Tres especialistas, desde distintas perspectivas, ofrecieron reflexiones en el foro ¿Es posible el Diálogo Social?, que fue convocado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Coincidieron en que el proceso, marcado más por necesidad que por convicción, depende  para su progreso de la voluntad de entendimiento y  de actores autónomos.

 

 

Qué es, qué promete y si es posible el diálogo social en Venezuela fueron las interrogantes centrales del foro sobre el tema, el cual fue organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en alianza con la UCAB y la Fundación Konrad Adenauer.

 

 

Leida León Molina, especialista en Derecho Laboral y presidente de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela; César Carballo Mena, profesor y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; y Jorge Roig Navarro, expresidente de Fedecámaras (2013-2015) y  miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), respondieron, desde perspectivas distintas, a las interrogantes que plantea el tema medular para el país, y coincidieron en que sí es posible el diálogo social, pero impulsarlo precisa de la voluntad de entendimiento, así como del compromiso político y ciudadano.

 

 

“Si no hay actores representativos y autónomos, no hay diálogo social”, señalaron.

 

 

El foro fue realizado en la sede del Cerpe, en La Castellana y fue trasmitido también vía online con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación

 

 

Rescatar la práctica “hablando se entiende la gente”

 

 

Durante sus palabras de bienvenida, Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto, destacó la necesidad del diálogo social que la política debe hacer posible, y que de no ser así corresponde a los ciudadanos responsables, “porque la democracia es un proyecto común; no hay que ser político para hacer política”.

 

 

Señaló la importancia de la conciencia para construir, en medio de la pluralidad de intereses legítimos y de sectores, un espacio de encuentro, “no para disolver las diferencias que existen y seguirán existiendo, sino para comprender juntos que a ninguno le va bien si a los demás les va mal, así que el mejor negocio es procurar conciliar, convenir, para progresar juntos”.

 

 

“En Venezuela, nos hemos asomado al diálogo social, en medio de las tensiones, contradicciones, desconfianzas, propias de quienes hemos perdido la práctica en algo que debería ser muy natural, porque, es viejo el dicho, “hablando se entiende la gente”.

 

 

El foro contó con la participación de Felipe Capozzolo, segundo vicepresidente de Fedecámaras, quien aceptó moderar y presentar las conclusiones del concurrido encuentro.

 

 

En su intervención, indicó que el sector empresarial cree en el diálogo social, como factor de entendimiento entre sectores y de expresión de democracia como proyecto común.  Una de las “grandes preocupaciones de Fedecámaras” durante las conversaciones con el gobierno, dijo, era “tratar de construir un puente” para que el diálogo se condujera por un canal institucional.  “Para nosotros, siempre ha sido importante que el diálogo esté enmarcado en la institucionalidad necesaria para que constituir vías de solución”.

 

 

El diálogo, esfuerzo por el avance del país

 

 

León Molina, quien es además miembro de organizaciones sindicales internacionales, luego de agradecer la invitación, se refirió a la dificultad y esfuerzo de iniciar diálogo social, en medio del radicalismo, la crisis económica y moral del país, al que enmarcó en el respeto de las condiciones laborales, derechos fundamentales, y normas internacionales, a la luz de los ODS de Naciones Unidas.

 

 

Se refirió a la debilidad del movimiento sindical, en medio del “mundo laboral” fragmentado y partidizado, marcado por el desempleo, la migración, el cierre de empresas y la baja tasa de sindicalización, y la falta de libertad y de asociación sindical. Y aludió además la debilidad del sector empleador con las expropiaciones y pérdida de empresas, así como de la voluntad del Estado. “No practicaron diálogo social, e incluso en 2012 eliminaron la Comisión Tripartita para definir la política salarial del país”, añadió.

 

 

“Es un reto inmenso sentarnos en un país polarizado para hacer diálogo social, pero lo que se busca es avanzar”, precisó.

 

 

Se refirió al diálogo social como proceso para construir derecho y gobernanza, y que ha sido el resultado de “pasitos muy pequeñitos” desde que se dio la Comisión de Encuesta (septiembre 2019), que luego fue seguida por reuniones bilaterales (enero-abril 2021), el “Gran Encuentro del Diálogo Nacional” (mayo 2021), el Foro del Diálogo Social y su instalación (marzo-abril 2022).

 

 

“Desde la 2019 hasta hoy, ha habido 16 reuniones del Consejo de Administración de la OIT y lo importante es que sigue estando en agenda, y lo seguirá estando, hasta que se resuelvan todos los puntos de la Comisión de Encuesta. Hemos podido documentar a la OIT cuáles son las violaciones a los derechos de los trabajadores y ha habido un pronunciamiento de esta organización de deplorar los incumplimientos”

 

 

Impulsar condiciones sin complejos

 

 

César Carballo Mena, también jefe del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, señaló en su análisis que el diálogo social implica que el poder abra espacios a los trabajadores, empleadores y otros actores de la sociedad – “a esto la OIT llama tripartito plus”- para compartir la actividad de concebir políticas públicas.

 

 

Destacó la importancia de los atributos que debe tener el diálogo, los cuales deben estar enmarcados en los convenios 144 y 169, a criterio de la OIT, para que “no sean un montaje y que funcionen”.

 

 

Un primer requisito para que haya un dialogo social serio, según la OIT, es que  los actores sean representativos y autónomos. “Si no son así, no hay diálogo social”, afirmó. Otro, es que el procedimiento que se diseñe debe ser consultado de forma real, efectiva, y en intervalos frecuentes de un año, al menos. Y, por último, debe hacer actuación de buena fe.  “Esto significa que debe haber diálogo social para alcanzar acuerdos, independientemente de que se alcancen o no”, comentó. “Significa que la instancia gubernamental suministre toda la información necesaria, los tiempos y explicaciones necesarias, y que escuche las respuestas de los actores para que se llegue a un consenso”.

