Ese fue el anuncio que hizo el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Sin embargo, no reveló el número ni su ubicación, una decisión que corresponde al presidente Putin, señaló.

“Teníamos que preparar el lugar para su almacenamiento y demás. Lo hicimos. Por eso, ya ha comenzado el traslado de las cargas nucleares”, dijo el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, confirmando el traslado de armas nucleares tácticas desde Rusa a la antigua república soviética.

Según Lukashenko, el presidente ruso Vladímir Putin, le explicó durante los actos de la Unión Económica Euroasiática en el Kremlin que ya se había informado del decreto sobre el emplazamiento de armas nucleares en el país que comparte frontera con Ucrania.

Cuando el reportero le preguntó si dicho armamento ya había llegado a territorio bielorruso, el mandatario respondió: “Es posible. Llegaré y lo comprobaré”.

Moscú mantendrá control sobre las armas nucleares

Fue en Minsk donde los ministros de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y de Bielorrusia, Víktor Jrenin, suscribieron los documentos que reglamentan el despliegue de las armas tácticas.

En este sentido, Shoigú subrayó que Moscú es quien retiene el control sobre el material y su eventual uso.

“Rusia no transfiere armas nucleares a la República de Bielorrusia: el control sobre ellos y la decisión de utilizarlos sigue siendo de la parte rusa”, enfatizó.

Movilizaciones en respuesta a las “acciones agresivas de Occidente

Además, Lukashenko recordó que los sistemas de misiles táctico-operativo Iskander-M, capaz de usar misiles no solo en armas convencionales, sino también nucleares, ya fue entregado a Bielorrusia.

“Algunos de los aviones bielorrusos han sido convertidos para el posible uso de armas nucleares. Los militares han recibido el entrenamiento adecuado”, añadió.

Este despliegue de armas y la acumulación del potencial de agrupación de tropas de ambos países sería en respuesta a las “acciones agresivas de Occidente”, según declaraciones del ministro de Defensa bielorruso.

EFE/DW

Un tribunal de Sao Paulo confirmó este jueves una condena en primera instancia en contra del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por asedio moral contra periodistas.

El Tribunal de Justicia de Sao Paulo confirmó este jueves una condena al pago de una indemnización por daños morales a los periodistas que un juez de primera instancia le había impuesto al expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) el año pasado.

La Cuarta Cámara de Derecho Privado del tribunal de segunda instancia confirmó en toda su extensión la sentencia dictada en junio de 2022 por el juez 24 civil de Sao Paulo y tan solo modificó el valor de la indemnización que el líder ultraderechista tiene que pagar, que redujo a la mitad.

La indemnización de 100.000 reales (unos 20.000 dólares) impuesta por el juez fue reducida a 50.000 reales (unos 10.000 dólares) por el tribunal.

Por la decisión, el dirigente del Partido Liberal (PL) tiene que depositar el valor de la indemnización en las cuentas del Fondo Regional de Defensa de los Derechos Difusos, que los usará en acciones en defensa de la libertad de prensa.

Los magistrados del tribunal de segunda instancia acataron los argumentos del Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo en el sentido de que el entonces jefe de Estado incurrió en el delito de asedio moral por sus constantes ataques a la prensa y que tiene que indemnizarlos por daño moral colectivo.

Pese a que la defensa de Bolsonaro alegó que en su Gobierno jamás hubo censura y que sus ataques estaban dirigidos a algunos periodistas en particular y no a todo el gremio profesional, la Justicia consideró que el entonces presidente abusó de su derecho de libertad de expresión para ofender a la prensa.

Según el sindicato que presentó la denuncia, Bolsonaro “atentó contra la propia libertad de prensa y contra la democracia debido a que, de forma hostil, irrespetuosa y humillante, con el uso de violencia verbal, groserías y expresiones peyorativas, homofóbicas, xenófobas y misóginas, extrapoló su derecho a la libertad de expresión y asedió moralmente al colectivo”.

Según datos de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, Bolsonaro fue autor de 557 agresiones a los medios de comunicación y sus profesionales en 2022, que se intensificaron durante la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que fue derrotado por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con los datos de la misma asociación, los ataques del líder ultraderechista a la prensa saltaron desde 130 en 2019, su primer año de Gobierno, hasta 453 en 2021 y hasta 557 el año pasado.

EFE

El Congreso de Perú aprobó este jueves un informe que recomienda acusar por corrupción y organización criminal al expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra preso tras intentar un autogolpe en diciembre de 2022.

El pleno del Congreso peruano aprobó este jueves un informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en varias municipalidades y bajo la dirección del ministerio de Vivienda.

