Ante la nueva visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y la instalación de una oficina en Venezuela, la fracción parlamentaria del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), instó a mantener la atención ante los delitos cometidos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, que finalmente se haga justicia para las víctimas y sus familias y se castiguen a los culpables.

Así lo señaló la diputada por el estado Zulia, Lucrecia Morales, de UNT, en la sesión de la Comisión delegada celebrada vía online, durante el debate sobre la visita a Venezuela del Fiscal de la Corte Penal

Internacional Karim Khan.

En esta nueva visita del Fiscal de la CPI, Karim Khan, la fracción parlamentarias del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) instó a mantener la atención sobre estos abominables delitos y a buscar entre todos los venezolanos, con la ayuda de los organismos internacionales y el concierto de las naciones, justicia para las víctimas y sus familias.  “Solo así podremos algún día cerrar estas heridas y enrumbarnos a un nuevo comienzo, ese que ya está en camino y que construiremos entre todos”, afirmó la diputada zuliana.

Destacó que esta nueva visita del fiscal de la CPI, obliga a repasar las circunstancia que vinculan su actuación como funcionario de tan importante organismo internacional de justicia en Venezuela, por lo que recordó que en febrero de 2018   este organismo abrió una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas desde el año 2017.

“Ya el examen preliminar de el año 2006 había sido fallido por no haberse cumplido los requisitos exigidos por la CPI, posteriormente en mayo del año 2018 la OEA representada por su secretario general Luis Almagro, después de una investigación, en el cual se expresa que existían evidencias suficientes de crímenes de lesa humanidad en Venezuela e invita a los miembros del Estatuto de Roma  a remitir a la fiscalía  de la Corte Penal Internacional el caso de Venezuela , como sucede el 27 de septiembre de ese mismo año, por parte de Argentina, Canadá, Colombia,  Chile, Paraguay y Perú”.

Recordó que después en el 2019 la entonces Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, visitó Venezuela declarando que había indicios de casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. “En septiembre del año siguiente la ONU mediante la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, llega a la conclusión que las violaciones a los derechos humanos podían ser calificados como delitos de lesa humanidad.

La diputada Morales prosiguió nombrando todos los organismos internacionales que han investigado y evidenciado los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos a los venezolanos, por parte de los organismos de seguridad del Estado y afectos al PSUV. “En diciembre de 2020 la Oficina del fiscal de la Corte de la Haya, publica un informe declarando casi lo mismo que la Misión de la ONU y en noviembre de 2021 después de la visita del fiscal Karim Khan a Venezuela, se decide abrir una investigación formal”.

Apuntó que el 30 de octubre, Karim Kan, llega a Venezuela y el 1 de noviembre anuncia la decisión de reanudar esta investigación sobre nuestro país, en misma fecha se firma un acuerdo de colaboración ya conocido públicamente, cuya finalidad era que la parte acusada presentará su propio informe con los alegatos en respuesta a las denuncias buscan esclarecer la situación.

“Tras la solicitud del fiscal de la CPI de reanudar la investigación, todo esto conforme al artículo 18 del estatuto de Roma, la sala de cuestiones preliminares, ordena el 18 de noviembre de 2022 a la sesión para la participación de las víctimas y las reparaciones conocidas con sus siglas en inglés como EPRS de la secretaría que recaba las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre las solicitudes de la fiscalía”.

Agregó que producto de esta indagatoria se presentó un informe en abril de ese mismo año 2022 en el que se detalla que la llamada sesión de la Corte de la Haya, había recibido las denuncias de aproximadamente 8 mil 900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones a través de un mil 746 formulario 5 videos, mas algunos complementarios y 124 correos electrónicos u otros tipos de documentos de carácter escrito.

“Los denunciantes fueron de familiares de las víctimas, tutores, cuidadores, defensores de derechos humanos, activistas sociales, estudiantes, profesores, periodistas pensionados, medios de comunicación influencers, propietarios de tierras y empresarios, así como profesionales de distintas disciplinas, ex policías y militares”, reveló la parlamentaria Morales.

