG de derechos humanos que abogan por la atención humanitaria y la defensa de los derechos humanos.
Citó la Fundación Gabriel García Márquez que “ha hecho un trabajo completo de formación de comunicadores, para el tratamiento correcto, inclusivo, democrático y apegado a los derechos, de la información sobre los migrantes”. “No habrá una actitud diferente de medios y redes si no se hace un trabajo sólido de educación para la convivencia”.
Recordó la integración económica, cultural y la vinculación histórica que ha unido a las dos naciones limítrofes, Sobre todo la integración personal, que se da en este momento en relaciones personales y gastronómicas, precisó.
“No queda duda de que lo más inteligente de Colombia, sabiendo de la avanlancha de gente y de que en esos 1.200 kilómetros hay más de 300 trochas, es generar políticas de regularización de ciudadanos”. Y agregó: “Hay que pasar de la migración asistida a la migración productiva, porque solo cuando alguien se hace ciudadano, tiene trabajo y papeles, aporta impuestos y recibe educación, la integración es posible”.