 

 

“Si no hay acuerdo, y podría no haberlo,  esa decisión no puede ser ni arbitraria ni autoritaria”, advirtió.

 

 

Señaló que sí es posible el diálogo social, “pero hay que separar la paja del trigo: ¿podríamos  tener un dialogo social distinto, en el contexto venezolano?”, se preguntó.  Luego de repasar experiencias de dos décadas en las que “no existió ejercicio de tripartismo efectivo y prevalecieron acuerdos oscuros”, dijo que “es muy difícil esperar un cambio radical, en un contexto como el venezolano”. No obstante, precisó que es posible, pues  “se ha sembrado en terrenos pedregosos”.

 

 

Aseguró que “conviene impulsar el dialogo social”, por tres razones. Primera, la participación directa de la  población en la toma de decisiones. “Una democracia que pretende avanzar tiene que abrir espacios de participación”. Segunda, la idea inescindible de libertad sindical que supone organizarse para la defensa y promoción de intereses de trabajadores y empleadores. Y tercera, “la  metodología idónea para gestionar la conflictividad social”.

 

 

“No hay nada más peligroso que la inexistencia del dialogo social por desconocimiento de los actores y la idea del otro como enemigo. Es absolutamente esencial impulsar, sin complejos,  las condiciones idóneas para desarrollar dialogo social. Sin ese esfuerzo jamás será posible un dialogo social sincero.”

 

 

Diálogo debe ser por convicción

 

 

Roig, quien es miembro del Consejo de Administración de la OIT, enfocó su disertación en responder si es posible diálogo social, un tema que consideró “uno de los más importantes de la agenda pública del país, aunque se habla de este sin el conocimiento adecuado”.

 

 

Para responder, optó por hacer un análisis retrospectivo desde la década de los 50,  para demostrar que, si bien ha habido experiencias de dialogo social en el país, no todas han sido exitosas y además, la “inmensa mayoría ha sido más por necesidad que por convicción, con las limitaciones que eso genera”.

 

 

Partió de entre 1945 y 1948, cuando “se hicieron los primeros experimentos de acercamiento entre empresarios y trabajadores, fundamentalmente porque la dictadura había destruido el movimiento sindical”. Y destacó el hito de 1958, con la creación del primer pacto de entendimiento obrero-patronal. “Este fue el primer gran encuentro entre trabajadores, empleadores y gobierno, donde Fedecámaras, creada en 1934, se reunía con lo que se llamó un comité sindical unificado que comenzó a abordar experimentos interesantísimos, como es  la libertad sindical, avances en la estabilidad del empleo y defensa del salario”.

 

 

Repasó el Pacto de Punto Fijo, “fundamentalmente político”, en 1958 que tocó el aspecto laboral; la Comisión de Alto Nivel, de los años 70, y el Pacto Social en los 80. “Desde entonces, el diálogo social dejó de tener las expectativas con las que se había creado”. Mencionó también el Pacto Anti inflacionario, en 1995, que  “ni siquiera el gobierno firmó, sino que trabajadores y empleadores lo acordaran”, en medio de la crisis bancaria.

 

 

“Todos los precedentes que tuvimos hasta ese momento, por motivaciones políticas de la época, fueron más obligados por las circunstancias, que por la propia convicción de un diálogo social en el país”, subrayó.

 

 

Indicó que fue en 1996, cuando hubo el “último experimento importante”,  con la promulgación de la Ley de Seguridad Social, entre otras leyes, y la  política salarial. “No tengo duda de que esa experiencia tuvo consecuencias beneficiosas”, acotó.

 

 

En 1998, con Hugo Chávez, señaló Roig, el diálogo se transformó en ‘el diálogo soy yo”, con 53 decretos leyes en los primeros seis meses, y con la Constitución  de 1999, “que tuvo una paradoja increíble”. Explicó que se institucionalizó el diálogo social con el concepto de diálogo social amplio (art.125), que establece una consulta en la calle, y no con actores representativos. “Eso ensució un poco lo que fue el concepto de diálogo social, emanado de la OIT y con esto, el gobierno quizá busca evadir un diálogo efectivo con trabajadores y empleadores”.

 

 

En 2012, agregó, se aprobó una ley del Trabajo  “que no fue discutida, y se habla de 19.000 propuestas que nadie ha visto, y desde entonces nos quedamos en el limbo”.  Con los sucesos del 2002, se marcó la muerte del dialogo social, apuntó.

 

 

Otro episodio que recordó fue el impedimento de dejar ingresar al país a una misión de alto nivel de la OIT, emanado del gobierno, en 2018. Ante ese hecho, «no pudimos estar en la Comisión de Encuesta, que en casi 203 años de la OIT solo ha habido tres”.

 

 

Luego, ante esos hechos, un informe de la Comisión de Encuesta de la OIT estableció entre otros aspectos la integración de una mesa de diálogo social, lo que obligó al gobierno a cumplir los mandatos de la OIT. Este accediópor necesidad y no por convicción, a formar una mesa de diálogo, dijo. “Esa mesa no ha tenido todos los resultados que reclama la gente, pero en eso estamos”.

 

 

Ante el organismo internacional se han demandado los conceptos de salario mínimo y libertad sindical, informó Roig. El lunes 20 de marzo estaba previsto en la OIT discutir el caso Venezuela.