Biden y sus estrategas calculan que «invitar» al FBI a investigar en su residencia dará frutos a largo plazo mientras él se prepara para buscar la reelección
WASHINGTON — La decisión del presidente Joe Biden de permitir que el FBI registrara su casa en Delaware la semana pasada lo expone a una nueva publicidad negativa y situaciones incómodas luego del descubrimiento de documentos clasificados en su casa y antigua oficina, pero eso es parte de un cálculo jurídico y político que sus asistentes creen que dará frutos a largo plazo mientras él se prepara para buscar la reelección.
La excepcional búsqueda en la casa del presidente en funciones de Wilmington es el moretón político más reciente para Biden, quien prometió «restaurar la decencia», que según él, se perdió con el mandato de su predecesor, Donald Trump. Pero su administración ha estado plagada de escándalos, el más cercano es el de su hijo Hunter Biden, señalado de obtener millonarios contratos al amparo del cargo de su padre, y por la información descubierta en una laptop que habría dejado olvidado en un taller de reparación.
EEUU Demócratas critican a Biden por manejo de documentos secretos
Sin embargo, con su decisión, Biden hace más que sólo cumplir con los detectives federales asignados que investigan el descubrimiento de los documentos. El presidente pretende demostrar que, a diferencia de Trump, él nunca tuvo la intención de retener material con sellos de confidencialidad: una distinción clave que, según los expertos, disminuye los riesgos de responsabilidad penal.
Los documentos corresponden a dos fases de la vida política del demócrata de 80 años: por un lado, a su dilatada carrera de más de 30 años como senador por Delaware, y por otro a su periodo como vicepresidente de Barack Obama, entre 2009 y 2017. Los documentos fueron encontrados seis años después de que concluyera el cargo; en distintos lugares separados, cuatro hallazgos hasta el momento, lo que podría implicar el mal manejo, uso indebido y exposición de información secreta del gobierno de Estados Unidos.
Los primeros documentos encontrados por los abogados del mandatario, fue en la oficina que Biden ocupó entre 2017 y 2020, tras dejar el cargo de la vicepresidencia, donde permanecieron sin seguridad. Se trata del centro que lleva el nombre del hoy presidente, el Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington, un organismo privado adscrito a la Universidad de Pensilvania, donde Biden laboró como profesor desde 2017 a 2020. La entidad, ubicada a poca distancia de la Casa Blanca, recibió millones de dólares de los chinos. Ahí quedaron los documentos clasificados cuando Biden asumió la presidencia en enero de 2021.
Los otros dos lugares donde los abogados personales de Biden encontraron más documentos secretos son la biblioteca personal del mandatario en su residencia en Wilmington, Delaware; y en su auto Corvette en el garaje.
«Invitación al FBI»
El vocero de la Casa Blanca, Ian Sams, dijo el lunes que los propios abogados de Biden invitaron al FBI a realizar la búsqueda. “Esta fue una oferta proactiva voluntaria de los abogados personales del presidente al DOJ (Departamento de Justicia) para que tuviera acceso a la casa”, informó, agregando que reflejaba “cuán seriamente” se toma Biden el tema, pese a que los documentos aparanten haber sido abandonados por años.
Mary McCord, una exfuncionaria sénior del Departamento de Justicia para seguridad nacional, expresó: “Si yo fuera abogada y representara al presidente de Estados Unidos y quisiera mostrar ‘estoy cooperando plenamente, me importa estar proyectando transparencia al pueblo estadounidense y sí me tomo esto en serio’, creo que este es el consejo que le daría también”.
Eso no significa que ella apruebe la forma en que Biden manejó los documentos.
“Creo que estuvo mal que tuviera esos documentos allí”, dijo. “Muestra fallas al final de la administración”, cuando Biden concluía su época como vicepresidente bajo el gobierno de Barack Obama.
Los abogados personales de Biden descubrieron por primera vez los materiales confidenciales el 2 de noviembre, una semana antes de las elecciones intermedias, mientras desalojaban una oficina que Biden había usado en el Penn Biden Center en Washington, una oficina financiada por el régimen de China. Pero la administración Biden y sus abogados, guardaron silencio por la proximidad de las elecciones.
Argumento: «no fue intencional»
La Casa Blanca ha citado el “riesgo” de compartir información “que no está completa” y que podría interferir potencialmente con la investigación para justificar el no revelar más información públicamente. Sin embargo, fuentes vinculadas al caso sostienen que la información clasificada estaría relacionada con China, Irán y Ucrania.
No reconocieron el primer descubrimiento antes de las elecciones, aunque notificaron rápidamente a la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés), devolvieron los documentos al día siguiente de que fueron encontrados y coordinaron búsquedas subsiguientes y descubrimientos con el Departamento de Justicia. Ese hecho revela la complicidad de las instituciones del gobierno para encubrir la acción.
La estrategia de Biden y sus colaboradores es afirmar que el mal manejo de los documentos «no fue intencional». En lo que respecta a la posible exposición jurídica de Biden, la cuestión de la intención es crítica: la ley federal no permite que nadie almacene documentos confidenciales en un lugar no autorizado, pero es un delito perseguible sólo cuando se descubre que alguien “a sabiendas” sacó los documentos de un lugar apropiado.
