Se conmemora hoy en Venezuela el Día del Niño. Aunque se trata de una celebración de carácter internacional, no en todos los países se festeja el tercer domingo de julio. Esta fecha, movible, fue adoptada entre nosotros hace 33 años (1990). En la etapa democrática, previa a la sustitución de la institucionalidad por la mera disciplina militar, los actos relacionados con la efeméride eran responsabilidad de la Fundación del Niño, a cuya cabeza estaba la esposa del primer mandatario, denominada comúnmente Primera Dama.

En 2008, a instancias de un presidente de enyuntado con una madrina beisbolera, buena para darle lo suyo con vociferado anuncio en cadena nacional, el organismo cambió de nombre a Fundación «El Niño Simón». De acuerdo con información de la inevitable gacetilla de prensa, ella tendría por objeto «atender de modo integral a los niños, niñas y adolescentes del país, en todas sus etapas del desarrollo humano (sic). Pero, en los escasos medios independientes que, a duras penas, sobreviven, es moneda corriente información de este tipo: «Mala alimentación ocasiona retrasos en el crecimiento y en el desarrollo cognitivo de la niñez y la adolescencia».

De acuerdo con la retórica ad hoc, las metas de protección de niños y jóvenes se lograrían a través de la implementación de planes y programas de asistencia integral, dirigidos al mejoramiento de su calidad de vida; mas, si nos atenemos a la realidad, la desatención infantil sólo produjo niños de la calle destinados a convertirse en adolescentes sin escuela con vocación de pranes, y este es apenas uno de los muchos aspectos negativos de la carencia de políticas para la manutención y formación de niñas, niños y adolescentes, cual gusta señalar la narrativa oficial.

Un ejemplo palmario de lo antes afirmado es el ruinoso estado del Hospital de Niños de Caracas, bautizado con el nombre del precursor de los estudios de pediatría venezolana, el médico y académico José Manuel de los Ríos (1826-1914), y que fuera prestigiado con reconocimiento continental.

Fundado en 1936, bajo el mandato de Juan Bautista Pérez, marioneta de Juan Vicente Gómez —cualquier semejanza con el tándem Padrino & Maduro no es necesariamente azarosa—, el establecimiento clínico atraviesa actualmente el peor momento de su historia. Al respecto, tiene cabida aquí extracto de una nota colgada hace un lustro en Internet:

«El 21 de febrero de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares pidiéndole al gobierno salvaguardar la vida y salud de los 27 niños pacientes del área de nefrología, luego de una investigación sobre las fallas del hospital y al considerar que el caso reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento, exhortándolo también a adoptar medidas para mejorar las condiciones de salubridad del hospital e informar sobre los avances de las ya tomadas. Sin embargo, tres meses después de dictar las medidas cautelares, el gobierno no había cumplido con las mismas».

¿Y por qué tendría que haber cumplido, si esos niños no son suyos, si son los de una patria que ellos mismos han destruido?

Editorial de El Nacional