La reacción tardía que han tenido los países de la región sobre la decisión de la dictadura Ortega-Murillo de expulsar a 222 nicaragüenses y despojarles arbitrariamente de su nacionalidad evidencia, definitivamente, una visión dividida con relación a los valores fundamentales que hasta ahora había caracterizado a este grupo de naciones comprometidas con la defensa y la promoción efectiva de los derechos humanos.

Si bien las aberrantes decisiones que convirtieron en apátridas a más de 300 nicaragüenses -también se les retiró la nacionalidad a otros 94 ciudadanos que ya estaban exiliados y que son considerados «traidores a la patria» por la pareja todopoderosa- fueron condenadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el 9 de febrero y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 del mismo mes, solo 17 países miembros de la OEA suscribieron la declaración conjunta emitida al respecto.

Además de haber sido adoptada tardíamente y quizás no tan contundente como se esperaba e influenciada por consideraciones ideológicas que debilitan la protección de los derechos humanos, destaca la ausencia entre las naciones de Brasil y México, que mostraron un acercamiento peligroso a la dictadura nicaragüense, alejándose de sus posturas tradicionales en favor de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todos los ámbitos.

Otros Estados, como España, Colombia y Chile, se han ofrecido a otorgar la nacionalidad a los convertidos en parias por la dictadura de Ortega. Encomiable iniciativa, pero ha debido estar acompañada de un rechazo a viva voz, sin tibiezas, contra las actuaciones de la pareja que decidió acabar por todos los medios con cualquier signo de oposición en Nicaragua.

La violación sistemática y generalizada de los derechos humanos que se traduce en crímenes de lesa humanidad debe abrir caminos para aplicar la justicia internacional. No se trata de guardar silencio y voltear la mirada hacia otro lado. Como Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma, los países que hayan aceptado la aplicación de este principio pueden impulsar en sus tribunales la investigación y el procesamiento de responsables sin que sea necesario un vínculo territorial o personal o de cualquier otra índole, en favor de la lucha contra la impunidad por tales crímenes y la necesidad de proteger los intereses de la comunidad internacional.

La alineación de la mayoría de los gobiernos de izquierda con la supuesta ideología del régimen nicaragüense no debe atarles las manos cuando se cometen violaciones de los derechos humanos en la patria de Sandino. Es un peligro latente en toda la región.

Editorial de El Nacional