El exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, pidió el domingo un registro para que los migrantes puedan participar en las elecciones primarias en las que se elegirá al candidato que enfrente al chavismo en las presidenciales de 2024.

“Quiero ratificar mi propuesta de crear un registro de venezolanos en el exterior. Son más de cinco millones de compatriotas que tienen el sagrado derecho de votar, esa voz tiene que ser escuchada”, dijo Ocariz en una nota de prensa citada por Alberto News.

Destacó que hay organizaciones internacionalidades que pueden realizar el registro de forma “segura y rápida”

“La ONU e inclusive la misma OEA pueden participar en la elaboración de un registro seguro. La Comisión de Primarias puede proponerlo porque es vital que nuestra gente en el exterior pueda votar, tenemos que hacer lo imposible, ellos tienen el derecho constitucional de hacerlo“, agregó.

En días recientes, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, dijo a la agencia EFE que la participación de los venezolanos en el exterior en estos comicios es una prioridad, sin embargo, reconoció la dificultad de realizar jornadas de inscripción y actualización de datos en el exterior, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sostuvo que dentro de Venezuela se le pidió formalmente al Poder Electoral hacer jornadas especiales de inscripción y actualización de datos, “pero lograr algo así en el exterior o en este momento, en el corto plazo, es algo difícil”.

El Consejo Nacional Electoral instalará, el próximo miércoles, la comisión técnica que acordó crear junto a la Plataforma Unitaria, para determinar el alcance de su posible asistencia en las primarias opositoras del 22 de octubre.

Sumarium

El médico cirujano e integrante de la Red de Médicos por la Salud, Julio Castro, resaltó la ausencia de los 15 elementos esenciales que debe tener las emergencias de los hospitales de Venezuela.

«La vida del paciente puede correr peligro por eso (…) esta situación del sistema de salud venezolano es una enfermedad crónica que ya tiene más de 10 a 12 años y que además se le agregó la pandemia», mencionó.

Castro consideró, en una entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, que el ejecutivo nacional debe brindarle más atención e inversiones en la salud.

«Venezuela es el país con menos inversión en la salud. Cuando tu comparas el porcentaje del PIB que se destina a la salud en Venezuela es menos del 4 por ciento», indicó.

Con respecto a la escasez de seguridad para el personal médico, de acuerdo con encuestas propias, se registra en un 35% de hospitales que no cuenta con seguridad ante cualquier irregularidad.

«Porque llega un papá con un niño con asma y le digan que no hay medicamento, en algunos casos ese papá puede actuar de forma violenta. La cara que tiene allí es el médico y la enfermera», mencionó.

UR

En Venezuela se registraron 105 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el mes de enero de este año, 90 más que en diciembre, cuando se computaron 15 casos, informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

«Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales», señaló la ONG en su más reciente informe.

Mencionó un aumento de la «violencia institucional» en contra de las personas y organizaciones defensoras, a las que algunas autoridades y políticos califican de «enemigas», «traidoras» y «desestabilizadoras».

Del total de casos, 68 fueron de estigmatización, 25 de intimidación y hostigamiento, 10 de amenaza, una detención arbitraria y un ataque digital.

«En distintas plataformas digitales, medios de comunicación y espacios institucionales como las sesiones parlamentarias se realizaron señalamientos criminalizando la defensa, exigencia y promoción de derechos, mediante campañas sistemáticas de desprestigio en contra de organizaciones no gubernamentales», subraya el informe.

La ONG indicó que el 50 % de los victimarios fueron los funcionarios públicos, principalmente diputados y miembros del Ejecutivo, el 29 % fueron medios de comunicación afines al oficialismo, 17 % personas o agrupaciones «afecta a los intereses políticos del Estado», 3 % instituciones públicas y 1 % organismos de seguridad.

En lo que va de año, varias organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiación de las ONG y que, aseguran, incluye la persecución a actores humanitarios, «suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico».

EFE