No se justifica que un país petrolero que cuenta con un parque refinador compuesto principalmente por 6 refinerías, haya una aguda escasez de combustible. La administración Biden y los países democráticos no deben desbloquear las sanciones, ni bajar recursos que administre el gobierno de Nicolás Maduro, porque volverían a tomarlo sin solucionar los problemas, ni solventar la crisis que aqueja a los venezolanos.

Así lo manifestó el diputado por el estado Zulia, Ángel Caridad de UNT, durante la reunión ordinaria de la Comisión Delegada, celebrada vía telemática, durante el debate sobre la escasez de combustible, que obliga a los ciudadanos hacer largas colas en las estaciones de servicio, para obtener una gasolina de mala calidad, producto de las políticas erradas del actual gobierno, en el manejo y administración de la Industria petrolera nacional.

Dijo que pese a que Venezuela cuenta con un parque refinador compuesto principalmente por 6 refinerías entre las que figuran el Centro de Refinación Paraguaná (CRP) que surge de la fusión operacional de las refinerías de Amuay, Bajo Grande y Cardón ubicadas en el estado Falcón, que tienen una capacidad de refinación de 955 mil barriles diarios, así como la refinería El Palito en Carabobo, Bajo Grande en el Zulia, Puerto la Cruz y San Roque en Anzoátegui.

“En conjunto estas refinerías poseen una capacidad de procesamiento de un mil 303 millón de barriles por día, esta estructura de producción llevó a situar a PDVSA en una de las empresas más importantes, moderna y sólida del mundo, que se fortaleció en la democracia, en los gobiernos de AD y Copei y hoy se encuentran en total deterioro y tienen una producción que no cubre las expectativas de la población, por lo que es evidente los escases de gasolina en el país”, precisó el diputado Caridad.

Solicitó a la administración Biden y a las democracias del mundo que no desbloqueen las sanciones, ni bajen recursos que sean administrados por el gobierno de Maduro, “porque se los vuelven a robar, esta es una posición muy personal. Es injusto que los venezolanos estén padeciendo en estas largas colas para adquirir gasolina, siendo un país petrolero, donde se mueren las personas de infarto, de rabia, de dolor y de impotencia y no se hace nada para evitarlo”.

Agregó que “el gobierno de Maduro despilfarró y se robó más de 22 mil millones de dólares de PDVSA, que con tan solo 5 mil millones aproximadamente se hubiesen realizado trabajos y reparaciones mayores en la infraestructura de las refinerías y de la industria petrolera”.

Recordó que la explosión de la refinería de Amuay, el 25 de agosto del año 2012, en la Costa Occidental de la Península de Paraguaná, golpeó considerablemente la producción de combustible en el país. “Venezuela tiene una capacidad para producir con esta refinería de 933 mil barriles de derivados: gasolina, gasoil, aceites entre otros. En el mejor momento se logró una producción de 400 mil barriles de derivados de los cuales 300 mil eran para el consumo interno”.

Sostuvo que antes de la pandemia del COVID-19 se estaban produciendo 140 mil barriles de derivados y el consumo interno era de 90 mil barriles diarios, tomando en cuenta lo desmejorado del parque automotor nacional y de los millones de ciudadanos venezolanos que han emigrado. Aseguró que con la leve reparación de la planta catalítica en El Palito, más la CRP y Puerto la Cruz, tal vez se llegará a producir 50 mil barriles de derivados”, aseguró el diputado zuliano.

“Después del catastrófico incendio de Amuay el desgobierno de Nicolás Maduro nunca se dedicó a la reinversión para hacer trabajos profundos de reparación a nivel estructural y tecnológico, lo que hicieron fue enriquecerse groseramente con la importación de combustible y por eso vemos esta profunda crisis que golpea al ciudadano venezolano. De hecho, el estado Zulia antes que el país sufriera esta crisis, ya estábamos padeciendo de este profundo mal” sentenció el parlamentario Caridad.

NP