Agentes del FBI vigilan los alrededores del One World Trade Center | RFI

La Casa Blanca recomendó este lunes eliminar la potestad del FBI de efectuar búsquedas de información relacionada con la seguridad no nacional tras constatar un mal uso por su parte de la autoridad que le concede la sección 702 de la ley de vigilancia.

Esta es la conclusión del Consejo Asesor de Inteligencia del Presidente (PIAB, por sus siglas en inglés) y la Junta de Supervisión de Inteligencia (IOB), a los que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, encargó un informe sobre la efectividad de la sección 702.

La misma permite al Gobierno federal vigilar a ciudadanos extranjeros fuera de Estados Unidos para recopilar información de inteligencia con el fin de proteger al país y sus aliados.

El FBI, según su análisis, efectuó un “uso inapropiado de la misma” para hacer consultas sobre estadounidenses. Aunque no se hallaron pruebas de que lo hiciera de manera intencionada con objetivos políticos, se considera que esos fallos han socavado la confianza pública en la capacidad del FBI para usar esa autorización.

Algunas de esas búsquedas incluyeron a ciudadanos detenidos durante el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, que tuvo lugar mientras se certificaba la victoria del demócrata Joe Biden sobre el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

El informe estima que la mayoría de los fallos pueden atribuirse a una falta de entendimiento del FBI sobre las potestades que le atribuye esa sección y a la falta de medidas de supervisión al respecto.

Hasta la fecha, el Departamento de Justicia solo ha identificado tres incidentes de mal uso intencionado y estos fueron gestionados posteriormente de forma adecuada por parte del FBI.

El FBI es el único organismo autorizado a recurrir a la sección 702 en busca de pruebas de delitos relacionados con la seguridad no nacional, pero el objetivo es vigilar a extranjeros que se encuentran fuera de Estados Unidos para obtener información y los expertos subrayan que la agencia debería restringir su uso a su propósito original de identificar inteligencia extranjera.

Por ello, el informe recomienda que se pida al fiscal general, Merrick Garland, que se le retire la autoridad de efectuar esas búsquedas sobre delitos relacionados con la seguridad no nacional.

“El uso de la sección 702 por parte del FBI debería limitarse a objetivos de inteligencia extranjera y el personal del FBI debería recibir formación adicional sobre lo que significa la inteligencia extranjera”, dice la nota.

El FBI ya ha emprendido, desde 2021, reformas que han conseguido mejoras “significativas”, pero que de todas formas se juzgan insuficientes.

La sección 702 expira el próximo 31 de diciembre y los expertos advierten de que, si el Congreso no la renueva, podría ser “uno de los mayores fallos de inteligencia”. Por ello, su lista de recomendaciones aboga por una mayor transparencia y claridad en las potestades que conceden para eliminar suspicacias y malentendidos.

En los cambios sugeridos también se apunta a la creación de un nuevo certificado que permita recolectar información de inteligencia sobre el fentanilo para mejorar la lucha gubernamental contra ese potente opioide sintético.

Sullivan coincidió este lunes con que no reautorizar la sección 702 sería un error y respaldó la conclusión de la junta de que se prorrogue con reformas que sirvan para mejorar su cumplimiento y supervisión.

Una misa multitudinaria en el emblemático parque de Eduardo VII, donde se ha instalado un monumental altar, abrirá la cita que concluirá el día 6 con cifras inéditas en Portugal: decenas de millones de inversión, más de 1 millón de visitantes, entre 16.000 y 20.000 agentes de seguridad y unos 5.000 periodistas y técnicos acreditados

Portugal acoge desde este martes en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud, el mayor acontecimiento católico del mundo, que reúne a 1 millón de fieles movidos por la presencia del papa. Un evento sin precedentes para un país sacudido por el escándalo de los abusos a menores en la Iglesia católica lusa.

Cientos de miles de voluntarios y peregrinos llegados en los últimos días a distintos puntos de Portugal se concentran en Lisboa para sumarse a la primera JMJ post-pandemia, que el miércoles recibirá la visita del papa Francisco.

Les pido que me acompañen con la oración en mi viaje a Portugal con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. A la Virgen María, estrella luminosa del camino cristiano, tan venerada en Portugal, encomiendo los peregrinos de la #JMJ y todos los jóvenes del mundo.

— Papa Francisco (@Pontifex_es) August 1, 2023

Una misa multitudinaria en el emblemático parque de Eduardo VII, donde se ha instalado un monumental altar, abrirá la cita que concluirá el día 6 con cifras inéditas en Portugal: decenas de millones de inversión -pública y privada-, más de 1 millón de visitantes, entre 16.000 y 20.000 agentes de seguridad y unos 5.000 periodistas y técnicos acreditados.

Esfuerzo logístico y económico

La gran fiesta de la comunidad católica ha supuesto un extraordinario esfuerzo, logístico y económico, para un país donde el salario mínimo -760 euros- se asemeja al de Lituania o Malta y donde se agravan los problemas de vivienda. En especial para los jóvenes que, según un reciente informe, no logran salir del hogar paterno, como media, antes de los 30 años por falta de medios.

La celebración ha alterado también la vida en Lisboa. Un impresionante dispositivo de seguridad ha tomado el centro de la ciudad, que amaneció con estaciones de metro cerradas, vías cortadas, miles de jóvenes en las calles y teletrabajo en buena parte de las empresas.

