Un artículo en El País de Madrid bajo el título «Hombres pequeños, cargos grandes» comenta con acento crítico, como no podría ser de otra forma, el reciente y delicado conflicto entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. El plural es llamativo porque tanto Petro como Barbosa detentan altas responsabilidades. De más peso y trascendencia, sin duda alguna, en el caso del primer mandatario, lo que obligó a la Corte Suprema de Justicia a emitir un comunicado de alerta temprana.
«La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en la últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado Social de Derecho», se lee en el primer párrafo del texto de la Corte.
Aunque Petro echó para atrás, asumió la jalada de orejas y reconoció la autonomía del fiscal -había dicho que era su jefe y en dos ocasiones-, piensa seguir ventilando «gravísimas denuncias» que atañen al comportamiento de la Fiscalía. «No guardaré silencio», dijo en un comunicado a la opinión pública, haciéndose eco de un trabajo periodístico en un medio que, al parecer, le es afín. Es pertinente preguntarse si es un dirigente político en funciones o el jefe del Estado, como reclama.
Muy activo en la escena internacional, tras su visita a Estados Unidos y su reciente gira por España, además de su conferencia internacional sobre la crisis venezolana, Petro enfrenta una situación complicada en Colombia apenas a nueve meses de su asunción del poder, con un giro más a la izquierda de su gabinete al desprenderse de fuerzas aliadas de otro cariz ideológico, junto con los llamados públicos a enfrentar la oposición a los cambios que propone.
«La ausencia de la gente en la calle le da más fuerza a la resistencia contra el cambio», señaló en España, y admitió que si la gente asume como una «moda» los cambios, y no los profundiza, hay escasas perspectivas de éxito para su gobierno. En venezolano pudiera pensarse que lo que viene es joropo, como graficó Luis Herrera Campins a la llegada de Chávez al poder.
Por ahora –vaya expresión– es relevante constatar que en Colombia hay un andamiaje institucional vivo y activo en la defensa de la letra y espíritu del texto constitucional y sus valores democráticos. “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”, le cantó la Corte al presidente. “Menos revoluciones (en las palabras) necesitamos todos en Colombia para estar causando incendios en cada rincón, en medio de un país que ya tiene suficientes problemas”, remata el artículo de El País. Un incendio, entre tantos, que deja maltrecha la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Un asunto a seguir.
Editorial de El Nacional