Sin embargo, dar la bienvenida a la búsqueda del FBI podría resultar contraproducente, dependiendo de qué más pueda descubrirse. La semana pasada, los agentes tomaron posesión de un grupo adicional de artículos con sellos de confidencialidad y algunas de las notas escritas a mano por Biden y materiales de sus mandatos como vicepresidente y senador.
Eso se suma a los documentos ya entregados por los abogados de Biden. Los agentes también podrían optar por registrar el Penn Biden Center, financiado por China; y la otra casa de Biden en Rehoboth Beach, Delaware, mientras continúa la investigación.
El vocero de la Casa Blanca, Ian Sams se negó a decir si Biden aprobaría búsquedas adicionales y refirió el asunto al Departamento de Justicia, que pidió a la Casa Blanca que no informe sobre las búsquedas por adelantado.
¿Error?
Tanto demócratas como republicanos han criticado a Biden por la forma en que ha manejado el asunto. El senador Dick Durbin, representante demócrata por Illinois y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, dijo que el presidente debería estar “avergonzado por la situación”.
“Creo que debería arrepentirse mucho”, agregó el senador Joe Manchin, demócrata por Virginia Occidental. Incluso los propios abogados de Biden lo han llamado un “error”.
Mientras tanto, los republicanos han buscado usar sus nuevos poderes en la Cámara de Representantes, donde recuperaron la mayoría este mes, para investigar el manejo de los documentos por parte de Biden.
“Es preocupante que los documentos confidenciales hayan sido almacenados inapropiadamente en la casa del presidente Biden durante al menos seis años, lo que genera dudas sobre quién pudo haber revisado o tenido acceso a información secreta”, escribió James Comer, representante republicano por Kentucky y presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, al pedir los registros de visitantes a la residencia de Biden.
En respuesta a las solicitudes de Comer de contar con copias de los documentos tomados de la casa de Biden, la oficina del abogado de la Casa Blanca respondió el lunes que ya no los tenía en su poder. Dijo que la Casa Blanca “admitiría los intereses legítimos de supervisión”, y que a la vez “respetaría la separación de poderes y las obligaciones constitucionales y estatutarias del poder ejecutivo en general y de la Casa Blanca en particular”.
“Esta no es una transparencia ‘legítima’ del presidente Biden, quien una vez afirmó que tendría la administración más transparente de la historia”, declaró Jessica Collins, portavoz del Comité de Supervisión, quien agregó que los republicanos de los paneles utilizarían “todas las herramientas posibles” para obtener respuestas.
Trump y algunos de sus seguidores han sido tajantes y han alegado que Biden es culpable de un peor manejo de documentos confidenciales que el que hizo Trump, asegurando que los demócratas han acusado al exmandatario de una manera santurrona. El expresidente seguramente insistirá de forma enérgica en esa acusación mientras hace campaña para recuperar la Casa Blanca.
La investigación de Trump también se centra en documentos ultrasecretos que terminaron en una casa. En ese caso, sin embargo, el Departamento de Justicia emitió un citatorio para la devolución de documentos que Trump, supuestamente se había negado a regresar, y después obtuvo una orden judicial, el FBI allanó la residencia del expresidente y confiscó más de 100 documentos durante una dramática búsqueda en agosto en su finca en Mar-a-Lago, Florida.
Los agentes federales investigan posibles infracciones de tres leyes federales, incluida una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa bajo la Ley de Espionaje. Por ahora no se sabe si el Departamento de Justicia tomará acciones similares con Biden.
En 2016, cuando el FBI recomendó que no se presentaran cargos penales contra Hillary Clinton por los correos electrónicos secretos que envió y recibió a través de un servidor particular cuando era secretaria de Estado, el entonces director del FBI, James Comey, dijo que el Departamento de Justicia, al elegir qué casos atraer a lo largo del siglo pasado, ha buscado evidencia de intención delictiva, indicios de deslealtad a Estados Unidos, retención de grandes cantidades de documentos secretos o cualquier intento de obstruir la justicia.
No está claro si los agentes en la investigación de Biden han avanzado más allá de la cuestión de la «intención». La Casa Blanca no ha respondido a preguntas clave, incluida cómo información con sello de confidencialidad de su época como vicepresidente pudo haber terminado en su casa de Delaware. No obstante, el secretario de Justicia, Merrick Garland, nombró a un fiscal especial para encabezar la investigación, dada la política delicada que la rodea y en un intento de demostrar «imparcialidad», debido a que esa entidad dirigida por Garland encabeza las acusaciones contra Trump.
En respuesta a una pregunta, Garland declaró el lunes: “No tenemos reglas diferentes para demócratas o republicanos… Aplicamos los hechos conforme a la ley en cada caso de manera neutral y no partidista. Eso es lo que hacemos siempre y eso es lo que estamos haciendo en los asuntos a los que usted se refiere”, justificó.
Una prueba clave de los límites de la estrategia de Biden gira en torno a la cuestión de si el presidente aceptará dar una entrevista con investigadores federales si así se le solicita. Hasta ahora, los funcionarios de la Casa Blanca se han negado a decir si lo haría o bajo qué términos.
AP