El informe final de la Comisión de Fiscalización fue aprobado por 59 votos, después de que el legislador fujimorista Héctor Ventura lo sustentó y recomendó formular acusación constitucional contra Castillo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, la esposa del exmandatario Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, altos funcionarios, alcaldes y empresarios involucrados.

La investigación parlamentaria sostiene que los delitos de corrupción se cometieron durante la ejecución de proyectos de inversión en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal, liderada por Castillo, según indicó el Congreso en Twitter.

Los delitos fueron denunciados en reportajes periodísticos en los que se observó a la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, acudiendo a ofrecer obras de saneamiento en distritos rurales con el financiamiento del ministerio de Vivienda o de los municipios, a cargo de empresas de amigos suyos y en las que ella misma trabajaba.

A raíz de estos hechos, Castillo iba a ser sometido a un juicio político por el Parlamento y debía presentarse ante el pleno para responder a las denuncias en su contra, cuando decidió el pasado 7 de diciembre anunciar un golpe de Estado, el cierre del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.

El exmandatario fue detenido minutos más tarde de su anuncio de un “autogolpe” y recluido en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, mientras que su esposa e hijos viajaron a México, donde el mandatario de ese país les dio asilo.

Precisamente, este jueves, la Fiscalía indicó que Lilia Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión en el proceso que se le sigue por presuntamente integrar en una organización criminal al interior del Gobierno de Perú.

“Este Ministerio Público concluye, como prognosis concreta de pena (conocimiento anticipado de un suceso), que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de 8 años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el fiscal José García al exponer durante una audiencia judicial para pedir su detención preventiva.

Al presentar los argumentos del pedido de variación de comparecencia simple a 28 meses de prisión preventiva contra Paredes y otros investigados, el fiscal dijo que se atribuye a la ex primera dama ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.

EFE

«El pueblo peruano no acepta actos de injerencia e intromisión en nuestra soberanía», explicó una parlamentaria de Peru, en alusión a dichos emitidos por López Obrador.

El pleno del Congreso peruano declaró este jueves persona “non grata” al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico.

La decisión fue tomada con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones tras haber debatido una moción con ese planteamiento que fue aprobada el lunes pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Al sustentar la moción, la parlamentaria conservadora María del Carmen Alva, presidenta de ese grupo parlamentario, señaló que las declaraciones de López Obrador constituyen una “violación de principio de no injerencia” en los asuntos internos de otros países.

“El pueblo peruano no acepta actos de injerencia e intromisión en nuestra soberanía”, remarcó Alva.

Luego de que parlamentarios de izquierda rechazaran la propuesta por considerar que afectaría los vínculos históricos con el pueblo mexicano, Alva respondió que “este es un gesto político que el Congreso puede hacer” y que “las relaciones con México no han sido afectadas”.

“Lo único que está sucediendo aquí es que el presidente mexicano no está reconociendo a nuestra presidente (…) no se va a afectar nunca las relaciones comerciales y bilaterales”, dijo.

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el lunes la moción de rechazo a las declaraciones del presidente de México y planteó al pleno que se le declare persona non grata y se exhorte a los ministerios del Interior y Exteriores para que “realicen las acciones necesarias” para que “no ingrese al territorio nacional”.

En su parte expositiva, el pronunciamiento rechazó que el gobernante mexicano haya “realizado repetidas declaraciones públicas” sobre Perú “cargadas de falsedades”, a las que calificó de “injerencistas, irresponsables e ideologizadas”.

Recordó que López Obrador “desconoce la sucesión legítima constitucional” de la presidenta Dina Boluarte y que también incumple la “obligación internacional establecida en el acuerdo marco” de la Alianza del Pacífico.

“Usurpadora”

El gobernante mexicano calificó la semana pasada de “usurpadora” a Boluarte y dijo que debería dejarle “la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo”, quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

Reiteró, además, que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico “porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú”.

En respuesta, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, afirmó que López Obrador y el colombiano Gustavo Petro, quien también mantiene sus críticas a Boluarte, han mostrado una “actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática”.

Luego de que la Comisión de Exteriores aprobara la moción de rechazo a sus declaraciones López Obrador agradeció el pasado martes que se pidiera declararlo “persona non grata” y dijo que es un “orgullo” para él.

A fines de febrero pasado, el gobierno de Perú anunció el retiro permanente de su embajador en México y señaló que la relación bilateral quedaba reducida a encargados de negocios, mientras que el Congreso declaró persona non grata a Petro y al expresidente boliviano Evo Morales, en ambos casos por sus críticas y rechazo público al gobierno de Boluarte.