Durante cinco días se sucederán las misas y encuentros con el papa, y los conciertos y vigilias, según el programa oficial, que no hace mención alguna al gran escándalo que sacude desde hace meses a la Iglesia lusa: los abusos a menores.

Abusos, la asignatura pendiente

La JMJ celebra esta edición en un país que hace seis meses descubrió que no es una excepción en el drama de los abusos, tras una investigación que reveló que al menos 4.800 menores fueron abusados en la Iglesia católica lusa, cuya tibia reacción provocó la indignación de amplios sectores de la sociedad.

Las víctimas lamentan el silencio del programa oficial sobre el tema y reclaman una condena pública de boca del papa.

Víctimas como Antonio Grosso, cuyo testimonio forma parte de la investigación sobre la violencia sexual en la Iglesia lusa y que ahora integra la asociación Corazón Silenciado.

Grosso tiene esperanzas en un posible encuentro, privado, de un puñado de víctimas con el papa durante la JMJ y confía en que Francisco lance una manifestación pública de apoyo y contribuya a concienciar a la juventud.

«Es preciso hacer un aviso para que nunca más esto se repita», insistía en una entrevista con Efe en vísperas de la Jornada.

Las víctimas reclaman una legislación contra la prescripción de los delitos que ha beneficiado a muchos de los abusadores porque «nunca prescribe el drama de una niña violada, ni de un niño abusado», lamenta Grosso.

La asociación quiere también denunciar la reacción de la jerarquía católica que, continúa Grosso, encubrió abusos y lanzó comentarios indignos.

La CEP dejó en manos de los obispos la decisión sobre los sospechosos. Como resultado, cerca de una quincena de sacerdotes fueron apartados pero algunos han retomado su actividad.

Las críticas llegaron incluso desde la más alta instancia del Estado, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, conservador y católico practicante, que no ocultó su desilusión con la respuesta de la Iglesia lusa.

Carteles de la indignación

En contraste con el silencio oficial, la denuncia ha llegado a las calles de Lisboa.

Con los colores propios de esta JMJ, amarillo, rojo y verde -mezcla de las banderas del Vaticano y de Portugal-, carteles salpicados por la ciudad recuerdan a los 4.800 menores abusados.

La campaña surge de ciudadanos anónimos que, según la emisora TSF, lograron financiación de cientos de personas para mostrar su indignación y reconocer a las víctimas.

La Iglesia evita la polémica. «Hagan lo que entiendan que deben hacer, con respeto a la ley», afirmó este lunes Manuel Clemente, el cardenal patriarca de Lisboa.

EFE

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró hoy que la mitad de las armas nucleares tácticas rusas prometidas por el Kremlin ya han sido desplegadas en territorio de la antigua república soviética.

«Más de la mitad de las armas nucleares que había que desplegar, ya han sido entregadas y emplazadas en diversos puntos del país», dijo Lukashenko, citado por la agencia BELTA.

El mandatario, que hizo estas declaraciones durante su visita a la región de Brest, que limita con Ucrania y Polonia, subrayó que las armas nucleares significan «seguridad».

«No quiera dios que tengamos que usar esas armas. Sea como sea, espero que no ocurra. Nosotros no entramos en ningún huerto, pero, por favor, no entren en el nuestro. Nosotros garantimos nuestra seguridad con ayuda de nuestros amigos», aseguró.

Lukashenko subrayó que los bielorrusos son «gente pacífica», aunque matizó que su pueblo lleva combatiendo toda su historia.

«No quiero que mi pueblo, especialmente bajo mi mando, combata. Nosotros no blandimos las armas, pero nos preparamos para defender en cualquier momento nuestro país», señaló.

A mediados de junio el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la llegada de las primeras armas nucleares a Bielorrusia, proceso que, adelantó, terminará antes del fin de este año.

Los ministros de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y de Bielorrusia, Víktor Jrenin, suscribieron a finales de mayo en Minsk los documentos que reglamentan el almacenamiento de armas nucleares no estratégicas en territorio de la antigua república soviética.

Minsk explicó en su momento que el país conserva decenas de silos de la época soviética que debían ser remozados y rehabilitados para acoger el armamento.

En marzo pasado, el jefe del Kremlin anunció un acuerdo con Lukashenko para el despliegue de armas nucleares tácticas en el país vecino, con el que ha acelerado en los últimos dos años la integración de la política de defensa.

Militares bielorrusos recibieron en abril formación en Rusia sobre el uso de municiones especiales tácticas para los misiles Iskander-M, capaces de portar no solo armas convencionales, sino también nucleares.

Ese mismo mes se había completado el entrenamiento de las fuerzas bielorrusas para operar aviones de ataque Su-25, que fueron equipados para portar armas nucleares tácticas.

El ministro ruso de Defensa ha dejado claro que Moscú mantendrá en todo momento el control sobre las ojivas y también se reserva la decisión de su eventual uso.

«Rusia no transfiere armas nucleares a la República de Bielorrusia: el control sobre ellos y la decisión de utilizarlos sigue siendo de la parte rusa», enfatizó en mayo en Minsk.

Putin aseguró que el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia es una medida de «disuasión» ante la amenaza que representa la OTAN.

EFE